Expertos en libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtieron que el país "debe dar pasos audaces" para detener los crímenes e investigar los asesinatos y desapariciones de periodistas mexicanos, ya que las agresiones contra ellos continúan y siguen marcadas por la impunidad. Además, la ONU sostuvo que la Fiscalía especializada en estos casos no actúa como debiese. En Argentina, con un panorama diferente, el Estado en su conjunto se mantiene como principal agresor a la prensa: el 47 % (fuerza policial, funcionarios públicos, instancias judiciales, legisladores y servicios de inteligencia).

México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con más de 200 comunicadores asesinados desde el 2000. Hubo once muertos en lo que va de 2017, uno de los años más violentos, no sólo para los informadores sino para todo el país. Aunque cumplió con recomendaciones como crear un mecanismo de protección a periodistas y una fiscalía especial para delitos contra comunicadores, al país aún se le requieren "pasos audaces" en medio de una creciente violencia, advirtieron expertos internacionales de libertad de expresión de la ONU y la CIDH.

El panorama para los periodistas mexicanos es cada vez más desolador. Las agresiones y las amenazas en su contra se han incrementado sin que la Fiscalía especializada haya logrado castigar a los culpables de los asesinatos y las desapariciones en estos últimos siete años, concluyeron los relatores especiales.

Durante una semana, estos expertos se reunieron con más de 250 periodistas y activistas de 21 estados del país y propusieron al Gobierno mexicano la creación de un consejo independiente que le dé seguimiento a los casos de crímenes contra periodistas a fin de acabar con la impunidad.

La última visita de los titulares de las relatorías de la ONU y la CIDH fue en 2010. Edison Lanza, de la CIDH, recordó que entonces sus antecesores le habían recomendado al Gobierno mexicano la construcción de instituciones para atender la violencia contra los comunicadores. En atención a estas sugerencias, en 2012 se creó el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Aunque el mecanismo está funcionando, alertó que tardó en ponerse en marcha y que recibe recursos insuficientes. “El mecanismo necesita más recursos, es absurdo que para la disminución del problema tenga los recursos que tenga, debe tener más analistas de riesgo, y algunos de ellos radicados en los lugares más sensibles”, manifestó Edison Lanza, uno de los expertos en libertad de expresión.

El relator también destacó que el mecanismo debe brindar una atención integral a los periodistas desplazados y para ello pidió la colaboración de los propietarios de medios de comunicación. “Cuando un periodista desplazado por la violencia logra salir de la primera situación crítica, luego pierde el trabajo y eso es inaceptable”, expuso. Si esa persona fue desplazada por cubrir una situación de riesgo para un medio de comunicación, la empresa debe mantenerlo y darle otras tareas, mientras que el Estado debe brindar una atención integral a él y su familia.

Desde la última visita hasta ahora, pese a la creación de las instituciones acordadas, como la Fiscalía especializada –que depende de la Fiscalía general (PGR)– y el Mecanismo –que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior)–, la situación de violencia no se ha mitigado, denunciaron. “Estas instituciones no han tenido la eficacia que se quería”, expresó Lanza. Por el contrario, los últimos dos años han sido todavía más complicados para la prensa. 

Uno de los problemas más graves es la impunidad de los crímenes. Lanza alertó que a la fecha no hay información suficiente sobre quiénes fueron los autores de los asesinatos y desapariciones. "Uno de los problemas de la impunidad es que no nos permite saber quiénes son los autores intelectuales de esos crímenes", indicó.

Los expertos señalaron que "México debe dar pasos audaces", pues las agresiones y los asesinatos de periodistas continúan y la impunidad sigue siendo la regla: según defensores de derechos humanos, más del 90 % de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. Tras las entrevistas durante su estancia en México, concluyeron que la mitad de las agresiones las han cometido autoridades estatales y otra parte de ellas, el crimen organizado a través de una gran cantidad de estrategias para incidir en el espacio democrático, ya sea mediante amenazas, el nombramiento de "periodistas enlaces" y la compra de medios de comunicación.

Los relatores propusieron al Gobierno mexicano la creación de un grupo de especialistas para darles seguimiento a casos emblemáticos de asesinatos y desaparaciones de periodistas. "Creemos que mientras la Fiscalía especializada (Feadle) no logre identificar y sancionar a los autores intelectuales de estos crímenes contra periodistas, va a seguir siendo un costo marginal de negocio (para el crimen) asesinar periodistas", afirmó Lanza. El objetivo del consejo sería asesorar a la Feadle en las líneas de investigación vinculadas al ejercicio del periodismo, capacitar a los investigadores de la fiscalía en técnicas de investigación y generar una instancia de rendición de cuentas internacional.

Sobre la situación de los comunicadores, Lanzo dijo: "Percibimos un gremio atemorizado en muchas partes del país, aterrorizado en algunos casos por lo que les ha tocado vivir y ver, porque han perdido colegas, porque han sido objeto de diversas formas de violencia, o porque tienen colegas desaparecidos".

El caso de Argentina

Si bien la situación de Argentina es muy diferente a la de México, en nuestro país se han vivido episodios violentos contra periodistas. No hay cifras exactas de 2017, pero, según un Informe del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), a lo largo del año pasado "se registraron 65 ataques directos a la libertad de expresión en la Argentina". "Esta cifra implica 29 menos que en el año 2015 y 113 menos que en 2014, cuando los casos treparon a 178", dice el reporte. Abril fue el mes con mayor cantidad de casos.

El Estado en su conjunto se mantiene como principal agresor a la prensa: el 47 % (fuerza policial, funcionarios públicos, instancias judiciales, legisladores y servicios de inteligencia).

Las agresiones "anónimas" representan el 21 %. Se debe a la impunidad de los agresores y a la incapacidad de la Justicia por profundizar en la investigación de los casos. Los periodistas de radio fueron los más agredidos: el 28 %.

En 2016 se destacan como principales agresores a periodistas los funcionarios provinciales y las fuerzas policiales (el 26 %) El 15 % de todos los casos fueron amenazas, algunas de ellas de muerte.