El plenario de comisiones del Senado, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, buscará este jueves emitir dictamen de la iniciativa cuando finalice la cuarta jornada de debate. Ayer, la discusión entre los expositores giró en torno de las disertaciones de sanitaristas y expertos en medicina legal, que discreparon sobre los efectos que podría tener la aprobación de la ley.

En el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, expusieron ayer miércoles 25 especialistas de distintas áreas del ámbito de la salud, entre quienes se destacaron la ginecóloga Cecilia Ousset; la licenciada Sonia Tarragona, subsecretaria de medicamentos e información estratégica del Ministerio de Salud de la Nación; Analía Messina, médica tocoginecóloga y jefa del servicio de Obstetricia del Hospital Álvarez, y el exsecretario nacional de Salud, Adolfo Rubinstein, identificado con el macrismo y que defendió el proyecto de IVE. También expusieron dos invitadas internacionales: Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad de España, y la médica uruguaya María Lourdes González Bernardi, docente de bioética en la Universidad Católica del Uruguay. 

Uno de los puntos más debatidos durante el plenario de este miércoles fue la incidencia de la ley de IVE sobre la mortalidad por complicaciones relacionadas con el embarazo: mientras los expositores antiderechos dejaron en claro que, según su postura, no se reducirían las tasas en caso de que el aborto dejase de practicarse de manera insegura, profesionales de la salud que trabajan en la atención de personas que solicitan la interrupción del embarazo opinaron lo contrario. “Por cada mujer fallecida a causa de un aborto inseguro, existe una proporción mucho mayor de mujeres que padecen complicaciones que ponen en riesgo su vida”, señaló Messina, a lo que Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del Conicet, agregó: “Las muertes por abortos inseguros son todas evitables y sabemos que la legalización contribuye en este sentido”.

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Por su parte, Bernardi sostuvo que en Uruguay, "en los cuatro años previos a la legalización del aborto en el país, teníamos mortalidad materna por aborto provocado de cero". La médica uruguaya fue contundente en su relato sobre lo que, según su punto de vista, ocurrió en el país vecino: “El número de abortos aumenta, la mortalidad materna no disminuye, la clandestinidad no se elimina, la objeción no se respeta y el aborto es considerado una emergencia sanitaria”.

Para desmontar otro de los mitos sobre la ley IVE, el del costo para el sistema de salud pública de esta norma en caso de convertirse en ley, durante su exposición, la funcionaria Sonia Tarragona, que actualmente integra el Ministerio nacional de Salud, mostró un informe, publicado en 2019 y actualizado este año, que comprueba que “el 75 % de las interrupciones del embarazo tiene contacto actualmente con el sistema público de salud, aunque el aborto se haya producido por fuera del mismo”. Explicó que el costo actual de los abortos inseguros o extrasistema –es decir, de las prácticas asociadas a ellos, como pueden ser las hemorragias o los daños internos que se producen– llega anualmente a 51 900 millones de pesos, suponiendo un total de cerca de 457 mil abortos al año. “La diferencia es indiscutible. Hoy estamos gastando mucho más por no hacer los abortos en el sistema legal”, afirmó Tarragona, y remarcó: “Es falaz creer que nos va a costar más caro como sistema de salud”.

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Este jueves seguirán las exposiciones a partir de las 9.30 de la mañana y se espera que haya dictamen a última hora de la tarde. Desde las cuatro de la tarde, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a esperar las novedades en las inmediaciones del Congreso y en todas las plazas del país, en el marco de una acción de carácter federal. 

Al finalizar la última audiencia, los legisladores debatirán entre ellos para, finalmente, pasar a la firma del dictamen con la intención, en principio, de debatir el proyecto en la sesión del martes 29 de diciembre.

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El proyecto fue girado al Senado luego de la sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio que el que obtuvo cuando fue aprobado en 2018.

Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.