La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal desde el 30 de diciembre de 2020 en Argentina y, tal como sugieren los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, el método más usado es el farmacológico. Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Regional Mendoza advierten las ventajas del método, pero también señalan la necesidad de que la salud pública fortalezca el sistema, los insumos y la formación para ofrecer la posibilidad de AMEU (aspiración manual endouterina), un método quirúrgico menos invasivo que el legrado y con tasas de efectividad cercanas al 100 %.

La Red estima que alrededor del 80 % de los abortos se garantizan en la salud pública, pero en el primer nivel —los centros de salud, que tienen mayor alcance territorial— solo ofrecen el método medicamentoso. El AMEU queda reservado para situaciones específicas que los hospitales de segundo y tercer nivel dispongan y para el sector privado. Esto genera desigualdad entre quienes quieren acceder al derecho: solo pueden elegir el método si lo hacen en el sector privado, pero si lo hacen en el público, el sistema elige por la persona.

La división en la garantía entre las salitas y los centros de alta complejidad es una forma de organización del sistema, anticipó la tocoginecóloga Valentina Albornoz, jefa del Programa Provincial de Salud Reproductiva. En otras provincias, el AMEU se garantiza también en primer nivel y tiene que ver con decisiones de gestión que después se traducen en estrategias concretas, explicó. Es cuestión de elegir la política a desarrollar: “Son decisiones que dependen de qué capacidad instalada tenemos o no. Porque aparte del insumo requiere profesionales y tiempo”, puntualizó.

Albornoz destacó que, progresivamente, en las maternidades están tratando de suplir la técnica del legrado —que ya no se recomienda ni siquiera para completar interrupciones espontáneas— por evacuación por aspiración. Para que la técnica de AMEU también se extienda como una opción que mujeres y otras personas con capacidad de gestar pueden elegir en sus abortos, señala la médica, se debería hacer una evaluación y relevamiento de qué recursos —materiales y humanos— hay para, así, ver qué insumos y formación faltan.

La efectividad de la AMEU es superior al 98 % y su tasa de complicaciones graves es menor a 1 %, sostienen desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. También destacan que hay profesionales de la medicina —no solo de ginecología y obstetricia, sino también de familia, generalistas y otras disciplinas— que pueden hacer un abordaje interdisciplinario e integral en quienes quieren acceder a la interrupción del embarazo. Por eso se ponen como objetivo concreto que la técnica de aspiración manual endouterina también sea, progresivamente, garantizada en el primer nivel de atención.

¿Cómo acceder a un aborto?

La Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) se reconoció como derecho en Argentina el 30 de diciembre de 2020, con la sanción de la ley 27610. El aborto no solo se despenalizó —es decir, se dejó de considerar delito— sino que también se legalizó —es decir, se estableció que el sistema de salud debe garantizarlo—. Poco a poco, las provincias van adaptando su estructura para apegarse a la ley, pero el proceso es largo.

La jefa del Programa de Salud reproductiva confirmó que el método más usado actualmente para las IVE e ILE es el medicamentoso, con un protocolo combinado de dos fármacos: mifepristona y misoprostol. La primera droga mejora la efectividad, pero también puede hacerse utilizando solo la segunda. Según afirman desde la Red y confirman desde el Programa, la adquisición de esas pastillas actualmente es provincial: por tratarse de compras grandes, explicó Albornoz, desde farmacología llaman a licitación y adquieren los más convenientes. Aquellos tratamientos que aún tienen desde Nación son los sobrantes de la gestión pasada porque el Gobierno actual no ha vuelto a enviar insumos.

La mujer o persona con capacidad de gestar que necesite información o quiera acceder a un aborto puede llamar al 0800-222-3444, que es la línea nacional de salud sexual —todavía vigente—. Ahí la orientan según dos filtros iniciales: primero, si tiene o no obra social; segundo, en dónde vive. De acuerdo al área sanitaria que pertenezca, la van derivando a donde corresponda para hacerse los estudios previos, agendar una consulta y recibir la medicación.

De todas formas, resaltó Valentina Albornoz, las consultas por la línea telefónica han disminuido y las consultas por demanda espontánea en centros de salud han aumentado. Por eso están capacitando en el acceso a la salud sexual a todo el personal administrativo y de enfermería que trabajan en lo que llaman “dispositivo de puerta de entrada”. Sucede que allí es donde las personas que quieren acceder a su derecho a abortar reciben los primeros rechazos y malos tratos.

¿Por qué hablar de aborto el 28 de mayo?

En 1987, durante el V Encuentro Internacional de la Salud de las Mujeres, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso un día de acción global. Se conmemoró por primera vez el 28 de mayo de 1988 con el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna. Querían visibilizar que las muertes a causa de la gestación eran uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, porque afectan de manera abrumadora a mujeres de los países más pobres, para quienes ser madres a menudo implica un riesgo de vida.

Parece clave entender que para garantizar la salud integral de mujeres y disidencias, hay que dedicarle particular atención a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Por eso el 28 de mayo es, en América Latina y el Caribe, un día para pensar en el acceso al aborto. Para los feminismos latinoamericanos es una lucha activa porque es una práctica criminalizada en casi todos los países. De hecho es la fecha de surgimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, emblemática a nivel nacional e internacional. 

Argentina fue el segundo país de la región en legalizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y por eso las demandas a nivel local tienen que ver con que se garantice. Las organizaciones que siguen de cerca la implementación de la ley 27610 en general llaman la atención sobre las desigualdades territoriales: aún sigue siendo más difícil acceder en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Desde 2011, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso una nueva modalidad para conmemorar esta fecha: una Campaña (Permanente) por la Salud Integral y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Mujeres y Niñas. Toma en cuenta la definición holística e inclusiva de la Organización Mundial de la Salud: "El derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar".