Las niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de abuso en el Instituto para Hipoacúsicos Antonio Próvolo y sus familias podrán tener -si así lo desean- patrocinio legal gratuito de la Defensoría de Personas con Discapacidad. Así lo anunció su titular Juan Carlos González, junto a la vicegobernadora, Laura Montero.

El órgano extra poder también elevará un pedido a la Congregación Compañía de María para la Educación de Niños Sordos (de la que depende el instituto de Mendoza) para que entregue a la Provincia -sin ningún costo- el edificio ubicado en calle Boedo, de Luján de Cuyo. Aducirán que si bien no existe una obligación legal, sí una moral, teniendo en cuenta el daño irreparable que causaron los sacerdotes a los pequeños y sus familias, cuando ya pesaba sobre uno ellos denuncias en Italia.

Desde que se abrió la causa en Mendoza, más de 20 pequeños ya declararon ante el fiscal Fabricio Sidoti. Todos señalaron a los cinco imputados y detenidos como los responsables de los abusos: los curas Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, el monaguillo Jorge Bordón y el empleado José Luis Ojeda. Ahora, la causa tuvo una ramificación en La Plata, ya que un hombre aseguró que fue víctima de Corradi y dijo que realizará la denuncia judicial.

Denunciaron a Corradi por abusos en La Plata

Patrocinio legal

La Defensoría de Personas con Discapacidad solicitó al fiscal de la causa constituirse en querellante, pero aún no obtuvo una respuesta. Pese esto, el órgano ofreció asistencia letrada gratuita a todos los que la requieran.

González, el titular del órgano, explicó que la intención es asistir a las víctimas para que puedan realizar las denuncias e impulsar la causa penal. Explicó que las personas pueden acercarse a Espejo 65, PB, oficina 7 los viernes de 8.30 a 13, teléfono 4204494.

El titular de la Defensoría también confirmó que presentará un escrito ante la sede central de la Congregación -ubicada en La Plata- para que entregue en forma gratuita al Estado provincial el edificio del instituto en Mendoza. “Perdieron toda autoridad moral y si bien esto no repara el daño, creo que sería lo más conveniente”, aseguró.

González dejó en claro que la iglesia católica, y en especial el Arzobispado de Mendoza, tienen absoluta responsabilidad en este tema, ya que la Congregación así como los sacerdotes que llegaban a la provincia dependen de ellos.

La responsabilidad del estado y la iglesia

Ramificación en La Plata

La causa tuvo una ramificación en La Plata, luego de que un hombre que vive en Salta aseguró que durante su infancia fue abusado por el sacerdote Corradi, cuando estudiaba en el Instituto Próvolo de esa ciudad. A causa de esto, intervino el fiscal de La Plata, Fernando Cartasegna, ante quien la víctima realizará la denuncia judicial.

La vicegobernadora, Laura Montero,  quien colaboró para que los abusos fueran denunciados, viajará el jueves 15 de diciembre a un encuentro nacional de personas hipoacúsica. Y luego, acompañará a algunas víctimas a realizar las denuncias ante el fiscal Cartasegna.

Montero también aseguró que impulsará la revisión de la actuación que tuvieron en este tema los organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es el organismo encargado de analizar el ingreso al país de los sacerdotes.