Abogados civiles y de familia aseguran que esos fueros no están funcionando durante la cuarentena obligatoria como dice afirmar el Gobierno. Frente a un caso de despido o incumplimiento de pago de alimentos, las y los damnificados no pueden defenderse ya que los letrados no pueden presentar recursos ante la Justicia porque no tienen permiso para circular, no están digitalizados y las respuestas de los jueces a casos urgentes no son rápidas. Aseguran que cuando el aislamiento social se levante, "lloverán las demandas", porque detrás de cada reclamo "hay un problema humano".

Andrea Disparte, presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, sostuvo a Unidiversidad que “en cuarentena la justicia civil y de familia no funciona” y que la consecuencia de esto es que “el justiciable que espera una sentencia no la va a tener porque no se pueden realizar audiencias ni los profesionales pueden ir a Tribunales, quedando los expedientes paralizados”.

La jurista remarcó: “No podemos ir a los estudios a buscar lo necesario para trabajar, es decir, computadoras, documentos, impresoras o escaners. En los casos se puede avanzar, pero hasta cierto punto, porque hay determinados actos que requieren la presencia de las dos partes frente a un juez. En Familia, la Justicia funciona para casos de violencia de género, lo cual está perfecto, pero no para reclamar alimentos".

Sol Villareal, abogada laboralista, comentó a Unidiversidad que los profesionales están con las “manos atadas” frente a las necesidades de los clientes que esperan respuestas rápidas en medio de la pandemia. “Estamos limitados totalmente para asesorar y asistir a un trabajador frente a los despidos que están ocurriendo. La tecnología no va acorde a la realidad, no estamos a la altura, ya tendríamos que estar digitalizados. Necesitamos que se  permita la consecución en los expedientes judiciales y que la inactividad de los justiciables se vea reducida a su mínima expresión. Esto se ha pasado por alto, pero detrás de cada expediente hay una problema humano”.

Prohibieron los despidos y las suspensiones por 60 días

El Gobierno prohibió despidos y suspensiones. La decisión fue oficializada por decreto luego de que, en las últimas jornadas, Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia de coronavirus y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria.

Los despidos y las suspensiones están prohibidas por el Gobierno nacional, ambos por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo como consecuencia de la emergencia declarada por la pandemia. El Decreto 329/20 fue emitido el 31 de marzo luego de que se conociera el intento del Grupo Techint de despedir 1 450 trabajadores. El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, por su parte, dijo durante una videoconferencia ante la Comisión de Salud del Senado Nacional que por la caída de la actividad económica provocada por el aislamiento por el coronavirus "no se ha registrado una pérdida de empleo de manera extraordinaria".

Sin embargo, Villareal contó que todos los días habla con clientes que le explican la situación económica en la que se encuentran debido a irregularidades por parte de sus empleadores. “Hay empresas muy grandes, no micro empresas, que han despedido, suspendido o dado vacaciones a los empleados. Hay un abuso de la situación y no podemos hacer nada frente a eso. Es un caos”, explicó.

La abogada comentó, por ejemplo, que empresas de Mendoza de transporte de larga distancia solo han abonado un 40 % de los salarios y comunicaron a sus delegados y empleados que no van a pagar el resto.

Otro obstáculo que tienen los abogados y sus clientes es la imposibilidad de realizar notificaciones porque los días se declararon inhábiles hasta el 26 de abril, fecha en la que supuestamente finalizará la cuarentena obligatoria. “Han habilitado a las Cámaras y a la Corte a dictar sentencias, pero esa decisión no es notificada. Entonces si el profesional debe recurrir, no puede hacerlo. Además, si una sentencia condena a pagar salarios o indemnizaciones, no hay forma de exigir que eso se haga porque todo queda en lo formal”, agregó Disparte.

Los pedidos del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza le hizo a la Suprema Corte de Justicia una serie de pedidos para ampliar las actividades que pueden realizar durante la cuarentena. Quieren permiso para circular para ir a sus estudios jurídicos y a tribunales, agilización de la obtención de la firma digital de los colegiados, que se realicen audiencias virtuales para avanzar en los casos, que se puedan hacer pagos tras sentencias firmes a damnificados y profesionales mediante transferencias bancarias, y que las presentaciones de amparos y cautelares, homologaciones, procesos de alimentos, y medidas urgentes de familia, entre otras, se incluyan como actividades aptas para ser llevadas en forma remota.

Sobre la autorización para circular, Disparte aclaró que la Corte no tiene facultades para hacerlo sino que elevó el pedido a la Provinca para que esta haga lo propio al Gobierno nacional. La abogada también señaló que le enviaron una nota a la Subsecretaría de Trabajo para que atiendan las Oficinas de Conciliación Laboral para que se puedan pagar acuerdos entre empleados y empleadores. De estas dos solicitudes aún no tienen respuestas, advirtió.

Al respecto, Villareal afirmó: "Nadie pretende violar la disposiciones de emergencia sino que lo que se propone es  flexibilizarlas para poder dar respuesta y llevar tranquilidad al trabajador, más en esta situación que la gente no tiene para comer. Si la cuarentena no se flexibiliza, va a ser un caos. Luego van a 'llover' demandas por despidos, diferencias salariales o haberes impagos. Si las cámaras ya están colapsadas, lo van a estarán aún más".

Aumentaron 25 % las consultas por violencia de género en cuarentena

La línea 144 de atención a casos de violencia de género está recibiendo un 25% más de llamados y el Gobierno sumó esta semana otros canales de comunicación y adoptó medidas especiales para mujeres y diversidades en medio del aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia de coronavirus, que la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta analizó para Télam.