¿Es lo mismo decir despenalización del aborto que legalización del mismo? ¿Es legal el aborto en determinadas circunstancias? Cuestiones como estas fueron abordadas en un sondeo del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano a fines de abril.

La encuesta consultó a cientos de mujeres y hombres, todos mayores de 18 años y habitantes de la ciudad de Buenos Aires, su opinión acerca de la legalización del aborto y los interrogó para determinar su conocimiento de la temática.

Legalización, el concepto adecuado

Una de las preguntas que encierra un error conceptual es: “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización del aborto que se propone?” El “sí” se quedó con el 51 % de los votos, pero la consulta debió haber sido sobre la legalización de la práctica, no sobre la despenalización. Es una confusión bastante común en estos tiempos de visibilización masiva de un debate ya antiguo, pero que vale la pena aclarar.

Despenalizar el aborto significa meramente eliminar los artículos que penalizan la práctica, tanto para la mujer o la persona con capacidad de gestar, como así también para el o la profesional de la salud que realice la práctica, siempre que sea con consentimiento y aceptación de la mujer o de la persona con capacidad de gestar.

“Hablar de legalización significa hacerlo ley; es decir, que la garantía de la práctica esté dada por políticas públicas del Estado. Al haber una ley sancionada por el Poder Legislativo, hay una obligación por parte del Poder Ejecutivo de aplicación de esa ley”, aclara al portal Infonews Celeste Mac Dougall, militante de La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El mapa de la legislación del aborto

Cómo se regula la interrupción voluntaria del embarazo en el mundo.

No punible no equivale a legal

Otra de las preguntas –en una encuesta que incluye otras cuestiones como la situación económica y la desaparición del submarino ARA San Juan– dice: “¿Sabía que en la Argentina el aborto es legal en algunas circunstancias?”.

No es lo mismo hablar de la (inexistente) legalidad de la práctica –que redundaría en un sistema sanitario apto para la misma,  a través de políticas que faciliten su implementación— que del concepto real, que es el aborto no punible.

Los abortos no punibles son aquellos que se encuentran autorizados por el art. 86 del Código Penal desde el año 1921, y que las mujeres pueden solicitar en casos de violación, riesgo de vida de la mujer o persona gestante. Solamente en estos escenarios se omite la penalización.

“Toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”, afirma el primer artículo del proyecto de ley que se votará en la Cámara baja el 13 de junio. Lo que se busca es que la mujer o persona gestante no tenga que dar más causas que su propia voluntad para que se realice la práctica.