Acusan a Otilio Romano de ser “cómplice del terrorismo de Estado”
El suspendido integrante de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Romano, es acusado de haber sido “cómplice y encubridor del terrorismo de Estado” y prestar
“colaboración fundamental a los represores” de la última dictadura
cívico militar.
Esta fue la acusación que realizó el representante del Poder Ejecutivo
en el Consejo de la Magistratura Hernán Ordiales al comenzar este lunes
el “jurado de enjuiciamiento” de Romano que podría culminar con su
destitución.
Ordiales “quien junto a su colega Carlos Moreno actúan como acusadores-
lamentó que el cuestionado juez se hubiese transformado en un prófugo de
la justicia” ya que un día antes que el plenario del Consejo decidiera
su suspensión y enviarlo a juicio político, huyó a Chile donde se le
otorgó visa temporaria por ocho meses.
”Esa indignidad ya merece por sí sola la destitución”, dijo Ordiales
quien enfatizó que esa conducta “agrava la situación” ya que “se sustrae
de la acción de la justicia pretendiendo crear un conflicto
diplomático”.
El acusador no dudó en calificar al magistrado suspendido como
“funcional al plan represivo de la dictadura” ya que “contrarió
intencionalmente, deliberada y voluntariamente su obligación de
investigar” los delitos de lesa humanidad cometidos cuando él era fiscal
y juez subrogante durante la gestión que usurpó el poder el 24 de marzo
de 1976.
En esos años hubo jueces “cómplices y encubridores del terrorismo de
Estado” historió Ordiales, quien ubicó en ese grupo al camarista cuya
remoción solicitó por su “evidente desprecio por los derechos humanos”
lo que evidenció en los hábeas corpus que rechazaba y la desestimación
de las denuncias que se presentaban por violaciones a los derechos
humanos.
El consejero también expresó su beneplácito porque “las instituciones
pueden más que las corporaciones judiciales, algo que hasta no hace
mucho parecía imposible”, en una definición que fue compartida por la
Defensora Oficial Estela Fabiana León.
La letrada anticipó que su estrategia se limitará a aspectos técnicos y
formales de la acusación para ejercer la asistencia técnica de Romano
con quien admitió “no pensar como él” y citó una frase atribuía al
ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni quien afirmó que “no basta
coincidir para absolver ni discrepar para destituir”.
Tras las exposiciones de la acusación y defensa el jurado de
enjuiciamiento comenzó la etapa de recepción de alrededor de medio
centenar de testimonios que, se prevé, se extenderán hasta el 25 de
noviembre próximo, fechas que podrían acortarse ante el eventual
desistimiento que efectúen las partes.
El cuestionado juez, que es juzgado en ausencia y cuya remoción pretende
la acusación, está procesado por más de un centenar de hechos
vinculados a delitos de lesa humanidad y esa medida fue confirmada por
la Cámara Federal mendocina.
El camarista suspendido tiene pedido de captura internacional por parte
del juez mendocino Walter Bento, pero esto no puede hacerse efectivo
mientras conserve sus fueros, y si llega a ser destituido dependerá de
la decisión que al respecto se tome en Chile.
En este juicio político el jurado está presidido por la jueza María
Alicia Noli e integrado su colega María Susana Najurieta, los senadores
Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached, los diputados Oscar Albrieu y
Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Antonio Sahade, en representación
de los letrados matriculados.
En total, Romano está acusado en el jury por siete cargos relativos a
"haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la
promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad".
A raíz de esto se le endilga "haber resultado funcional al plan
represivo montado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el marco del
terrorismo de Estado durante el período 1975-1983 en la provincia de
Mendoza".
Todos los hechos ocurrieron entre 1975 y 1983, cuando se desempeñó como fiscal federal y juez subrogante, respectivamente.
Otro cargo por el que está acusado es el archivo sin investigación de la apropiación de Rebeca Manrique.
El expediente por la apropiación fue archivado en 1987 y la joven
recuperó su identidad muchos años después, cuando otro magistrado lo
reabrió y la identificó como hija biológica de un matrimonio secuestrado
en 1977.
Fuente: Telam