Mientras la querella pidió 20 años de prisión para Mariano Luque, el único imputado por la desaparición de Soledad Olivera, la defensa solicitó su absolución por entender que las pruebas sobre las que se basó la acusación fueron endebles y que la desaparición de la joven está relacionada con un caso de trata de personas con fines de explotación sexual y no con un asesinato. Con los pedidos de pena y de absolución, las partes concluyeron sus alegatos, un paso central antes de que los integrantes de la Segunda Cámara del Crimen dicten sentencia, lo que concretarán el miércoles 2.

El único acusado en la causa es Mariano Luque, quien fue imputado y detenido en 2013 por la desaparición de Olivera, a la que se vio por última vez el 18 de septiembre de 2011, cuando salió de su casa ubicada en la localidad de Tres de Mayo, en Lavalle.

Los jueces Arlington Uliarte, José Valerio y Mateo Bermejo escucharon los alegatos de las partes: del representante del Ministerio Público Fiscal, Darío Tagua; del querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza y de la abogada defensora, María del Carmen Aguilar.

El fiscal Tagua enumeró las pruebas que a su criterio señalan a Luque como responsable de la desaparición: los testimonios de las tres hermanas, una de las cuales aseguró que leyó el mensaje que recibió Soledad, en el que quedó en encontrarse con el acusado; los dichos de Esther Santana, la última que la vio con vida; los cruces de llamadas telefónicas, que demostraron las comunicaciones entre ambos y que el imputado estuvo solo en su vivienda durante 24 horas el día de la desaparición.

El fiscal también argumentó que los testigos dejaron en claro la buena relación que la joven tenía con sus hijos, por lo que nunca los hubiera dejado por voluntad propia, y la negativa de Luque en los primeros momentos a reconocer que mantenía una relación con la joven. Tagua incluyó en su alegato algunas de las conclusiones de una pericia psiquiátrica que le hicieron a Luque: una personalidad poco resistente a la frustración, impulsivo y con reacciones extremas.

El representante del Ministerio Público Fiscal también descartó los posibles argumentos de la defensa. Dijo que se investigó a la mujer que le habría ofrecido un trabajo en un cabaret del sur, que entre Soledad y sus hermanos no había diferencias por una indemnización que cobraron por un accidente que sufrió su madre y que Luque tenía recursos como para mantener a una persona contra su voluntad. Tagua sostuvo la acusación de privación ilegítima de la libertad y pidió el máximo para ese delito, que son seis años de prisión.

Luego fue el turno de Fernando Peñaloza, querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien pidió un cambio de carátula, a homicidio simple, con una pena de 20 años de prisión. Peñaloza argumentó su pedido. Explicó que el tribunal debe analizar los derechos que se vulneraron y aseguró que se juzga un hecho paradigmático, porque es la primera desaparición de una mujer en democracia. Y señaló que la primera vulneración de derechos a Soledad fue que la causa por su desaparición “durmió” en la fiscalía de Lavalle durante un año.

El abogado consideró que la figura de homicidio simple es la respuesta punitiva más adecuada. En este sentido, apeló a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los de la Corte nacional, en los que se detalla que en los casos de desapariciones no es necesario encontrar el cuerpo para juzgar con esta figura a los acusados. Y también enumeró casos de desapariciones que se resolvieron en el mismo sentido en tribunales de La Plata (Miguel Bru), de Lomas de Zamora (Roxana Núñez) y de La Pampa (Andrea López).

Peñaloza también destacó algunos conceptos que incluyeron los integrantes de la Cámara de Apelaciones cuando trataron el caso Olivera. En su escrito supusieron que la mujer se encuentra hoy sin vida, teniendo en cuenta que hace casi cuatro años que no se sabe nada de ella. Con esta fundamentación, el abogado pidió 20 años de prisión por homicidio simple para el imputado y aseguró que Luque se beneficiaría si dice dónde está la joven lavallina.

Finalmente, Peñaloza consideró que los jueces darán un mensaje social muy importante con la sentencia, ya que aseguró que el caso se puede enmarcar dentro de la violencia de género y que significó una gran conmoción para la localidad de Tres de Mayo, donde vivía la joven.
 

Críticas al aparato judicial

La abogada de Luque, María del Carmen Aguilar, rechazó el planteo de la querella de cambiar la acusación a homicidio simple. Dijo que el pedido es inconstitucional, que viola las garantías de la defensa y que es extemporal.

Aguilar aseguró que Luque es un hombre inocente al que se quieren cargar las ineficiencias del aparato judicial. Criticó la investigación del caso, dijo que se siguió una sola línea, que en el juicio no se probó nada, que las pruebas son endebles y consideró imposible que el tribunal condene a una persona en base a presunciones y dichos.

La abogada argumentó que todo el caso gira en torno a la presunción de que Olivera no regresó de la casa de Luque, aunque aseguró que esto no se probó, que la última vez que la vieron estaba a 620 metros de la casa del imputado. Aseguró que tampoco se probó si la retuvo contra su voluntad ni dónde y cómo realizó esta acción.

Aguilar dio sus razones de por qué Luque negó la relación con Olivera en los primeros meses de la investigación. Dijo que él estaba en pareja y que obviamente no admitiría una infidelidad.

La abogada recalcó que, a su entender, la desaparición de Olivera está relacionada con un caso de trata de personas con fines de explotación sexual y no con asesinato. Incluso, cuando habló con los periodistas al concluir los alegatos, dijo que cree que la mujer lavallina está viva.

Ahora, los integrantes de la Segunda Cámara del Crimen analizarán las pruebas y los alegatos de las partes. El miércoles 2 dictarán la sentencia y determinarán si el único imputado, Mariano Luque, tuvo responsabilidad en la desaparición de Soledad Olivera.