Ha pasado un mes desde el inicio del acuerdo de precios entre el Gobierno Nacional y las principales cadenas de supermercados. El balance en general ha sido positivo, aunque se hayan podido comprobar una serie de picardías, como desabastecimiento de productos o, llanamente, suba de precios e incumplimiento del acuerdo por parte de algunas empresas en distintos puntos del país.

Sin embargo, el convenio de palabra entre el Ministerio de Comercio Interior y los grandes formadores de precios actuales, ha abierto la posibilidad de generar mecanismos de control que pueden ser apropiados por distintos actores sociales en diversas magnitudes. Es decir, abrió la posibilidad de que organizaciones sociales y diferentes actores  políticos puedan tener una mayor incumbencia en el proceso de formación de precios. Luego explicaremos con más detalle este punto.

Por otra parte, el acuerdo de precios ha reabierto el debate en torno a la inflación y, como suele ocurrir en la discusión político-social en la Argentina, se han marcado posiciones respecto de la misma desde la derecha, centro e izquierda del asunto.

Los  medios de comunicación opositores al gobierno, por supuesto, han apoyado lecturas –por decirlo de alguna manera- “ortodoxas” de corte liberal, que sostienen que este acuerdo no se trata más que de otra barbaridad del gobierno que atenta contra la libertad de los actores económicos y el “dejar hacer” del mercado.

Desde esta perspectiva se sostiene que este acuerdo va en contra del funcionamiento natural del mercado, que debe manejarse en torno a la competencia y no en base a la regulación, y que la verdadera forma de controlar la inflación pasa por un enfriamiento de la economía, es decir, por el recorte del gasto público y desestímulo del consumo, ergo, la reducción de la inversión social como la Asignación Universal y un control, eso sí, de las demandas y “costos” salariales de los trabajadores.  

Desde la izquierda, que en innumerables casos, de manera paradójica pero sistémica, coincide y cita los diagnósticos realizados y difundidos por diarios como La Nación o Clarín, se reclama sin embargo la extensión del control de precios y la intervención efectiva del gobierno y los trabajadores en las cuentas de las grandes empresas formadoras de precios, como así también se propone la creación de comités populares de control de precios.

Desde una posición de centro, se observa con buenos ojos el acuerdo de precios. En su blog, Artemio López saludó la medida utilizando como parangón el control de precios realizado por el entonces presidente Néstor Kirchner durante el 2006, que logró estancar el aumento de la canasta básica de alimentos. La lectura es sencilla: la inflación perjudica, sobre todo, a los sectores humildes que son los que ocupan una mayor porción de sus ingresos en comprar alimentos. Según indicó el consultor, el quintil poblacional más bajo, es decir, el 20% más pobre de la sociedad, destina el 46% de sus ingresos a comprar alimentos. Este sector suele acceder a trabajo informal o en negro, por lo cual carece de la posibilidad de negociar su ingreso en paritarias. Las negociaciones paritarias son otro tema que se desarrollará a continuación, tras analizar quiénes son esos famosos “formadores de precios”.

Formadores de precios

Una lectura alternativa a la que suelen realizar los tanques de pensamiento liberales que tan frecuentemente son citados en diarios como La Nación o Clarín, es la que propone el economista Carlos Heller.

El fundador del Banco Credicoop y dirigente del Partido Solidario afirma que la lectura que debe primar al analizar la inflación, antes que económica, debe ser política. De esta manera, indica que la inflación tiene su origen en las pujas distributivas que mantienen los distintos actores sociales. “La capacidad de los formadores de precios (entiéndase: las grandes cadenas de supermercados, entre otros) de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculada con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos”, según explicó en una nota aparecida en febrero del 2011 en el diario Página/12.

A su vez, esta estructura concentrada puede o tiene la capacidad de subir los precios –valga la redundancia, gracias a su concentración- especulando con el nivel de dinero circulante, y no porque posea una elevación en sus costos de producción y/o comercialización. De esta forma, las grandes cadenas de supermercados suben los precios con el fin de aumentar sus márgenes de ganancias sin la necesidad de aumentar sus montos de inversión.

En realidad, a lo que están apostando estas empresas es a apropiarse de la inversión social desarrollada por el gobierno a través de medidas –por citar un ejemplo- como la Asignación Universal por Hijo o, en su defecto, por los incrementos salariales de los trabajadores conseguidos a través de las paritarias, las que a su vez ocupan como una excusa para activar estos aumentos.

“El argumento sirve para intentar frenar los aumentos salariales que están discutiendo los gremios, dado que dichos aumentos se irían a precios; una idea incorrecta, pero que intenta impedir el avance hacia una mejor distribución del ingreso.”

Ante esta situación, Heller advirtió en su nota de opinión -repetimos- escrita hace ya dos años: “Si no se interviene en este aspecto, y se pone un límite a la generación de ganancias, sea con controles de precios a través de los costos de las empresas, sea a través de sistemas impositivos altamente progresivos que desalienten la generación de márgenes de rentabilidad excepcionales, será muy difícil encarar una verdadera distribución del ingreso. Gran parte de ese margen excepcional debe servir para reducir los precios y remunerar adecuadamente a los trabajadores, asegurando niveles de rentabilidad aceptables para las empresas”. Clarísimo.

Control popular de precios

Como se señaló anteriormente, durante el primer mes de vida del acuerdo de precio (que se entienda: acuerdo y no control, como sostienen desde las usinas liberales), ha dejado en evidencia una serie de picardías realizadas por algunas de las grandes cadenas de supermercados.

En base a esto, y no de manera hipotética como lo formulan algunos sectores de izquierda, se han abierto instancias de participación que aspiran a un control popular de los precios. Conceptualmente, este tipo de iniciativas respondería a lo que señalaba Heller: que la inflación es una puja, entiéndase una confrontación de intereses, entre distintos actores: en este caso, consumidores (pero no solo consumidores, sino organizaciones sociales que simultáneamente están compuestas por consumidores) y un conjunto de empresas que han capitalizado la posibilidad de formar los precios.

De esta forma, por ejemplo, desde la Corriente Peronista Descamisados, se avanzado en una campaña nacional de control de precios que tiene por objetivo promover la denuncia frente a las infracciones del acuerdo de precios que se produzcan, como así también luchar contra la especulación de las grandes empresas.

Innumerables organizaciones han tomado el guante del control social de los precios. Otro caso es el del movimiento social Barrios Unidos de la provincia de Corrientes que inició una campaña denominada “Chaque tu bolsillo” y que tiene por objetivo “abogar por la responsabilidad ciudadana para que exista un mayor monitoreo de los artículos y denunciar si hay faltantes”.

Aún dependiendo de su real alcance, mirado en perspectiva, la proliferación de iniciativas de este tipo son las que pueden garantizar una respuesta real a la especulación de las grandes empresas formadoras de precios.