La megacausa por delitos de lesa humanidad, que recomenzó el martes en Tribunales Federales, continuará el lunes 15 de febrero, luego de que ayer el abogado representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Pablo Salinas, en la audiencia 123, comenzara con sus alegatos. El miércoles 3, Fernando Peñaloza, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, culminó su alegato formalizando el pedido de cadena perpetua para los exjueces Otilio Romano, Luis Francisco Miret, Guillermo Recabarren y Rolando Carrizo, tras la lectura de una carta escrita en cautiverio por el abogado Ángel Bustelo, secuestrado por fuerzas represivas en septiembre de 1976, a la edad de 68 años.

Ayer Pablo Salinas Cavalotti hizo un recuento de los jueces juzgados en el país por su complicidad con la dictadura y precisó sobre la responsabilidad que tuvieron los cuatro magistrados mendocinos en los delitos cometidos. Recordó que se juzga a los miembros de la Justicia Federal Penal en muchas ciudades del país: Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, San Luis, Mar del Plata y Salta.

El abogado comenzó realizando un breve repaso del contexto histórico en el que se enmarca la causa e hizo alusión a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecuciones basadas en ideas políticas y detenciones arbitrarias ocurridas un año antes del golpe de Estado, es decir, a partir de 1975. Dijo que existió una Fuerza de Control Operacional a cargo del Ejército que actuaba en operaciones conjuntas con la complicidad de la Justicia Federal. También explicó que el plan criminal salió a la luz gracias a la política de Raúl Alfonsín, que luego de ganar las elecciones democráticas en 1983 ordenó un juicio a las Juntas Militares que llevó más tarde al dictado de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, completadas luego en presidencia de Carlos Menem con el indulto a todos los procesados.

Siguiendo esta línea, Salinas dijo que el poder no necesitaba de todos los jueces. Con la Justicia Federal Penal alcanzaba, siendo este un aparato judicial “manejable”. A partir de la ley 20840, los casos en los que aparecía la palabra “subversivo” eran derivados directamente a Justicia Federal. El sistema necesitaba de un aparato judicial para legitimar sus acciones y aplicar el régimen jurídico y legal de la represión ya en 1975. Esto lo llevó a afirmar que “la Justicia Federal fue cómplice del terrorismo de Estado”.

También agregó el caso del reconocido dirigente comunista Ángel Bartolo Bustelo y su socio, Carlos Bula; y el caso del secuestro de una estudiante de periodismo, Virginia Suárez.

Salinas continuará sus exposiciones en la próxima audiencia, que tendrá lugar el 15 de febrero. También se espera por los alegatos de otros tres abogados de derechos humanos: Carlos Varela, Viviana Beigel y Diego Lavado.

En la audiencia 122, Fernando Peñaloza formalizó el pedido de cadena perpetua para los exjueces ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, y Salinas se encaminaría por ese mismo pedido. Sobre los magistrados acusados pesan pruebas que demuestran su actuación como partícipes primarios de secuestros y desapariciones forzadas, homicidios y también delitos sexuales, que conocieron y omitieron investigar. Estos últimos casos refieren a Adriana Bonoldi, Luz Amanda Faingold (menor de edad), Rosa Gómez, Silvia Ontivero y David Blanco. “En más de cien casos, ninguno de los acusados se declaró incompetente”, dijo Peñaloza. Agregó que “por esto podemos decir que sabían del plan sistemático de exterminio contra una parte de la población civil y del proceder ilícito de las Fuerzas Armadas, pero no llevaron adelante ninguna acción para defender a las víctimas”.