Mientras Mendoza debate, desde hace décadas, una ley provincial de acceso a la información pública, los funcionarios de diferentes colores políticos aún no tuvieron que rendir cuentas obligatoriamente a los ciudadanos. Claramente, la inercia en este sentido en el recinto legislativo impactó negativamente en el quehacer periodístico local, ya que impidió en tres casos emblemáticos de la provincia sacar a la luz el detalle de gastos públicos manejados, al menos, de manera irregular. Esto, claro, hizo mella en el juego democrático, que debería garantizar el derecho a informar y a ser informado.

La Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que estará vigente a partir de septiembre, abre el juego a las posibilidades de control ciudadano hacia el ejercicio de poder y sus consecuencias en el conjunto de la sociedad. Esta ley es el resultado de un largo proceso, que tuvo sus marchas y contramarchas a lo largo de los años desde la recuperación de la democracia. Aunque en 2003 el expresidente Néstor Kirchner emitió un decreto sobre el tema para brindar información al Poder Ejecutivo, rara vez se cumplió.

El objetivo de la nueva legislación, aprobada en el Congreso de la Nación y promulgada en septiembre de 2016, es “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia”. La normativa exige que los poderes del Estado y los organismos que tienen algún vínculo con él estén comprendidos en la obligación de brindar datos.

Sin embargo, la euforia por las posibilidades que brinda el nuevo panorama normativo puede chocar con algunos inconvenientes técnicos a la hora de solicitar información, que pueden darse, incluso, por las restricciones de la misma ley. 
 

El proyecto local, en el cajón

En Mendoza, distintos proyectos han buscado llevar a buen puerto un proyecto similar al que se aplicará a nivel nacional. Estos no llegaron a constituirse en ley, pero la última iniciativa presentada por el senador provincial del partido Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, puede que lo haga. 

El proyecto provincial del legislador, elaborado junto a la senadora radical Daniela García, pretende reglamentar el requerimiento de datos por parte de los ciudadanos a los tres poderes del Estado. Esta normativa también establece los principios que sustentan la ley: el carácter público de la información en poder del Estado, su disponibilidad, la prontitud para ser suministrada y la integridad, fidelidad y veracidad de la misma, entre otros.

Mancinelli explicó que el proyecto pretende que el solicitante pueda pedir la información de forma sencilla y en tres pasos, y que prevé sanciones a funcionarios responsables de dar la información en caso de que no lo hagan. Los tres pasos que indica ese proyecto consisten en la indicación del sujeto al que solicita la información, la descripción precisa de la misma y la indicación del domicilio y correo o teléfonos del solicitante. En caso de que la información pueda ser entregada inmediatamente o que la persona que pide los datos exprese que los retirará en el lugar o por los medios que se le consignen, no será necesario completar el tercer paso.

La iniciativa también establece un plazo de quince días, a partir del momento en el que se recibe la solicitud, para que brinden la información los funcionarios responsables de hacerlo. Ese período puede prorrogarse una única vez por otros quince días.

Al igual que la nacional, la norma local expone una serie de excepciones a los petitorios. Algunas de ellas rigen cuando la información puede afectar la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales; o cuando aquella se refiere a cuestiones de familia, menores y sumarios penales en su etapa de secreto, entre otras.

A pesar de que este proyecto fue presentado en febrero de 2016, aún no ha sido aprobado.
 

Restricción al ejercicio periodístico

En Mendoza existen al menos tres casos emblemáticos de secretismo en organismos y poderes del Estado, que corresponden a solicitudes que hicieron dos periodistas a las autoridades y de las que no obtuvieron una respuesta concreta.

El protagonista de dos de esos casos fue el periodista Jorge Hirschbrand, quien solicitó en abril del 2008 a la Legislatura y a Casa de Gobierno acceso al conocimiento de algunos gastos que realizaba por ese entonces la gestión de Celso Jaque. El gobierno tenía la obligación, por la Ley 6496, de presentar cada dos meses en la Legislatura un informe sobre esos gastos, pero el Ejecutivo de ese momento incumplía la norma, por lo que el periodista pidió información que no se le brindó ni en tiempo ni en forma.

Desde la Fiscalía de Estado se citó a los responsables para que dieran explicaciones por el incumplimiento de la ley. Sin embargo, el Gobierno aportó escasos datos, que mostraban sólo una parte de la información solicitada, y la Cámara de Diputados dio respuesta a la solicitud de Hirschbrand cuatro meses después del pedido formal. 

En otro de los casos, el periodista realizó un pedido al Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Esta solicitud debía ser respondida en diez días, pero no lo hicieron hasta cuatro meses después y con una gran cantidad de expedientes. La forma en la que la información fue dada y la demora hicieron muy difícil el procesamiento de los datos y la detección de la información pertinente para el solicitante.

El tercer caso corresponde al año 2015 y tiene como protagonista a Gastón Bustelo, también periodista mendocino. Bustelo necesitaba datos de una encuesta que, según le respondieron desde el gobierno de Francisco Pérez, no se estaba haciendo, pero el mismo Ejecutivo usaba otras vías para dar a conocer algunos números que no eran presentados como información oficial. Esta irregularidad condujo al periodista a hacer un pedido de acceso a la información mediante la Fiscalía de Estado, pero nunca obtuvo los datos.

Para Bustelo, “Mendoza está atrasadísima en la materia de acceso a la información pública”. Agregó que “es importante la ley, pero también lo es la reglamentación, porque ahí se puede esconder la trampa de la restricción a la información”.