Roja es la bandera de la Alianza Internacional del Hábitat (AIH) y rojo es el color que identifica la campaña “Cero Desalojos”, estrategia para la defensa del territorio elaborada a partir de lo aprendido en la práctica de varias organizaciones y redes, que han entendido cuál es el proceso político organizativo para evitar desalojos masivos. El mismo color se repite en las pancartas de "Stop Desahucios" que levantan cientos de ciudadanos españoles nucleados en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), primero frente a la acción de la fuerza pública que ejecuta los desalojos, pero luego también cerca de los domicilios de los dirigentes políticos, a modo de “escrache”. 

Así está hoy el escenario internacional, a las puertas de una catástrofe humana que hace recordar el drama de los deudores hipotecarios en la Argentina luego del estallido del sistema financiero en 2001. Es decir, con gente que se suicida al no hallar una vía de solución y un incipiente pero sonoro clamor popular a favor de quienes quieren pagar sus deudas pero no pueden ya que, en definitiva, la resolución del problema no está en sus manos sino en la de los gobernantes.    

De esto saben los luchadores del MODEVIFA, en particular su referente, Ernesto Páez, que desde hace tres años integra la AIH, llevando adelante un trabajo conjunto de casi 100 países y más de 400 asociaciones de todo el mundo. Con un condimento especial, del que hoy españoles y otros europeos toman nota: la provincia de Mendoza, fruto de esa lucha, está prácticamente libre de deudores hipotecarios, siendo tomada como “modelo”, si no perfecto, al menos como experiencia a seguir. 

¿Cuándo y cómo empezó todo?

En el 2001, cuando se murió la clase media. La que, no cumpliendo los requisitos para calificar para una vivienda social, tuvo que salir a buscar un préstamo en el sistema financiero. Hablamos de empresarios, independientes, funcionarios públicos, y todo aquel que tenía un crédito hipotecario. Recordemos: te daban un crédito y te daban una cierta cantidad de dinero para poder comprar una casa, no te daban el 100% de la vivienda sino el 70%, el resto lo ponía cada uno. Estaba el 1 a 1, y una casa podía valer entonces 70 u 80 mil dólares. Esto generó unas pautas de crédito que no eran mayores a 15 años. En esos 15 años, uno se programaba a pagar una cuota en dólares. Pero ¿qué pasó? Nos cambiaron el sistema cuando vino la devaluación, los sueldos bajaron cuatro veces y quienes perdimos fuimos los que estábamos pagando dentro del sistema financiero. Esto, que fue muy grave, la sociedad no lo comprendió. Los grandes capitalistas que debían 1000 millones o 100 millones de dólares, licuaron sus deudas porque se pesificaron, pero los chicos, que estábamos pagando un crédito en el banco, buscábamos alternativas, como por ejemplo, ampliar la cantidad de tiempo para pagar o reducir la cuota, y no se podía. El banco te decía: "Usted empezó a pagar la cuota y queremos esta cuota", pese a que esa cuota representaba cuatro veces más de lo habíamos empezado a pagar. La gente, por la necesidad de querer honrar la deuda, porque si no le quitaban la casa, volvia a sacar un crédito para pagar el crédito que estaba pagando, así fue que muchos llegaron a tener dos créditos y ya no podían pagar ni uno ni el otro. Esto fue provocando un grave problema en las familias: padres que se suicidaban, separaciones, recriminaciones, hijos que no comprendían por qué iban a perder la casa, o por qué se caían si tenían un buen trabajo, mientras la sociedad argentina miraba de reojo, como diciendo: "Yo no me caí, fuiste vos que no tomaste la previsión".

¿Cómo surge el movimiento?

