Hay algo en lo que todos coinciden al hablar del transporte de Mendoza: el marco regulatorio estaba desactualizado y no coincidía con los cambios que atraviesa la sociedad. La Ley de Movilidad tuvo sanción definitiva del Senado a finales de julio y luego de la promulgación permitirá, entre otros puntos, el ingreso a la provincia de las plataformas de transporte digitales, como Uber y Cabify.

Mendoza es pionera en el país al tener una ley de estas características. La ley de Transporte anterior regía desde 1993 y en 25 años hubo modificaciones del mercado y de la demanda de transporte. Sin embargo, la legislación tuvo varios frentes de conflicto: los taxistas reclamaron porque con la llegada de estas aplicaciones se reducía el mercado y las firmas internacionales no tenían la misma carga de impuestos que ellos sí debían pagar.

El artículo 52 establece que las plataformas digitales deben abonar una tasa de contraprestación fijada por la Ley Impositiva. Además, se regula la cantidad de horas de trabajo que los empleados de las apps de transporte deben tener: no más de ocho horas seguidas o 12 si se trata de horario partido.

Los conductores necesitan licencia de conducir habilitante y los autos no deberán tener más de 5 años de antigüedad, o 10 en el caso de los vehículos eléctricos. La ley establece sanaciones o suspensión de la plataforma, en caso de infracciones, considerando también el sistema de evaluación que realizan los usuarios en las apps y a través del Ente Movilidad Provincial EMOP).

¿Y el transporte de pasajeros?

El transporte público de pasajeros estará regulado por el sistema de movilidad metropolitano y dependerá de la unificación del sistema MendoTran. El nuevo esquema contemplará la ampliación de recorridos troncales, inter e intra departamentales y creará carriles exclusivos para micros.

Aseguran que agilizará el transporte urbano y mejorará la conectividad entre las zonas centrales. Las pruebas del Gobierno empezarán a finales de 2018.

Los “otros” transportes

Para los remises, la situación es similar. Además de la antigüedad máxima de cinco años, deberán estar conectados a un lugar fijo y contar con un cartel luminoso sobre el vehículo que indique que el mismo se encuentra libre.

Conflicto dos: el transporte escolar. Este servicio deberá transportar al menos tres niños que no sean hijos del conductor para ser considerado como tal y los autos no pueden tener  más de 10 años de antigüedad.  El enojo de las asociaciones vino en ese punto porque la ley anterior establecía un máximo de 20 años. Los conductores argumentaron que el 95 % de la flota no estaba en condiciones de salir a la calle y que 270 familias quedarían en la calle, dado que la situación económica imposibilita que las unidades cumplan con los requisitos estipulados.

En el Senado, el oficialismo dijo hasta al cansancio que se busca mejorar la calidad y eficacia del sistema. Los opositores, por su parte, expresaron que se trataba de una ley diseñada para el beneficio de las empresas extranjeras. El texto, aprobado por la Cámara Alta por 24 votos a favor y 14 en contra, tuvo el visto bueno de Cambia Mendoza, Podemos y una parte del Partido Intransigente.  

En un apartado, la ley estipula la necesidad de la libre competencia que permita a los oferentes “rivalizar” dentro del mercado y en este contexto, la competencia es clara: los directivos de las aplicaciones ya arrancaron con las capacitaciones, mientras que los choferes de taxis y remises llevarán su reclamo a la Justicia.