Políticas agroindustriales impulsadas en países latinoamericanos redujeron el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente y significan un avance en la erradicación de la pobreza rural. Así lo destaca un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“La pobreza y la inseguridad alimentaria están frecuentemente asociadas a ecosistemas frágiles y a la degradación ambiental, por lo que este tipo de medidas contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de los más vulnerables”, explicó Hivy Ortiz, Oficial Forestal de la FAO, en un comunicado de la organización.

El estudio se realizó en base a experiencias de Brasil, Colombia, México, Chile y Nicaragua y destaca prácticas exitosas de proyectos agrícolas que  redujeron el impacto que causa esta actividad en el ambiente. Algunos ejemplos son: sistemas agroforestales intensivos, la agricultura ecológica y los programas de uso sostenible de los bosques tropicales.

El informe también destaca el impacto que tienen estas políticas sobre algunos de los factores a enfrentar para intentar erradicar el hambre y la pobreza rural, como el cambio climático, la erosión de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación y la inestabilidad económica.

Ortiz recalcó  que la reducción de la pobreza rural es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la región. “Revertir estas situaciones implica uno de los retos más urgentes y complejos del paradigma del desarrollo sostenible: la conciliación necesaria entre la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción de la pobreza y la conservación del ambiente”, explicó Ortiz, en un comunicado de la entidad.

Una nueva mirada

El informe da cuenta de que las políticas implementadas en los países analizados y en otras regiones de América Latina y el Caribe incorporan modernos criterios ambientales en las políticas agrícolas y de uso de la tierra, lo que permite disminuir el impacto que tienen sobre el medio ambiente.

Otro de los aspectos diferenciales de estas políticas es que buscan incluir en los proyectos a las comunidades menos favorecidas, intentando así superar la situación de pobreza que viven miles de familias campesinas en la región.

El trabajo destaca los beneficios concretos que produjeron algunas de las iniciativas analizadas. Así, los sistemas agroforestales intensivos permitieron recuperar zonas degradadas, aumentar la renta total del productor por unidad de área, la diversificación productiva y las iniciativas de articulación con el mercado. En tanto, la  agricultura ecológica y los programas de uso sostenible de los bosques tropicales significaron importantes avances en la reducción de los impactos ambientales respecto de los provocados por el modelo tradicional.

“Algunos de estos programas también han permitido reducir las emisiones de gases del efecto invernadero a la vez que fomentan la adaptación a los cambios climáticos, aumentan la renta de los agricultores y promueven la seguridad alimentaria,” explicó Ortiz en el boletín de FAO.

El marco jurídico

En su informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señala las bases sobre las que deben desarrollarse estas políticas. El primer punto es la necesidad de que exista un marco jurídico adecuado, el segundo, la importancia de la descentralización de las mismas, teniendo en cuenta que no se puede seguir un único modelo, sino que deben adaptarse a las distintas realidades socioeconómicas y ambientales de cada localidad.

Otro de los aspectos que recalca el trabajo es la necesidad de impulsar una mayor planificación estratégica, de ordenamiento territorial y de articulación entre todos los sectores. Además, en el comunicado de la entidad, se considera imprescindible que en la elaboración, seguimiento y control de estas políticas tenga una participación activa la sociedad civil local.