Un pacto verde regional: ese es el espíritu del Acuerdo de Escazú, que la semana pasada se ratificó por mayoría en el Congreso y que garantiza los derechos a la información, a la participación ciudadana en las decisiones y a la justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe.

El tratado, conocido como Acuerdo de Escazú por el distrito costarricense donde fue firmado en 2018, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

El pacto entrará en plena vigencia cuando lo ratifiquen 11 estados de los 33 que conforman la región. Hasta el momento lo firmaron 22, pero la ratificación efectiva la realizaron 9, entre los cuales se encuentra Argentina.

Luego de la aprobación legislativa, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, celebró la decisión. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental. Con Escazú, como sucedió con la Ley de Cambio Climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, expresó.

Acuerdo de Escazú

Versión larga Gobiernos de toda América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos h...

Puntos clave

-Las decisiones que afectan al medio ambiente deben tomarse teniendo en cuenta la opinión de los y las ciudadanas.

-Refuerza tres derechos fundamentales:

1- Acceso a la información: cualquier habitante u organización pueden solicitar información ambiental, por ejemplo, sobre la gestión de recursos naturales. En este sentido, deben acceder a información clara y sencilla sobre, por ejemplo, la viabilidad de un proyecto que pueda afectar el medio ambiente o el estado de contaminación de algún recurso.

2- Participación pública: garantiza la posibilidad de que los habitantes se involucren de forma efectiva e informada en la gestión de los recursos, en proyectos que impliquen afectación al medio ambiente, en el diseño de normas y políticas, respetando la diversidad cultural. Se deberá buscar el consentimiento de los pueblos originarios cuando una iniciativa los afecte.

3- Acceso a la justicia ambiental: contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan recurrir a tribunales o a mecanismos alternativos si su derecho a solicitar información o participar en la toma de decisiones no es respetado. Además, podrán solicitar reparaciones si se causaron daños al medio ambiente en el que viven.

-Garantiza que las personas u organizaciones que defienden el medio ambiente podrán hacerlo de forma segura.

-Detalla la necesidad de que los Estados investiguen y sancionen los ataques contra esas personas o colectivos.

La infografía destaca los puntos centrales del acuerdo y los avances regionales en la materia. Fuente: Cepal