La autora del proyecto de ley orientado a la efectiva aplicación de la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, Liliana Vietti, estuvo presente en la audiencia legislativa del último lunes, donde decenas de organizaciones sociales emitieron un comunicado al vicegobernador Carlos Ciurca, reclamando que se agilice y garantice el tratamiento de la iniciativa.

La diputada radical  acompañó a las y los militantes de género acostumbrados a mantener la guardia en alto ante los continuos atropellos que sufren los derechos de las mujeres. Esta vez, la amenaza recae sobre la posibilidad de que el proyecto, que ya presenta media sanción de la Cámara Baja, quede cajoneado debido a las dilaciones que muestra su tratamiento en las comisiones correspondientes, instancia fundamental para luego poder ser votado definitivamente en el recinto.

Vietti sospecha que la demora es una estrategia más de los legisladores y las legisladoras que responden a los sectores más conservadores de la sociedad mendocina para que permanezca obstaculizado el cumplimiento del Artículo 86 del Código Penal, que no pena los abortos en todos los casos de violación o cuando corre peligro la salud o la vida de la gestante.

El artículo fue avalado el 13 de marzo pasado por la Corte Suprema de Justicia a través de un fallo, justamente por las sistemáticas infracciones  que se presentan cada vez que una mujer solicita la interrupción de un embarazo encuadrándose en los casos que contempla la legislación.

Pronunciamiento que, cabe aclarar, las autoridades provinciales han desoído de modo imprudente, provocando la necesidad de una norma que garantice el cumplimento de este derecho que rige sobre la salud de las mujeres.  “Si el Gobernador hubiera acatado el fallo de la Corte, el protocolo ya estaría siendo utilizado en nuestros hospitales, las mujeres estarían más protegidas y nada de todo este desgaste legislativo hubiera pasado”, señala la diputada.

¿Por qué el proyecto no será tratado el martes pasado como estaba estipulado?

Los argumentos de la postergación han girado en torno a que al tratarse de un “tema delicado”, los senadores aún necesitan más tiempo para estudiarlo y analizarlo.  Lo cual me resulta bastante poco convincente y complicado de entender porque… ¿tener la necesidad de estudiar una ley de 1921? No estoy diciendo del siglo XXI, sino que hablo de una legislación que data de hace casi 100 años, es muy poco creíble.   ¿No han tenido tiempo los legisladores de leer lo que establece el Código Penal desde hace décadas y décadas? ¿Y de leer la ratificación del Artículo 86 del Código que hace ocho meses pronunció la Corte Suprema? El proyecto lleva ya cerca de dos meses en el Senado ¿Y todavía necesitan seguir estudiándolo, cuando simplemente se trata de establecer por ley un procedimiento que haga cumplir un derecho constitucional? Me cuesta creer que ese tiempo sea verdaderamente destinado a estudiar. La dilación del tratamiento me resulta más convincente.

¿Qué trayectoria ha tenido el proyecto en las comisiones de Senadores?

El proyecto debe pasar por las comisiones de Salud y Legislación y Asuntos Constitucionales. Si bien en Salud ya se trató en distintas audiencias,  aun no sale de esa comisión. Eso ha sucedido básicamente porque al no darles los votos no se animan a emitir un despacho negativo y girarlo a Legislación y Asuntos Constitucionales. Eso suele darse en las leyes de la Legislatura, el hecho de que dos comisiones tengan opiniones diferentes. En Diputados pasó lo mismo, no hubo los votos necesarios en la comisión de Salud para emitir un despacho, tampoco se emitió un despacho de archivo. Lo que hicimos fue que los más de 29 firmantes del proyecto solicitamos en reunión de presidentes del bloque llevarlo al recinto, con o sin despacho. El despacho no se lograba porque no daban los votos, demasiados de ellos plagados de grupos confesionales, por eso se decidió llevarlo sin despacho y, a suerte y verdad, en los votos el proyecto resultó mayoritariamente apoyado y aprobado.

De alcanzar los despachos y ser tratado definitivamente el proyecto, ¿cuáles son sus expectativas?

