Como es de público conocimiento, el gobernador Francisco Pérez -  al igual que sus pares de Salta y La Pampa, Juan Manuel Urtubey y Oscar Jorge respectivamente -  se mostró disconforme con la interpretación que el máximo tribunal hizo el 13 de marzo pasado del artículo 86 del Código Penal que permite a todas las mujeres violadas interrumpir su embarazo sin la necesidad de solicitar una autorización judicial.  

Su posición contraria a la decisión de la Corte se reflejó en las declaraciones que el último jueves hizo a la prensa cuando argumentó que el fallo en cuestión se basa en " un caso particular" y que por lo tanto “ no forma parte de una legislación nacional ni provincial", en consonancia con la postura adoptada por Urtubey un día antes.

Los cuestionamientos que inmediatamente recibieron ambos gobernadores de parte de los sectores que defienden los derechos de las mujeres y de constitucionalistas que coinciden con la ratificación hecha por el máximo tribunal, los llevó posteriormente a asegurar que de todas maneras Mendoza y Salta trabajarán en proyectos de protocolorización. Aunque en el caso mendocino se desconocen los detalles de esta medida.

Sucede que ante tantas contradicciones nada garantiza que en la provincia se termine por cumplir con lo establecido por Corte. En este punto, es importante destacar que si el Senado mendocino  hubiese dado lugar a la discusión y posterior aprobación de un proyecto sancionado en Diputados hace dos años atrás que se orienta a hacer efectivo el artículo 86 del Código Penal, ya estaría en pleno  cumplimento  - y sin ninguna obstaculización -  este derecho constitucional  que corresponde a las mujeres víctimas de violación.

Se trata de una iniciativa creada por el ex diputado del PIM Ricardo Puga, conocido como “el protocolo de aborto no punible”.  Este proyecto   fue elaborado en 2008, aprobado ampliamente  por la Cámara Baja el 11 de agosto de 2010 y remitido inmediatamente a la Cámara de Senadores. “Sin embargo nunca fue tratado por los senadores correspondientes, ni antes ni después de la renovación legislativa”, explicó Puga a NUDigital tras ser consultado sobre el estado de la iniciativa y las características de la misma.

Puga definió a su cajoneado proyecto como  “la normativización de una ley que ya existe”, en referencia a los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal que dispone  la legalidad de la  interrupción del embarazo cuando se trate de “una mujer violada, una menor discapacitada, o que corra peligro la salud o la vida de la madre.” Con este fin, la iniciativa propone que “se proceda a la realización del aborto en un plazo no mayor de seis días de solicitada la intervención”.

Según explicó el ex legislador, la iniciativa dispone que el estado provincial garantice en todos los efectores de salud público profesionales dispuestos a llevar a cabo la intervención. Esto último como respuesta al problema que representan las negativas de algunos médicos a realizar las interrupciones de embarazo amparándose en las llamadas “objeciones de conciencia”.

No obstante, ningún punto de esta iniciativa ha sido tratado aún por los senadores que integran las comisiones encargadas de retomar el tratamiento sobre el proyecto. Estas son Salud, presidida por el demócrata Ernesto Corvalán, y Asuntos Constitucionales, comanda por el justicialista Leonardo Giacomelli, ambas de la Cámara Alta.

Para Puga esta falta de interés por reflotar el debate sobre una cuestión vital para la salud de las mujeres, especialmente de las más pobres, dentro de la casa de las leyes se vincula con “la evasión de muchos legisladores a sentar posición sobre un tema tan importante y polémico a la vez”.

En vista al contexto favorable para la discusión legislativa que promueve el fallo de la Corte,  NU Digital pudo consultar a Giacomelli sobre la posibilidad de que el proyecto de Puga sea tratado definitivamente antes de que pierda estado parlamentario.  Si bien el senador afirmó estar al tanto de la existencia de la media sanción de la iniciativa, reconoció no haberla leído y por lo tanto, “no encontrarse en condiciones de pronunciarse al respecto”. Sin más, señaló que el próximo miércoles, fecha en que se reúne la Comisión, “podría tratarse el tema”.

De esta manera, queda demostrado que Mendoza tiene las herramientas necesarias - tanto en la voluntad del gobernador Pérez de acatar lo establecido por la Corte, y de los senadores de sancionar de una vez por todas la postergada iniciativa de Ricardo Puga - de cumplir y hacer cumplir el derecho al aborto en caso de violación que la Justicia argentina no condena.