Primero entramos a ver que, cuando uno firma un contrato sin leer, te están dictando la sentencia de muerte sin que lo sepas. Había un montón de vicios en esos contratos que uno no sabía. Uno de ellos era que renunciabas a la ley de imprevisión, que constitucionalmente existe. También nos enteramos de lo que era el sistema francés, por el cual pagás la mitad del crédito en intereses y la otra mitad, en capital.  Descubrimos el significado de la palabra "anatosismo", que era intereses sobre intereses que nos iban cargando, y después la usura, todas cosas que nos avasallaban. A partir del 2001 empezaron los acosos de los bancos. Llegaban cartas documento intimando a pagar en 24 horas bajo amenaza de rematar la casa. Inclusive, había que ir a la casa de cambio a cambiar pesos por dólares porque así te lo exigían, cuando era cuatro veces el valor de una de las cuotas. El grupo que empezó a juntarse era un movimiento que pasaba la gorra y tomaba mate mientras juntábamos fuerza y deliberábamos qué hacíamos para salir de este problema y concientizar a la sociedad de que no éramos ni delincuentes, ni intrusos, ni usurpadores, ni mucho menos. Aún hoy, la sociedad discrimina. Te dicen: "Si no pagaron, a joderse, seguro que fue porque no quisieron pagar, por falta de cultura de pago". Pero el movimiento se forma porque todos queríamos pagar, pero de acuerdo a los ingresos que teníamos. Buscando en la Constitución Nacional, encontramos el14 bis, que enuncia tres elementos primordiales: la vivienda digna, el salario digno y el trabajo digno. Las tres cosas las habíamos perdido. Nos decidimos a luchar por leyes que pudiesen protegernos y nos organizamos para defender nuestros derechos y que no nos quitaran la vivienda.

Cuando empezaron los remates, ¿cómo los pararon?

Ibamos una cantidad de damnificados al Palacio Judicial a cantar el Himno, sabiendo que, si durante diez minutos no había una oferta, se caía la subasta. Era un alivio salvar cada casa, a veces nos faltaba gente para llevar a cabo esto porque se superponían remates en cada Tribunal. A los desalojos también íbamos a cantar el Himno nacional encadenándonos, no abriendo las puertas. Vivíamos en un estado de pánico y permanentemente alertas. Acosados, amenazados -–nos han echado con la fuerza policial, si bien nunca llegamos a manifestamos mal–, nos sentíamos incomprendidos por la sociedad. Después empezamos a ver si podíamos lograr una ley; la primera fue la 7065, que impulsó el Senador Alfredo Guevara, que modificaba el Código Procesal Civil y constituía una herramienta para defendemos. Esta ley fue vetada por el gobernador de la provincia Roberto Iglesias, y hacia el cuarto piso de la Casa de Gobierno fuimos cuatrocientas personas a exigir que la ley volviera a la legislatura. Como ya habíamos instalado la problemática social, hablamos con los legisladores y nos comprendieron. Poco después votaron la ley por unanimidad. Esto sirvió para que, desde Mendoza, surgiera un movimiento a nivel nacional. Todo el país en ese momento vio que le habíamos puesto un paraguas al tema. Pero claro, estábamos peleando contra el sistema financiero, que es un elefante inmensamente grande. Una vez que nos comprendieron los legisladores, tuvimos que pelear contra otro sector que es el Poder Judicial. Había jueces que hacían lugar a la ley y otros que la declaraban inconstitucional. Esto derivó en que por primera vez hiciéramos un jury a un juez por no darle legítima defensa a un ciudadano que había perdido la vivienda, habiendo una ley vigente. Dado de que a la ley 7065 la declaraban inconstitucional, instamos a que se aprobara otra que suspendiera los remates. Los legisladores aprobaron una por 180 días. Obviamente en el sistema financiero se empezaron a enojar, pero nunca explicaron por qué, después de haber sido compensados por el Estado Nacional por la pérdida de la pesificación asimétrica, no llamaron a los deudores para darles la posibilidad de seguir pagando su crédito a más años y a un monto asequible. No hicieron ningún tipo de recálculo, ni de financiamiento: se plantaron en la misma tesitura del principio. Ni siquiera el Banco Hipotecario, que llegó a decir: "Prestamos plata, ganamos plata, esto ya no es un banco social".


