La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina denunció que la Iglesia Católica mantiene una deuda social respecto de este flagelo, ya que sostiene estructuras institucionales que continúan vulnerando los derechos de los sobrevivientes.

La organización dio a conocer el informe “Deuda social de la Iglesia Católica en Materia de Abuso Sexual del Clero”, en el que evaluó diversos criterios para determinar que la institución no modificó las estructuras, que permiten sostener el sistema de encubrimiento de los y las religiosas acusadas de abuso sexual.

Qué alcances tiene la medida que elimina el secreto pontificio para abusos sexuales

La resolución papal conocida este martes y que implica eliminar el secreto pontificio para casos de abuso sexual por parte de representantes de la Iglesia "es un gesto por el cual la Iglesia podría informar a la víctima cada vez que solicite información sobre el estado de su causa, cosa que hoy no puede hacer", sostuvo a este medio Carlos Lombardi, abogado especialista en Derecho Canónico, aunque agregó: "Habría que ver si lo llevan a cabo".

En el documento, los integrantes de la Red analizaron cinco variables: el contexto de privilegios y prebendas legales de la Iglesia Católica en Argentina, las acciones llevadas a cabo por el Papa Bergoglio para sostener el sistema de encubrimiento, las investigaciones canónicas y, finalmente, los casos en que interviene la Red a pedido de los sobrevivientes.

El informe se conoce en medio del proceso judicial que se concreta en Mendoza por los abusos en el Instituto Antonio Próvolo. En noviembre, la Justicia condenó a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Horacio Corbacho y al jardinero Armando Gómez, y ahora está en marcha el  proceso previo al inicio del segundo juicio, en el que están imputadas ocho personas, entre ellas, las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez.

Conclusiones

En cuanto al primer criterio analizado, el sistema de prebendas legales, el informe determinó que este se basa en cuatro pilares: la Constitución, que garantiza sometimiento económico; el concordato firmado en 1966, que permite un ordenamiento jurídico paralelo al del Estado; el artículo 146 del Código Civil, que le otorga a la Iglesia el estatus de “Estado dentro de otro Estado”, y un conjunto de leyes que otorgan millonarios privilegios fiscales.

El documento detalla la necesidad de que el Estado Argentino denuncie el Concordato ante organismos internacionales y derogue las leyes que lo habilitan, ya que esto permite el funcionamiento de los tribunales eclesiásticos, donde los religiosos se juzgan entre ellos y se violan las garantías del debido proceso de los sobrevivientes.

Para los sobrevivientes de abuso, la última medida del Papa es despreciativa

La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina publicó este viernes un comunicado a través del cual manifestó su repudio al levantamiento del secreto pontificio, establecido por el papa Francisco esta semana. "Es un intento de dar un barniz de credibilidad", cuestionó la organización de sobrevivientes.

“Cabe recordar que el ejercicio de la libertad religiosa no es absoluto, sino que está sujeto a limitaciones y regulaciones, como cualquier libertad dentro del Estado Constitucional de Derecho. Por lo tanto, el Estado argentino debería denunciar en sede internacional el Concordato de 1966 y derogar la legislación nacional que permite su vigencia”, dice el comunicado.

Otro de los aspectos que se analizó es el cumplimiento de la Iglesia de las convenciones internacionales de Derechos Humanos. Concluyó que la institución se encuentra en estado de “morosidad e incumplimiento” frente a las recomendaciones que le hicieron los organismos.

En el informe se destaca que, si bien la Santa Sede dejó sin efecto el secreto pontificio, es decir, la orden de silencio a todos los estamentos de la curia ante una denuncia de abuso, no modificó las pautas del derecho canónico. Se explica que ese es el mecanismo que permite mantener vigente la estructura de encubrimiento.

Dictaron una condena histórica contra los sacerdotes abusadores del Próvolo

Los sobrevivientes de abuso del Instituto Antonio Próvolo no mienten, nunca mintieron. Por eso, la Justicia condenó a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho a 42 y 45 años de prisión respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años por abusar y corromper a diez exestudiantes sordos que asistían a la sede de calle Boedo, Luján de Cuyo.

Otro de los puntos analizados fue lo que consideraron acciones clave del Papa Bergoglio “para sostener el sistema de encubrimiento”. Denunciaron 70, entre las que se destacaron el nombramiento de acusados de abuso en cargos importante dentro de la Santa Sede, la falta de cumplimiento de las recomendaciones que hicieron organismos internacionales respecto del tema, el sostenimiento de la estructura del derecho canónico y la falta de un registro de abusadores/as y acusados de abuso sexual.

Otro criterio que se analizó fue la garantía de defensa en juicio en las investigaciones y procedimientos canónicos, así como las respuestas que dio la Iglesia a la Justicia ordinaria. En cuanto al primer aspecto, se destaca que la falta de modificación de las investigaciones canónicas permite que se avalen "el oscurantismo, la violación de garantías y el traslado de encubridores y pederastas". En cuanto a la respuesta que la Iglesia Católica brinda a la justicia estatal, el informe detalla que “ahí se observa el verdadero rostro de su conducta abusiva, autoritaria y cruel”. Se ejemplifica con casos específicos, como los del Próvolo y el del Cristo Orante en Mendoza, donde “evade el cumplimiento de obligaciones legales y procesales, invocando privilegios”.

Próvolo: Bordón se declaró culpable y lo condenaron a 10 años

En un juicio abreviado, el ex administrativo admitió que cometió los 11 delitos que le imputan por abuso sexual y corrupción de menores. Fue contra cinco chicos y chicas. La querella aseguró que esto le da veracidad al testimonio de las víctimas. ...

“Las reformas que la iglesia ha llevado a cabo en nuestro país se proyectaron a la elaboración de protocolos, líneas guías de actuación, documentos y medidas de profilaxis que lejos están de asegurar el ejercicio de derechos a las víctimas y sobrevivientes”, asegura el informe.

El trabajo concluye con la enumeración de los 36 casos en los que la Red actúa a pedido de los sobrevivientes en todo el país, así como una descripción del trabajo que realizan con el objetivo central de prevenir los abusos y acompañar a las personas afectadas y a sus familias.

El informe consigna que la organización basa su acción en un permanente trabajo en equipo, entre las y los sobrevivientes, y los y las profesionales, ya que ofrece asesoramiento legal y acompañamiento psicológico tanto a sobrevivientes como a sus familiares.