Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, general insano pero sobre todo impune que pasa sus días bien guardado en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó “rematar a la subversión”, explicó alguna vez.

El 24 de marzo del ’76 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de “subversivo”, que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, que al recordar la historia lo calificó de “tirano” y “feroz exterminador de disidentes”.

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”, apuntó la Comisión.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el exgendarme Omar Torres relató dos fusilamientos que presenció. “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a una persona.” Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: “Los exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

Lo salvó el punto final, pero también la Justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El pueblo tucumano le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. “Imperfecciones propias de mi naturaleza humana”, había dicho.

En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

La Comisión Bicameral Investigadora formada en 1984 compiló una nómina de 507 secuestros durante la guerra sucia en Tucumán: 387 personas detenidasdesaparecidas, otras 96 que luego recuperaron su libertad y 24 cuyos cadáveres fueron recuperados. El 68 por ciento de los 507 secuestros se produjeron en 1976 y 1977, mientras Bussi fue interventor federal y jefe militar de la provincia, una concentración de poder absoluto que no ocurrió en ningún otro lugar del país.