Acabar con el cuento del fraude electoral

Por Roberto Follari, epistemólogo, docente y doctor en Psicología.

Foto: Télam

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Roberto Follari

Publicado el 09 DE MARZO DE 2023

Ya debería haber pasado el momento de sorprenderse por las actitudes brutales de la derecha, como las que tomaron los partidarios de Bolsonaro al asaltar el Planalto y demás edificios de poderes del Estado. Ahora está claro que esa “nueva derecha” opera en los bordes de la ley: va a elecciones, si gana se atiene al resultado, si pierde denuncia fraude y desconoce los comicios. Incluso hace denuncia antes de las elecciones, y luego no presenta pruebas ni indicios. Absolutamente nada. Es obvio que es un subterfugio, bastante burdo por cierto. Lo insólito es que les siga dando resultado, y que la democracia no haya sabido aún formar antídotos frente a este primario pero efectivo mecanismo.

Fue el modo con el cual Añez dio el golpe contra Evo hace unos años: no hay pruebas, pero “seguro que hubo fraude”. Es lo que Trump, que venía venir su derrota ante su torpe política con la pandemia, deslizó desde mucho antes de su caída electoral. Es lo que Macri insinuó varias veces antes de su derrota en 2019, sólo que la caída en las PASO fue tan rotunda que no le dejó espacio. Es lo que Bolsonaro venía diciendo ante la posibilidad de perder. Y así siguiendo. Hasta Fujimori intentó esgrimir algo en este sentido. Es el “cuento del tío” de la derecha. Lo curioso es que -hasta ahora- nadie le ha puesto coto.

Muerte de la Justicia

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La democracia debe defenderse. Tiene que hacerlo ya, y resueltamente. Las falsas denuncias sobre fraude tendrán que ser fuertemente penalizadas. Denuncia sin pruebas o indicios claros y evidentes, deberá acarrear sanciones: multas, cárcel, suspensión de la habilitación política partidaria. Desde antes de las elecciones, y después de ellas: poner en descreencia a la democracia sin ningún otro respaldo que el deseo de hacer daño a quienes ganaron, no puede seguir saliendo gratis en ningún país del subcontinente.

Tampoco puede admitirse como “protesta social” la llamada a golpes de Estado en la puerta de los cuarteles. Eso ese golpismo militar al más viejo estilo, y debiera punirse explícitamente. La protesta social debe ser mantenida y protegida, dado que es un derecho fundamental frente a los atropellos de gobiernos antipopulares. Pero cuando dicha protesta implica la violencia directa contra las instituciones estatales en gobiernos legítimamente constituidos, estamos ante acciones que no pueden ser aceptadas. Además, una cosa es la protesta contra acciones de gobierno (por ej. contra la reforma jubilatoria en Francia en estos días), otra la que pretende directamente la caída del gobierno, la cual se hace insólita cuando ese gobierno tiene escaso tiempo de vigencia (tal el ataque de los bolsonaristas a una gestión recién iniciada). Ahora JxC promete -en caso de ganar- reformas drásticas en poco tiempo: si ello ocurriera la protesta social habrá de ser inmediata pero dirigida contra las medidas, no en pretensión de la caída del gobierno.

Seguro hay mucho que mejorar y pulir sobre estos razonamientos. Pero lo que no cabe, es quedarse quietos. Lo que no puede seguir, es la ingenua “sorpresa” cada vez que actúa una derecha que usa la ley para luego violarla, y que entra al sistema político para dinamitarlo desde dentro, actuando violentamente ante la pasividad de un progresismo que “no puede creerlo”.

Porque está claro: hoy lo popular y progresista opera dentro de la democracia, y lo hace lealmente. La derecha, en cambio, ha decidido usar la democracia como trampolín del golpismo, entrar y salir del respeto a la ley como Pedro por su casa. Y ello no puede seguir ocurriendo.