Los principios de que el Estado debe ser laico y de que los debates de los legisladores se deben realizar en la Legislatura quedaron virtualmente sin sustento este martes 6 de diciembre. Es que luego de que se conocieron los abusos a chicos con hipoacusia en el instituto Próvolo, miembros de la comisión de Desarrollo Social de Diputados y de Educación del Senado concurrieron a la diósesis mendocina para exigir respuestas de la Iglesia.

Más allá del “detalle” de que la reunión no se hizo en la casa de las leyes, los legisladores lograron que se incorpore una prueba psicológica y psiquiátrica a todos los sacerdotes y monjas que lleguen a la provincia y tengan contacto con personas vulnerables.  En concreto, el estudio se realizará junto con la presentación de una declaración jurada que realizará el Arzobispado para saber los antecedentes de los prelados. Además, entre la Iglesia y el Estado armarán un protocolo para abordar el tratamiento de las víctimas del instituto y evitar que se repitan hechos como los del colegio para chicos sordos.

El vocero del Arzobispado, Marcelo de Benedectis, explicó que entre las propuestas se realizará un censo de la cantidad de curas que están en colegios y el protocolo se confeccionará antes de que comiencen las clases en 2017. Lo que se busca con ello es darle mayor seguimiento a los establecimientos privados.

El sacerdote explicó que hasta el momento no hay una postura oficial del Vaticano sobre la situación. Al mismo tiempo, miembros de esa institución agregaron que este martes hubo una reunión entre los abogados del Instituto en nuestra provincia y los letrados de la sede en Italia, aunque no dieron mayores detalles porque, según argumentaron, el Arzobispado no tiene injerencia en lo que resolverán.  

El colegio está cerrado desde el martes 29 de noviembre. De acuerdo a lo que explicó el vocero de la Iglesia en Mendoza, los responsables del instituto en Italia elegirán a las autoridades que se harán cargo del Próvolo mientras avanza la causa judicial. “Hay que ver cómo se sigue. Si el obispo recibe al religioso, nosotros tenemos la autoridad para presentarlo, para prevenir una situación de este calibre”, replicó De Benedictis.

Los detalles    

La diputada Beatriz Varela (UCR) explicó que cada vez que ingrese un clérigo a la provincia se le harán los peritajes psiquiátricos que serán designados por los miembros de la iglesia, aunque no descartan que participen especialistas externos. “Es bueno saber si un sacerdote puede tratar a un anciano o una persona con discapacidad”, explicó la funcionaria, al tiempo que pidió a los padres estar atentos a los comportamientos de los niños y niñas en caso de abuso.   

Sobre el protocolo, agregó que hay un borrador que fue escrito por el Arzobispado y el Estado hará un seguimiento para que ese texto se cumpla. En el caso de las víctimas que denunciaron abusos (son cerca de 22), están contenidas por los equipos pedagógicos dependientes de la DGE.
 

Enojo por la reunión en el Arzobispado

El Encuentro Laicista de Mendoza (ELM) criticó la reunión en el Arzobispado de Mendoza y la postura de Carlos María Franzini, que no concurrió a la Legislatura para ser interrogado por los sucesos ocurridos en el Instituto Próvolo. En un comunicado sostuvieron que lo correcto era un encuentro en la casa de las leyes. “La República Argentina no es un feudo del Vaticano y los clérigos que residen en ella no están eximidos de las obligaciones que le caben al resto de la ciudadanía”, señala el texto.

La misiva también recriminó el accionar de los legisladores que “tienen la elevada misión y dignidad de representar al pueblo de Mendoza en la casa de las leyes, y no deben proceder con obsecuencia, genuflexión y servilismo ante un poder fáctico hostil a la democracia y la laicidad, que desde hace décadas protege y cobija individuos que han perpetrado crímenes sexuales aberrantes contra personas indefensas menores de edad”.