Son muchos los alcaldes demócratas de grandes ciudades estadounidenses que tenían desde hace tiempo una fría relación con las autoridades migratorias federales. Estos mismos son los que dijeron que harán todo lo que puedan para resguardar a sus vecinos de la deportación, a pesar de las promesas del presidente electo, Donald Trump, de retener millones de dólares de dinero de los contribuyentes si no colaboran.

Por Nueva York, Bill de Blasio, desde la ciudad de Chicago,  Rahm Emanuel  y  en  Seattle, Ed Murray; son algunos de los regidores de `ciudades santuario' que intentaron tranquilizar a la población inmigrante preocupada por los planes de Trump.``Seattle siempre ha sido una ciudad hospitalaria'', expresó Murray.  Y agregó: “Lo último que quiero es que empecemos a entregar a nuestros vecinos''.

El candidato republicano, durante la campaña,  dio un discurso sobre inmigración en el que prometió terminar con las `ciudades santuario` y dijo que aquellas que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares de los contribuyentes. El entonces candidato republicano atribuyó ``muchas muertes innecesarias'' a políticas como las de esas ciudades.

Trump no dio detalles de sus planes para presionar a las ciudades, y en una entrevista con `60 Minutes' que se emitió el domingo pasado dijo que la prioridad inmediata de su gobierno será la deportación de delincuentes como también asegurar la frontera.

Sin embargo, hay preocupación y preguntas considerables sobre su estrategia sobre las ‘ciudades santuario’. No obstante, el término no tiene ninguna definición legal del término, al que se oponen algunos defensores de la inmigración. Éstos señalan que este término no refleja que la gente sigue pudiendo ser deportada. En general hace referencia a jurisdicciones que no cooperan con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eso puede suponer, por ejemplo, que no notifican a la agencia de inmigración cuando un inmigrante, que no tiene permiso de residencia,  sale tras una detención.

San Francisco es una de las ciudades que se declaró hace tiempo como refugio para inmigrante. Allí emiten tarjetas de identificación locales que les dan acceso al gobierno y servicios públicos.

El jefe de policía, John Urquhart, jefe de policía del condado de King, en Washington, incluido Seattle, dijo que no quieren que nadie tenga miedo de hablar con ellos.  

Los estados y ciudades no están obligados a vigilarse en el cumplimiento de las leyes federales. Además no hay ninguna ley federal que habilite a la policía para preguntar la situación migratoria de la gente. Debido a esto es probable que Donald Trump quiera presionar a las ciudades santuario, particularmente aquellas que se nieguen a cumplir con las peticiones del ICE, explicó Roy Beck (director ejecutivo de Numbers USA), que quiere disminuir el nivel de inmigración.

Tampoco queda claro qué dinero puede retener Trump a los ayuntamientos. El Supremo de Estados Unidos determinó que para que el Congreso imponga condiciones sobre la recepción de fondos federales a los estados, las condiciones deberán guardar una relación razonable con el propósito de ese dinero. Por ejemplo, los federales amenazaron con retener fondos para autopistas a cualquier estado que no apliquen un límite concreto de alcohol al volante. Tanto el límite como el financiamiento de autopistas están relacionados con la seguridad en carreteras.

Señaló Mary Fan, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington que
si el financiamiento es para mejorar la educación infantil, es difícil decir que guarda una relación razonable con la cooperación de las fuerzas locales de seguridad en las deportaciones. Según estos dichos, el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos revisó este año algunas jurisdicciones con políticas de santuario y concluyó que algunas parecen incumplir una ley federal sobre que los gobiernos locales y estatales no pueden prohibir o restringir que sus agentes compartan información sobre el estado migratorio de una persona con agentes federales de inmigración. Asumir estas políticas podría poner en peligro millones de dólares proporcionados por el Departamento de Justicia a las diferentes jurisdicciones. Así dijo el reporte.

El Centro de Estudios para la Inmigración (CIS en inglés) expresó que unas 300 jurisdicciones tienen alguna política de santuario. Este centro pidió reducir la inmigración. Jessica Vaughan, directora de estudios de política en el grupo dijo que el resultado es gente que debería ser deportada y que llamó la atención de la policía por un delito, es liberada e incorporada  en la comunidad'.