El ex intendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles volvió -otra vez- a ubicarse el centro del escenario político local. Se trata de un nuevo cuestionamiento de su sucesor, Omar de Marchi, quien continúa desconfiando de su anterior gestión. En esta ocasión, lo denuncia por delitos de incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Falsificación de Instrumento Público y Usurpación. La imputación no sólo recae sobre el ex jefe comunal, sino que también alcanza a Roberto Osvaldo Di Césare, ex Director de Obras Privadas y Axel Catáneo, ex Director de Turismo de la comuna. De este modo, López Puelles suma otra causa: hasta el momento ya son tres.

La nueva denuncia del intendente de Luján se suma dos últimas: la primera fue hecha en diciembre y la segunda, en abril. Sebastián Bragagnolo, quien desempeña como secretario de Gobierno de la comuna, apuntó que los ex funcionarios “incitaban” a diferentes personas a que se instalaran en terrenos fiscales provinciales, municipales e incluso de propietarios particulares, poniendo a su disposición la posibilidad de escriturar -de modo irregular y, por ende, ilícito- los terrenos para que los interesados puedan figurar como propietarios. Para ese objetivo, se valían de la entrega de planos -de modo ilícito-, del uso de equipamiento de la comuna destinado al mejoramiento de los terrenos y de la falsificación de expedientes, todo ello para proporcionarles una cuota de legalidad.

El modus operandi

De acuerdo con el secretario del municipio, toda esta operación ilegal fue puesta en marcha de un modo considerable en las últimas elecciones, aprovechándose de una normativa legal para obtener beneficios partidarios. La normativa que posibilitó esta maniobra fue la que impulsó Francisco “Paco” Pérez -cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo-, llamada Regularización Dominical. Este programa permite que aquellas personas ocupantes de viviendas urbanas que no hayan podido escriturarlas, tengan las posibilidad que hacer, siempre que puedan acreditar una posesión pública, pacífica y continua durante tres años como mínimo (con anterioridad al uno de enero del 2009).

Según Bragagnolo, los acusados -en muchos casos- recibían dinero de los adjudicatarios por beneficiarlos con esta maniobra ilícita e inclusive los orientaban hacia quien debían dirigirse para confeccionar los planos de las viviendas que estipula la ley. Hasta el momento, los casos que cuadran en esa operación superan los 100, de acuerdo al relevamiento que se está llevando a cabo desde el municipio.

Por otro lado, la norma establece que quienes quieran ser parte de este programa deben tener testigos que acrediten sus años de residencia en los terrenos en cuestión. Para esquivar este requisito o -mejor dicho- para burlar esta etapa se colocaban testigos falsos. Asimismo, el programa indica que los interesados deben tener una vivienda, que el municipio debe verificar. No obstante, el gabinete de De Marchi señala que este relevamiento ni siquiera se cumplía. Aunque advierten desde el municipio que no en todos los casos se procedió de ese modo.

El estado de las causas de López Puelles

El ex jefe comunal ha sido denuncia por su sucesor en dos oportunidades desde que este asumió el cargo. La primera fue poco después de ganar la elección municipal, en la cual De Marchi lo acusó por el pésimo estado del parque automotor. Ya en abril, el jefe del municipio se hizo presente ante la Justicia para denunciarlo por haber firmado cheques sin fondos.

Actualmente -de acuerdo con los dichos de Bragagnolo- estas dos causas siguen en proceso. Pero advierten que desde el municipio se están poniendo a disposición todos los documentos, expedientes e información necesarios para avanzar con la investigación judicial.