Tras varias semanas de negociación, el Gobierno selló un acuerdo con los distintos órganos judiciales para avanzar en la reglamentación de la ley que obliga a pagar impuesto a las ganancias a los jueces nombrados a partir de 2017. La reunión estuvo encabezada por Germán Garavano, ministro de Justicia. El Ejecutivo ahora intentará acercar posiciones con el peronismo en el Congreso para que esta medida se extienda a todos los integrantes del Poder Judicial.

El pacto realizado con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados llegó luego de que el máximo tribunal revocara una cautelar que impedía la aplicación del tributo a los integrantes del Poder Judicial asumidos después del 1.° de enero del año pasado. 

El acuerdo llegó en el marco de una serie de negociaciones en las últimas semanas y de la previa resolución de que los nuevos jueces que ingresaron por fuera del sistema judicial tributarán el 35 %. Se estima que un juez soltero que gana en general un sueldo neto de más de $ 200 000 por mes pagará alrededor de $ 12 000; si tiene familia, estará por encima de los $ 5000. 

"Con el diálogo de todos los actores, logramos un acuerdo histórico con el Poder Judicial para que finalmente se cumpla con la ley y empiecen a pagar ganancias. Los magistrados entienden el esfuerzo que estamos haciendo todos para lograr una verdadera transformación judicial", sostuvo Garavano, señaló el diario Perfil.

El impuesto a las ganancias tomará como base imponible la diferencia entre el salario percibido a partir de su ascenso como juez o ingreso al Poder Judicial después de 2017 y el sueldo del puesto anterior. La aplicación gradual de esta fórmula se extenderá por alrededor de cinco años. Según estimaciones oficiales, más de 100 nuevos magistrados comenzarán a tributar ese impuesto con la aplicación de la ley.

Vale recordar que el 27 de noviembre pasado, el máximo tribunal había revocado una medida cautelar otorgada a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que impedía la plena vigencia la Ley 27346, sancionada en 2016 y que establece que los nuevos funcionarios judiciales ingresados a partir del 1.° de enero de 2017 deben tributar.