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La Justicia buscaba información en la oficina del secretario general de la Gobernación, Horacio Rey. Lo investigan, también, por supuesta evasión. El operativo alcanzó a otras dependencias. Secuestraron una importante cantidad de documentación.
El secretario general de la Gobernación de Chaco, Horacio Rey. Foto: diariochaco.com.
Unidiversidad / Fuente: Télam
Publicado el 09 DE MARZO DE 2018
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó hoy, viernes 9, el allanamiento de oficinas de la sede del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de una causa en la que se investiga una supuesta evasión y lavado de activos de un funcionario del gobierno chaqueño. El allanamiento tuvo como objetivo recabar información vinculada a las actividades del secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, de cuya oficina en la Casa de Gobierno se llevaron una importante cantidad de documentación, indicaron fuentes judiciales.
También fueron allanadas las sedes de Fiduciaria del Norte y del Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales así como en una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y una agencia de publicidad.
En los operativos participaron efectivos de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval y, según se informó, también alcanzó el domicilio particular de uno de los funcionarios del gobernador Domingo Peppo.
Según las fuentes judiciales, se investigan "movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos que están a cargo de Fiduciaria del Norte para la administración de fondos para compras de bienes y pago a proveedores en diversos programas de ministerios del gobierno provincial".
El jueves 8 por la tarde también se concretaron allanamientos en guarderías náuticas en la localidad costera de Antequeras, ubicada a 10 kilómetros de Resistencia, sobre el riacho también llamado Antequeras, donde se secuestraron entre tres y cinco embarcaciones. Fuentes judiciales indicaron que está en marcha una investigación paralela del fiscal federal Patricio Sabadini, en la que se considera la posible comisión de los delitos de lavado de activos, administración fraudulenta, asociación ilícita y fraude a la administración pública.
Tras los allanamientos de hoy, la oficina de prensa del gobierno provincial indicó que, ante la requisitoria judicial, se entregó documentación y resoluciones de la Secretaria Legal y Técnica de los años 2016-2017, como también de otros organismos. El gobernador Peppo "ordenó a todas las áreas (de gobierno) colaboración y disposición con la justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades”, indicó un comunicado del gobierno provincial, y agregó: "Al mismo tiempo, la oportunidad para salvar el nombre de las eventuales personas involucradas".
"Esta investigación preliminar sin dudas servirá para que el juez de la causas determine oportunamente la imputación del delito a persona alguna", concluyó el parte oficial.
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