De acuerdo a mis charlas personales con los senadores, tengo esperanza  porque son más los que están a favor que los que están en contra, pero entiendo que es difícil porque está mucho más dividido que en Diputados. Es necesario remarcar que, si bien son más los que están a favor de la implementación de la guía que los que se oponen, hay una conducción que indudablemente  está entorpeciendo la aprobación, que no son más ni menos que las barreras que se les ponen a las mujeres cuando pretenden acceder a este derecho, en este caso barreras legislativas. Las hay de todo tipo.

¿Qué pasaría si, finalmente, el proyecto se archiva debido a esta demora legislativa?

Pienso que lo se busca es justamente que no se trate, con lo cual la mejor acción para seguir es exigir –como han hecho las organizaciones sociales este lunes- el tratamiento. Si se tratara y resultara desfavorable el voto del Senado o si fuese directamente al archivo, las organizaciones y las personas que están de acuerdo con la aplicación del protocolo y batallando su correcta aplicación llevarán adelante las acciones necesarias para que el gobernador a través del ministerio de Salud emita la resolución del cumplimiento y aplicación efectiva de la guía.  Pero si hasta el momento no lo ha hecho, pudiese haber ahorrado todo este desgaste legislativo, tampoco es una garantía que emita la resolución ministerial.

Otro camino que pudiera tomar el proyecto es que se aprobara y que después resultara vetado por el Gobierno provincial. Por eso digo que las opciones de lo que puede llegar a suceder son variadas. A esta altura, después de 50 días en la cámara de Senadores, siempre lo más conveniente es que la iniciativa tome el cauce normal, que se trate en breve y en los términos correspondientes.

Las opiniones ya fueron escuchadas todas,  a favor y en contra, legales y técnicas de clínica médica. Ahora lo  que hay que hacer es tener el coraje de decidir y votar de acuerdo a lo que se piensa pero dejando de lado la objeción de conciencia.  Acá no vale la objeción de conciencia, porque la ley ya existe. El que vota en contra es el que ha decidido no respetar el Código Penal, por ende, el derecho que les cabe a las mujeres. Y el que vota a favor está dando un procedimiento para la aplicación concreta al Artículo 86, en sintonía con el Código Penal, con la Corte Suprema y principalmente a favor de la salud de las mujeres.

¿Qué importancia tiene el pronunciamiento del Gobernador sobre este tema?

Es fundamental que rompa el silencio, hace meses lo debería haber hecho, porque como exhortaba el fallo de la Corte Suprema de Justicia, si el gobernador a través de su ministro de Salud emitía la resolución de aplicación de la guía, la ley no hubiese hecho falta. Es atribución del Ministerio de Salud vía resolución ministerial hacer cumplir efectivamente el protocolo.

Ante ese silencio y ese vacío es que desde el mes de marzo estamos instando a que se dicte el protocolo de atención integral de los abortos no punibles.  De haberlo hecho, la ley no hubiese sido necesaria, ni este debate, se hubiese zanjado definitivamente y las mujeres de la provincia estarían más protegidas.

¿A qué atribuye el silencio oficial?

Creería que es la objeción de conciencia, justamente lo que no debe utilizarse como excusa en un Estado laico. El ministro de Salud administra y presta salud a la totalidad de los mendocinos, no a un solo sector. Y él mismo dijo que sería una torpeza no escuchar a la Iglesia. Yo digo que la Iglesia es un grupo más de la sociedad, no es toda la sociedad mendocina. Además hay otros grupos confesionales dentro de la Iglesia, como por ejemplo las Católicas por el Derecho a Decidir ¿Las escuchan a ellas el Ministro o el Gobernador? Si tanto interés tienen en escuchar a la Iglesia, que la escuchen en su totalidad entonces.

De todas maneras, hay que salir de allí y escuchar  a la sociedad en su conjunto: a las organizaciones  sociales, a los gremios, a los ateos, a los agnósticos, a los académicos. El ministro de Salud es ministro de todas y todos, no de un solo sector, que además se acota a un segmento.