Este lunes 21 de noviembre se realizó el primer encuentro del Taller Abierto de Legislación, Uso y Gobierno del Agua en la Legislatura de Mendoza, que contó con la participación de referentes y expertos en la problemática hídrica de la provincia.

Los expositores cuestionaron la administración del Departamento General de Irrigación (DGI) y la ausencia de medidas para preservar el equilibrio ecológico. Entre sus propuestas se destacaron las críticas hacia la burocratización de los entes de control, la centralización de la gestión, las tarifas atrasadas y la falta de transparencia en el sistema.

La encargada de dar inicio a la conferencia fue la vicegobernadora Laura Montero, quien destacó como primordial el tratamiento de la política hídrica de Mendoza en el marco de la próxima reforma de la Constitución Provincial. "Uno de los temas más relevantes que planteó la ciudadanía fue el uso racional del agua, ya que la población está realmente muy preocupada en este sentido. Por eso es que decidimos tratar este tema en profundidad, mirarlo desde la Legislatura y abrir el debate", expresó.

El especialista en derecho de aguas, Miguel Mathus Escorihuela, hizo referencia al marco legal que posee la actividad hídrica de la provincia, es decir, la Ley General de Aguas de 1884 y la Ley Provincial N.º 322. Para el letrado, el marco legislativo está "completo" y no existen vacíos legales que requieran de reformas, pero explicó que los poderes responsables del control –como los decretos del Poder Ejecutivo y las resoluciones de los concejos deliberantes de los municipios– actúan en forma "contradictoria", ya que existe una excesiva centralización en la administración y la gestión. "Nadie planifica, hay que poner orden frente a la falta de transparencia y la corrupción", manifestó en su discurso. Sus propuestas se centraron en una administración eficiente del agua, el control riguroso de la Policía del Agua contra la contaminación y la eliminación del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y de las asociaciones de inspecciones de cauces, órganos que definió como “burocráticos”.

En sintonía, el director del Centro de Economía, Legislación y Administración del Instituto Nacional del Agua (CELA-INA), Armando Llop, exigió una rendición de cuentas, integridad, transparencia y publicidad de la información ambiental que encabeza el Departamento General de Irrigación (DGI). Los especialistas cuestionaron con dureza al ente, al que consideraron como una "caja cerrada" que no publica su presupuesto ni el estado de los expedientes. "Hay un 'vaticanismo' de Iririgación, un Estado dentro del Estado, donde nadie sabe cómo tramitar su expediente y te cobran $ 50 por una copia de documentos", detalló.

En tanto, el economista e investigador del INA, Eduardo Comellas, y el especialista en Derecho Ambiental, Nicolás González del Solar, focalizaron sus ponencias en la necesidad de impulsar una política de aguas subterráneas. Para los expertos, las medidas a tomar deben orientarse hacia la sustentabilidad, con la promoción del uso eficiente pero de manera equitativa. Para ello son fundamentales acciones como la actualización y expansión del sistema de monitoreo hidrogeológico e hidroquímico, la medición de las extracciones y, por consiguiente, el conocimiento tanto del stock como de lo que se extrae.

"Hoy quien perfora, puede hacer lo que quiera", dijo el integrante del INA, y definió a esta realidad como "la tragedia de los bienes comunes", es decir, una fuerte rivalidad en el recurso hídrico que genera condiciones de sobreexplotación y degradación. Como aporte, González del Solar comparó como situación límite a la cartelización del agua en México, donde las mafias y las organizaciones clandestinas vencieron a los entes de control y tomaron el poder del recurso.
 

Aumento de la tarifa para concientizar

La tarifa del agua fue otro de los ejes centrales de la exposición en el que los especialistas coincidieron. Ante la escasa precisión de los gastos de Aysam, Mathus puntualizó en actualizar la tarifa en un 50 %, mientras que González del Solar bregó por un "costo que represente el valor del agua para generar conciencia por el desmanejo de la política hídrica en los últimos diez años".

Por otro lado, en cuanto a aguas subterráneas, Comellas propuso un sistema de cobro volumétrico por bloques crecientes para desalentar el consumo excesivo, que hoy se encuentra entre los 20 y 40 m3 mensuales pero no tiene en cuenta la realidad social particular de cada usuario. "En Mendoza, un metro cúbico de piedra sale más caro que uno de agua", concluyó.

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