El arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, anunció esta tarde que, tras el escándalo de las denuncias por abusos sexuales en el Instituto Próvolo, cada sacerdote que ejerce en la provincia deberá presentar a la Arquidiócesis local una declaración jurada con sus antecedentes penales y civiles, como también un informe toxicológico para detectar cualquier caso de consumo problemático de drogas. Esa información la tendrán que presentar aquellos que son trasladados a Mendoza, como también quienes trabajan actualmente en la diócesis local. 

El máximo sacerdote aseguró que la Iglesia se "ha puesto a disposición de la Justicia, de los órganos de Gobierno y de las familias de las víctimas de abuso. Una vez más, los miembros de la Iglesia mendocina juran que desconocían antecedentes penales de los religiosos que hasta hace unos días conducían el Instituto Próvolo. "No hemos sido notificados de antecedes penales de los sacerdotes imputados. Tampoco hemos recibido denuncias o comentarios sobre irregularidades que hubieran sucedido en dicho Instituto; de haber ocurrido, hubiéramos actuado inmediatamente".

Franzini, hasta ahora, no había hablado en público después de los aberrantes hechos en la institución que alberga a los chicos hipoacúsicos abusados por los dos curas actualmente detenidos, Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (55). Recién este viernes respondió algunas de las preguntas que hizo la prensa durante una conferencia que ofreció el Arzobispado de Mendoza. Estuvo acompañado por el vocero de la Iglesia, Marcelo De Benedictis, y curas representantes de diversas instituciones. Fue un párroco (Diego Resentera) el encargo de leer el comunicado oficial, titulado "Dolor, indignación y Justicia" y destinado a "todo el pueblo mendocino".

En el comunicado se habla del dolor por los hechos sucedidos y se dan a conocer las siguientes acciones en contra de los prelados: "Hemos quitado las licencias ministeriales a los sacerdotes acusados; hemos dispuesto que se suspenda todo tipo de actividad pastoral en el predio del Instituto Próvolo; hemos sido informados de que la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la congregación para la Vida Consagrada, ha tomado conocimiento de la situación, iniciando el proceso canónico correspondiente".

"Asimismo, en comunicación telefónica, los superiores de la congregación del Instituto Próvolo, que residen en Verona (Italia) han manifestado la decisión de iniciar el proceso canónico que a ellos les corresponde y hemos constituido una “Comisión de seguimiento y acompañamiento pastoral” para abordar esta dolorosa situación. Dicha comisión es interdisciplinar para afrontar los aspectos pastorales, educativos, psicológicos, jurídicos y comunicacionales. Buscamos con ello favorecer un abordaje transparente, integral y transversal que esta compleja causa requiere", informa el escrito elaborado por la Iglesia local.

Unidiversidad, en diálogo con Franzini, preguntó si se cumplió lo que estipula el Código Canónico sobre la obligatoriedad de controlar a cada uno de los responsables religiosos de las instituciones de Mendoza. Franzini, sin ahondar en detalles, mencionó el concepto de "vigilancia" que hace la Arquidiócesis local con los curas pero aseguró que se generan charlas informales con los diferentes curas de cada congregación. Nada protocolar. "El Arzobispado daba un voto de confianza y de crédito que, de ahora en más, tenemos que tener mucho más recaudo", concluyó.