Tras recibir la autorización del Senado, el juez federal Claudio Bonadio dispuso allanar los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, Río Gallegos y El Calafate. La expresidenta está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita en la causa por los cuadernos de las coimas.

Los operativos comenzaron este mediodía en la esquina de Juncal y Uruguay, en Recoleta, donde se encuentra el departamento de la senadora nacional. Dos horas después, arrancó el procedimiento en el domicilio de la exmandataria en Río Gallegos. Todavía no hubo movimiento en la vivienda de El Calafate.

Los peritos de la Policía Federal ingresaron pasadas las 12 al edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, acompañados por dos testigos. Portaban bolsos y valijas con instrumentos técnicos.

Algunos minutos después de que arrancara el procedimiento, Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta, dijo que los policías le pidieron que se retirara de la vivienda por orden de Bonadio.

"Estamos frente a una farsa. Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y vamos a pedir el juicio político del juez", afirmó el abogado. "Bonadio no cumple con lo que dijo el Senado. Empezaron con la filmación y se comportan de manera ilegal", se quejó.

Finalmente, el miércoles a la noche, la Cámara Alta autorizó los allanamientos sin condicionamientos y solo pidió que los procedimientos guardaran "decoro" y "tutelaran las garantías constitucionales, particularmente del derecho a la intimidad", en virtud de que "se trata de una senadora que fue dos veces presidenta de la República".

Un grupo de militantes acompañó la sesión con una vigilia en la esquina de la calle Juncal y Uruguay, frente al domicilio de Cristina. Esta mañana, la mayoría de los seguidores de la expresidenta se habían retirado del lugar. Solo quedaban los carteles de apoyo pegados en las paredes del edificio.

El Senado aprobó por unanimidad los allanamientos a Cristina

Hizo lugar así al pedido del juez federal Bonadio, en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública. La exmandataria votó de forma afirmativa.