El fraude electoral se instaló con fuerza en la agenda mediática y política de Argentina. Las elecciones en Tucumán, realizadas el 23 de agosto último y en las que hubo diversos incidentes e irregularidades, sirvieron como disparador no sólo para poner en duda el resultado electoral en esa provincia sino también para sembrar sospechas por lo que pueda ocurrir el 25 de octubre en los comicios presidenciales.

Es posible señalar en estos cuestionamientos dos inferencias discutibles. La primera es que de las irregularidades comprobadas no se deriva la existencia de fraude electoral, que consiste en una práctica sistemática destinada a alterar el resultado. La segunda es plantear que lo de Tucumán preanuncia lo que puede ocurrir a nivel nacional cuando, en verdad, se trata de dos sistemas distintos: no sólo difieren las reglas con las que se vota sino también el sistema de partidos y las autoridades fiscalizadoras.

Más allá de eso, las elecciones tucumanas reactivaron la demanda por la boleta única. El politólogo Julio Burdman señala con acierto que la boleta actual ha colapsado debido a que los partidos políticos ya no están en condiciones de administrar las elecciones tal como prevé la ley.

En efecto, no sólo en Argentina sino también en otras democracias del mundo, el formato de organización partidaria ha cambiado: las antiguas estructuras complejas e integradas por miles de afiliados fueron reemplazadas por organizaciones más laxas en las que sobresalen candidatos y asesores. En este nuevo contexto, los partidos no están capacitados para llevar adelante la multiplicidad de tareas electorales que les confiere la legislación actual (impresión y distribución de boletas, escrutinio, entre otras) y es lógico, entonces, que reclamen una participación estatal cada vez mayor en materia electoral.

Además del formato partidario, existe otra variable menos mencionada pero decisiva para entender no sólo las críticas al sistema de boleta sino también las sospechas de fraude. Se trata del sistema de partidos vigente en Argentina, que se caracteriza por sus altos niveles de fragmentación y de atomización (hay más de 500 partidos políticos nacionales y de distrito), y por su desnacionalización (el peronismo, única fuerza con implantación nacional, convive con una pluralidad de partidos con serias dificultades para proyectarse a lo largo y ancho del país). Estas características no sólo conspiran contra una eficaz fiscalización partidaria el día de las elecciones, sino que tornan más engorroso y lento el escrutinio, y generan confusión en el electorado respecto de las opciones electorales disponibles.

Cabe recordar que en el período 1983-2001, Argentina tuvo un sistema bipartidista (PJ y UCR), y en esas condiciones no hubo denuncias de fraude, salvo casos aislados referidos especialmente a elecciones provinciales. En tal sentido, la elección presidencial del 27 de abril de 2003 fue la primera desde el retorno de la democracia en ser cuestionada. En aquella oportunidad, tres de los candidatos (Elisa Carrió, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem) denunciaron fraude –no en la Justicia sino en los medios de comunicación–.

No es ocioso mencionar que, a diferencia de las elecciones anteriores, la de 2003 fue una elección pareja, elemento que pudo haber contribuido a alimentar las sospechas (así lo planteaba antes de la elección Alejandro Tullio, ya en aquel entonces director nacional electoral: “La paridad que hay entre los candidatos da inseguridad, y la inseguridad a veces provoca imprudencias de este tipo. El fraude se transformó en un tema de campaña”). Casualidad o no, a partir de ese momento, en todas las elecciones presidenciales existieron denuncias de fraude (vale nuevamente aclarar, no en la Justicia).

Desde esta perspectiva, la boleta única no solucionará los problemas que se derivan de las debilidades de nuestro sistema partidario. Al respecto, en Uruguay, en el que existe un sistema de partidos menos fragmentado que el nuestro, la boleta partidaria funciona sin mayores objeciones. Por el contrario, en la provincia de Salta, la boleta única electrónica motivó denuncias de fraude en la Justicia, en ocasión de las primarias a gobernador del 12 de abril de este año (en dicha elección, hay que puntualizar, hubo una gran cantidad de listas, especialmente en la categoría de diputados provinciales). De igual manera, hay consenso en torno de que uno de los grandes problemas de la elección en Tucumán fue el sistema de acoples, que generó multiplicidad de candidatos.

En tal sentido, la Reforma Política de 2009 (Ley 26571) tuvo como uno de sus objetivos principales morigerar la fragmentación del sistema partidario, al instaurar nuevas exigencias para la formación y mantenimiento de los partidos políticos, y fijar el filtro del 1,5 % en las PASO para participar en las generales. En aquel momento, estas nuevas cláusulas fueron objeto de severas críticas: se las consideró proscriptivas y como un intento por reimplantar el bipartidismo. Nada de eso sucedió y lo que se observa, con el tiempo transcurrido, es que en lugar de ser una expresión positiva de pluralismo, la proliferación excesiva de fuerzas políticas constituye un obstáculo para organizar eficazmente las elecciones y conferirles credibilidad.

Es posible discutir si las PASO son el instrumento idóneo para reducir la atomización partidaria o si debe complementarse o reemplazarse por otro mecanismo. Pero, al menos a nivel presidencial, han cumplido en cierta forma su propósito. Aunque el problema de la fragmentación partidaria subsiste, como se observa en el cuadro, las elecciones presidenciales de octubre de 2015 serán las que registren menor cantidad de fórmulas presentadas desde 1983.

En conclusión, adoptar una perspectiva histórica nos ha permitido evidenciar que el sistema de partidos constituye una variable central para entender no sólo la actual crisis del sistema de boletas vigente en la Argentina, sino también ciertos cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad de las elecciones. En tal sentido, no parece casualidad que las denuncias de fraude hayan tenido lugar tras el fin del bipartidismo, en 2001. Finalmente, dadas las actuales circunstancias, es probable que en un futuro no muy lejano se produzcan modificaciones en nuestro sistema electoral. Sería recomendable, en tal sentido, que la discusión no quede circunscripta al tipo de boleta y que se adopte una mirada más amplia, en la que se incluya el sistema partidario.

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