Ernesto Páez tendrá que viajar pronto a Ginebra para constituir el Tribunal Internacional de Desalojos. Él aclara que no recibe subsidios de nadie, ya que es la Alianza Internacional la que financia todas y cada una de las actividades, mediante un mecanismo similar al de Amnesty Internacional. Se nota en Ernesto, y así lo transmite, una gran confianza en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en la toma de conciencia global de lo que supone el neoliberalismo: “Aquello que nos ha llevado a la destrucción, ese vil metal que lleva a que uno no pueda tener ni su casa”, dice.   

Su sorpresa por estas horas se centra en Alemania, país que parecía perfecto y, no obstante, también es parte del problema, como Italia y Francia. De todos esos países hubo quienes estuvieron escuchando las recomendaciones de Páez luego de su disertación en el Foro Social de Túnez. 

¿Puede decirse que hay una lucha por la vivienda a nivel global y que, en ella, Mendoza se ofrece como modelo?

Por supuesto. Efectivamente, en el Foro nos han consultado, se han interesado por nuestra experiencia y nos toman como modelo. Yo creo que no es un modelo perfecto pero sí ofrece una serie de pasos, como para empezar. En el caso de España, puntualmente, hay que decir que es una crisis muy grave: en ese país se calcula que 400 mil familias pueden perder su vivienda. El gran problema es que los españoles no son escuchados por los políticos, ahí es cuando nosotros decimos que algo hay que hacer. Porque está claro que Rajoy no los va a escuchar, que va a echar mano del argumento de la seguridad jurídica cuando el país está al borde de una crisis total. Pese a todo, el intento se va a hacer porque lo que ellos dicen es: “Si en Argentina se pudo hacer, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso no hay igualdad de oportunidades?" Es cierto que nuestra crisis tuvo sus particularidades, pero se da el mismo patrón con la crisis actual española. Hay casi 400 mil casas que tienen los bancos, no las quieren expropiar para dárselas a los desahuciados y el banco quiere o pretender venderlas a un vil valor. Ahí está la perversión, porque ellos no dan el 100 por ciento del valor de la vivienda sino el 70 por ciento, pero el remate va al 100 por ciento y, cuando ellos venden, lo hacen al mejor postor. Doy un ejemplo: si una deuda es de 10 mil dólares y te rematan por ese valor, ahí queda un muerto civil. Una persona que queda incapacitada para buscar un alquiler o retomar su vida normalmente. Al menos, si remataran o quitaran la casa por todo el valor de la deuda contraída, esa gente quedaría liberada, pero no. No es eso lo que buscan. Y ese es el vil y perverso juego del sistema financiero. 


¿Qué es lo que proponen las organizaciones que se reunieron en el Foro Social Mundial en Túnez? 

La novedad más relevante de todas es que en un plazo de dos meses se pondrá en funcionamiento el Tribunal Internacional de Desalojos, que estudiará los casos en cada país y hará recomendaciones a los Estados. Está avalado por la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Relatoría Especial por la Vivienda y por Amnistía Internacional. La idea es hacer trascender el mensaje de que todos los deudores queremos pagar; el tema es cuál va a ser el modo, porque en general todos los casos puntuales deben ser revisados. Hay países que se están equivocando y frente a eso, deberán reorganizarse para no seguir violando los pactos internacionales que reconocen el derecho a la vivienda. 

Después de 12 años de lucha, ¿las acciones continúan? 

Por supuesto. Ahora tenemos prevista la visita de un miembro de la Alianza Internacional del Hábitat que viene a conocer directamente la experiencia de Mendoza. También queremos trabajar dentro de la reforma constitucional para incorporar un artículo que establezca que la vivienda única y familiar sea un bien inembargable, porque es claro que sin vivienda no se puede construir una familia y, cuando no tenés un techo, la familia se desintegra.