Por Patricia González Prado, doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico Política (UAB), magíster en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía (UB), directora de la Diplomatura en Intervención y Análisis de la Violencia de Género en el ámbito socio-jurídico, autora de “Aborto y Autonomía Sexual de las Mujeres” (Ediciones Didot 2018).

Posicionarnos en relación con el aborto implica conjugar reflexiones jurídicas, sanitarias, sociales, filosóficas y económicas, como mínimo. Dar un debate legislativo sobre cómo ha de tratarse legalmente el aborto circunscribe esas reflexiones al objetivo de responder a dos preguntas medulares:

1. ¿La cuestión del aborto debe y/o puede ser resuelta por el derecho penal en nuestro país?
2. ¿El Estado debería desarrollar políticas públicas en relación con la realidad del aborto en Argentina?

La primera intenta responder a la demanda de despenalización del aborto. La segunda, a la de legalización. La propuesta de esta nota no es imponer certezas, sino abrir preguntas, por lo que me limitaré a abrir algunas e intentar visibilizar por qué las simplificaciones que escuchamos de muchos/as referentes políticos esconden el eje del debate y dan cuenta de su ignorancia de una problemática fundamental en la vida de las mujeres.

En relación con la primera pregunta, agrego:

1. ¿La penalización parcial que tenemos desde el año 1922 ha evitado abortos? ¿Trata de la misma manera a mujeres ricas, de clase media y de sectores populares?
2. 1) ¿Qué ha hecho el Estado para evitar embarazos involuntarios? ¿Cuáles han sido sus preocupaciones, asignaciones de recursos y políticas públicas desarrolladas ante la evidencia de 500 000 abortos que se realizan en nuestro país por año? ¿Las políticas públicas deben representar posicionamientos de una religión particular? ¿Implementó el Estado de manera integral y con equidad territorial la educación sexual integral? ¿Garantiza el Estado el acceso al aborto no punible, vigente desde 1922, en los hospitales públicos? ¿Hay posibilidad de desarrollar políticas públicas, por fuera del ámbito punitivo de los delitos, que logren reducir los embarazos involuntarios y, con ello, la cantidad de abortos?

Seguro a Ud. se le ocurrirán más preguntas; agréguelas y busque las respuestas. Este es un debate del que debemos participar todos y todas, y para ello no debemos evitar la complejidad del análisis. El desafío es no repetir frases hechas y animarnos a valernos de nuestro propio entendimiento de esta problemática multicausal.

Hipocresías y falsas antinomias

Advierto una enorme disparidad en los argumentos que pretenden presentarse como antagónicos. Así, unos aparecen plagados de ignorancia respecto de la realidad del aborto en Argentina, e hipocresía, por presentar argumentos vacíos y falsas antinomias:

1. "Estoy a favor de la vida, por eso me opongo al aborto": quienes exigimos, por razones de justicia social, derechos humanos y salud pública, el acceso al aborto libre, seguro y gratuito también estamos a favor de la vida. Luchamos porque las mujeres no mueran o queden mutiladas o lesionadas por practicarse abortos en condiciones inseguras. Luchamos porque los 500 000 abortos que se realizan por año en este país no sean perseguidos y/o privatizados, porque efectivamente podamos reducir la cantidad de abortos, algo para lo cual la penalización parcial que tenemos no ha mostrado eficacia alguna.
2. "Pienso en los latidos de mi hijo y me cuesta estar a favor del aborto": resulta incomparable una experiencia de maternidad/paternidad elegida, a la cual hacemos un lugar fundamental en nuestras vidas, a la decisión autónoma de interrumpir un embarazo. El debate legislativo no debe centrarse en la propia experiencia de maternidad o paternidad de los y las legisladoras, sino en dar solución jurídico-política a una problemática de salud pública. El tipo de argumentos pseudosensibleros referidos no hace más que confundir el eje del debate. Despenalizar y legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar un proyecto de hijo/a deseado, sino que da garantías jurídicas, de salud pública, sociales y también psicológicas para que la autonomía sexual de las mujeres sea respetada y no perseguida como crimen, enfermedad o pecado.
3. "No estoy a favor del aborto": el debate no centra en si cada legislador/a se realizaría un aborto en algún momento de su vida, sino en la solución política que en un Estado de Derecho ha de dar a la cuestión del aborto. Sacarlo del ámbito penal de los delitos, que se ha mostrado completamente ineficiente para regularlo, y situarlo en el de las políticas públicas, sanitarias y sociales es precisamente lo que será objeto de discusión legislativa.

El aborto, como el embarazo, compromete exclusivamente los cuerpos de las mujeres y varones trans que los atraviesan, y con ello, de manera central nuestra autonomía y vida. La habitabilidad de este mundo en tanto sujetas requiere de normas de reconocimiento como tales. Las mujeres no podemos decirnos libres mientras la legislación pretenda imponernos decisiones que implican apropiarse de nuestros cuerpos y tratarnos como vasijas reproductivas, contenedoras de un valor que nos trasciende a la vez que nos objetualiza. Mientras la penalización parcial se mantenga, las mujeres llevaremos una marca legal de esclavitud, al ser consideradas “un medio” para los fines de otros/as y no un fin en nosotras mismas.