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27 DE DICIEMBRE DE 2024
Alberto Binder, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, asegura que existen avances respecto a las perspectivas sociales que se tienen en el país sobre las políticas de seguridad. Para el especialista la sociedad argentina empieza a diferenciar paulatinamente los “asuntos policiales” de los “asuntos de seguridad”, distinción clave para la democratización del sistema de seguridad en el país.
Foto: Axel Lloret
Binder, quien además es director del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, explicó a NU Digital que a la sociedad argentina le llevó años comprender que los problemas de seguridad no son un tema exclusivo de las fuerzas policiales. La gravedad que conlleva la persistencia de esta perspectiva es que estimula medidas cortoplacistas que no sólo resultan ineficaces, sino que además atentan contra el sistema democrático en general.
Esa visión empieza a transformarse lentamente a medida que los ciudadanos y las autoridades comprenden que “la política de seguridad es mucho más que lo que pueda hacer la policía”, subrayó. En este punto, Alberto Binder aclaró que la fuerza policial “es sólo un instrumento de la política de seguridad”, y que en este sentido es necesario comprender que esta última es mucho más amplia.
“Las políticas de prevención del delito, la persecución penal, el control de la seguridad privada no hacen estrictamente al manejo, la gestión y la administración de las organizaciones policiales”, ejemplificó el especialista. Añadió que estas políticas deben ser comandadas “por los gobernantes, y no por las fuerzas policiales”.
Al respecto, considera como un avance que en la actualidad convivan dos abordajes distintos sobre el tema de la seguridad, ya que durante décadas el debate se vio anulado debido a la primacía de una sola visión.
Por una parte se refiere a aquella perspectiva que persiste desde la época dictatorial basada en otorgar todo el poder a las fuerzas policiales. Según Binder, esta mirada responde a quienes “creen necesario hacer un pacto y darle autonomía a la policía para que sea esta fuerza la que maneje todos los problemas de seguridad”. Explicó que esta visión no sólo presenta “problemas técnicos” sino que además “promueve un modelo espurio que tiene que ver con los lazos profundos que existen entre el delito y la política”.
Por otro lado, el experto identifica un nuevo abordaje que paulatinamente empieza a imponerse al interior de la sociedad y de las instancias de poder. Se trata de la visión tendiente a democratizar y transparentar el gobierno civil del sistema de seguridad.
Como producto de este segundo abordaje, el especialista rescata la creación a fines del año pasado del Ministerio de Seguridad Federal. “Hasta ese momento el gobierno Nacional venía embarcado en una política de autonomía policial, pero la apertura de esta nueva cartera demuestra un claro signo de cambio de políticas de seguridad en el país”.
Para Binder, la creación del Ministerio conducido por Nilda Garré constituye una “oportunidad histórica para cumplir con las reformas orientadas a garantizar la conducción política del sistema federal de seguridad, postergadas desde la recuperación de la democracia”. Da cuenta además de que la apertura del nuevo Ministerio se condice con el modelo propuesto por el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD), al que también suscribe la provincia.
Finalmente, explicó que aunque las reformas policiales iniciadas a finales de los ’90 y principios de la década pasada en grandes ciudades como Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, aún no logran concretarse, han permitido la instalación al interior de la sociedad del debate sobre estos dos modelos de seguridad que hoy se encuentran en pugna.
Alberto Binder disertó en el Diplomado de Seguridad Democrática que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. El seminario es dirigido por el Licenciado Martín Apialozza.
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