Hoy, 13 de marzo de 2013, se cumple un año desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), intérprete último de la Constitución Nacional Argentina, se pronunció respecto del alcance de la no punibilidad del aborto en nuestro país. En esa oportunidad la CSJN reconoció el derecho de cualquier mujer a interrumpir un embarazo producto de una violación, con su sola declaración jurada realizada ante el/la médico/a, sin necesidad de contar con autorización judicial ni denuncia policial.
La decisión del Máximo Tribunal es especialmente importante porque refleja la voluntad de saldar una disputa interpretativa que implicó durante años que el Estado argentino vulnerara los derechos de las mujeres a acceder a los abortos permitidos desde 1921.
Dada la trascendencia histórica de este fallo para todas las mujeres argentinas y para la propia consolidación del respeto por los derechos humanos en nuestro país, a un año de este pronunciamiento, celebramos la decisión política de trece provincias que, en virtud del mandato expreso de la CSJN, ratificaron la Guía Técnica de Atención Integral a los Aborto No Punibles, elaborada por el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, y/o elaboraron protocolos propios de atención.
Asimismo, nos preocupa e interroga la situación de las mujeres y niñas de once provincias argentinas que aún no han reglamentado con fuerza de ley protocolos de atención de abortos no punibles en sus jurisdicciones. No menos preocupante es la situación de quienes, por un lado, no logran efectivizar este derecho debido a trabas burocráticas, muchas veces producto de la falta de difusión y conocimiento de la normativa legal vigente en nuestro país y/o como consecuencia de una serie de requisitos que exceden o contradicen lo contemplado por la Corte para garantizar el acceso a los abortos no punibles, a través del ejercicio abusivo de la objeción de conciencia, de la obligatoriedad de comités interdisciplinarios y/o la intervención de ciertas oficinas del Estado, entre otros. Igual de alarmante resulta la ilegitimidad de la situación en distintas provincias del país, donde los tribunales de justicia son quienes se erigen en perpetuadores de violaciones a los derechos de las mujeres, desatendiendo el mandato del intérprete último de nuestra constitución nacional.
Por todo ello, quienes integramos esta red federal de más de 130 abogados y abogadas, venimos hoy aquí a exigir a las autoridades nacionales, provinciales y a los poderes judiciales en sus diferentes jurisdicciones que se respete el derecho al acceso a los abortos no punibles en los términos sentados por la Corte Suprema de Justicia Nacional en marzo del 2012, diseñando e implementando protocolos de acceso a esta práctica, así como evitando cualquier obstrucción en el ejercicio de este derecho.