El 8 de noviembre será un día muy especial para Alfredo Cornejo. Primero, porque el candidato que propuso a la Suprema Corte, José Virgilio Valerio, tuvo el visto bueno del Senado, y en segundo lugar porque presentó un proyecto para que después de 16 años Mendoza se rija por un único Código Procesal Penal. Se trata de una decisión política que incorporará la Segunda Jurisdicción (Valle de Uco) y la Cuarta (Sur) al sistema acusatorio que funciona en el Gran Mendoza y la zona Este.

Que el CPP impere en las regiones del Valle de Uco y el Sur significa que de una vez por todas cambie el sistema inquisitorio que aún persiste allí por otro de tipo acusatorio que ya está vigente en el resto del territorio provincial. Hasta ahora, en las investigaciones penales, actuaba un juez de instrucción y el fiscal lo asistía con pruebas. La Ley 6730 implica la investigación a cargo del fiscal bajo la supervisión del juez de Garantías, y una Defensoría oficial. 

Desde el Gobierno lo ven como resultado del proceso que se inició el 1.° de mayo cuando el mandatario presentó el proyecto de prisiones preventivas y que con el paso del tiempo se combinó con las nueve leyes que pasaron por la Legislatura y están relacionadas con la lucha contra la inseguridad.

Para el Gobernador, el anuncio viene a igualar la gran disparidad que hay en Mendoza en materia penal. En 1999 se implementó el CPP, que incluyó el sistema acusatorio. Desde entonces, la Provincia tuvo dos códigos distintos. La escencia del proyecto es que los fiscales realicen el proceso de acusación e investigación como sucede en el Gran Mendoza. En la actualidad, en la Segunda y Cuarta Circunscripción esa tarea la realiza el policía de turno o del juez de instrucción.

En una extensa conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el mandatario volvió a poner en el centro de la escena pública el reclamo de la ciudadanía que, según sus palabras, quiere mayor seguridad y exige respuestas por parte del Estado. 

Entre los cambios habrá modificaciones en los juzgados de garantías. Foto: Prensa de Gobierno Mendoza. 

¿Qué cambiará?

El proyecto que ingresó al Senado el lunes 7 de noviembre quiere cambiar la estructura del sistema penal. En el caso del Valle de Uco, de los tres juzgados de garantías que existen en esa zona, uno se transformará en una fiscalía y los dos restantes, en juzgados de instrucción.

En este lugar se crearán nuevos cargos, como lo son los ayudantes fiscales, que serán aprobados por el Consejo de la Magistratura. Además, en el proyecto se incorporará una cláusula para que estos funcionarios vivan a menos de 30 kilómetros de distancia de la fiscalía. Lo que se busca es unificar los cargos y acelerar los procesos judiciales. “Ser fiscal implica sí o sí estar en el lugar donde desarrolla la tarea”, aseveró el ministro de Seguridad Gianni Venier.

En el Valle de Uco los juicios se desarrollarán en Tunuyán y en San Carlos, puntualmente en la villa cabecera, y habrá un ayudante fiscal. En este caso, esperan que en el plazo de un año y medio se incorporare un fiscal. En el caso de Malargüe, Cornejo agregó que se creará un juzgado multicompetencia, tanto para adultos como para niños, y los condenados serán juzgados en ese departamento.

Al mismo tiempo, en San Rafael se crearán siete fiscalías de instrucción. Cornejo explicó que la primera etapa no requiere gastos en el presupuesto porque se tratará de una readapatación de recursos (creacion de fiscalías, por ejemplo) y en la segunda etapa se necesitarán cerca 20 millones de pesos, que en su gran mayoría serán destinados para el pago de sueldos. De acuerdo a lo que explicó el ministro Venier, los costos para implementar la norma saldrán del presupuesto del Ministerio Público Fiscal. 

Los objetivos de las modificaciones en el CPP son lograr celeridad en los procesos judiciales y visualizar el plan que inició con la ley de prisiones preventivas que, según Cornejo, “ha tenido resultados concretos”.
 

Nueva Cámara del crimen

El ministro Gianni Vennier explicó que, junto con los cambios en el CPP, enviarán a la Legislatura un proyecto para crear la octava Cámara del Crimen y eliminar la Cámara de Apelaciones. Al mismo tiempo, Venier aclaró que tomarán pruebas de ADN a condenados que están cercanos a finalizar la condena. “Para su aplicación necesitamos una reingeniería del Ministerio Público y del Poder Judicial. Este sistema exige la presencia física de los fiscales en la toma de la denuncia y durante la investigación", espetó el gobernador.