La tasa de garantía de ILE/IVE en Mendoza está por debajo de la nacional

Sociedad

Un año después, y en virtud de la Ley 27610 de aborto legal, seguro y gratuito, ya son 1243 los que brindan tanto acceso a ILE (aborto con causales) como a IVE (aborto sin causales hasta la semana 14).

“Por supuesto que hay que seguir avanzando, no es que esto ya sea suficiente, pero se sumaron 340 en un año, que es mucho”, agregó Vizzotti. “Lo que tenemos que garantizar es que haya la mayor cantidad de lugares del sistema público con acceso fácil, rápido, oportuno (a la ILE/IVE) y en condiciones de garantizar la práctica”, agregó Ibarra.

Por otro lado, la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19 mil consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre de 2021. En los diez años previos, la línea respondió en total 17 302 llamados vinculados a este derecho.

“Por distintas razones, muchas de ellas vinculadas a la crisis sanitaria, la conquista del aborto legal pasó más desapercibida de lo que nos gustaría por la implicancia que tiene. Por eso, en este primer aniversario, sentimos que tenemos que ponerla en valor”, explicó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

En ese sentido, contó que el 30 de diciembre se proyectará una documental especial en la TV Pública y habrá diferentes actividades organizadas desde su ministerio, incluyendo una muestra de fotos y varios conversatorios. Las funcionarias destacaron que se trata de “una de las mejores leyes de aborto que hay, comparadas con las que se dictaron hace ya décadas en Europa”, en términos de “solidez, consensos alcanzados, integralidad, multidisciplinariedad y mirada federal"; y tiene el mérito adicional de “haber sido alcanzada en un momento muy particular”.

“Lo que ayudó muchísimo fue (la sanción conjunta de) la Ley de 1000 Días, que fue una idea del Presidente –Alberto Fernández–, que dijo: ‘Tenemos que demostrar que el Estado está presente respetando la decisión de las mujeres, cualquiera sea ella'”, contó Ibarra.

El diagnóstico sobre la implementación de la ley es para Gómez Alcorta “bueno”, a pesar de los objetores, obstaculizadores y quienes intentan frenar la ley vía judicial aduciendo inconstitucionalidad, pero también las demandas que impuso la pandemia y la avanzada conservadora. “Con dificultades y diferencias logramos que en todas las provincias del país se pueda acceder a la IVE –aunque, claramente, no es lo mismo la ciudad o la provincia de Buenos Aires que Corrientes o San Juan–, a pesar de las 35 acciones judiciales que intentaron voltear la ley”, resaltó Gómez Alcorta.

Ibarra detalló que dos de esas acciones llegaron a la Corte Suprema, que “en algún momento va a tener que opinar, porque es la instancia última de interpretación de la Constitución”. “Lo que queremos es que suceda en el mejor contexto, esto es, implementándose bien, en paz, en forma efectiva, respetando los derechos de quienes deciden interrumpir un embarazo o llevarlo a término, porque esta es una ley que no obliga a nadie, al contrario, garantiza derechos y con los mejores argumentos”, analizó Ibarra.

En tanto, Gómez Alcorta consideró como la “situación más grave” a nivel judicial el procesamiento de la médica salteña Miranda Ruiz, acusada de practicar un aborto legal sin consentimiento a una mujer que lo solicitó, “porque tiene un efecto ejemplificador, disciplinador” ,en el sentido contrario a aquel en el que trabajan ambos ministerios, que es el de que “haya cada vez más profesionales que lleven adelante la IVE”. De lo contrario, “se imposibilitaría el acceso” a muchas personas, sobre todo a aquellas que viven lejos de las grandes urbes.

A nivel oficial, se confirmó que, entre el 30 de diciembre del año pasado y el 30 de noviembre último, fueron 32 758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público.

“En este primer año, no se puede saber si aumentaron o no (los abortos), lo que tenemos ahora es una base que nos va a permitir saber, el año que viene, si hubo más o menos respecto a este año”, comentó Gómez Alcorta. Por su parte, Vizzotti recordó que el objetivo es “disminuir la mortalidad materna”, que es el otro gran indicador a monitorear y del cual aún no hay datos oficiales actualizados. En cuanto a los obstáculos en el sector privado para acceder al derecho, Gómez Alcorta aseguró que son dos: “No reconocer que la ILE forma parte de las prácticas médicas obligatorias, o cubrir la consulta, pero no querer hacer lo mismo con el misoprostol”. 

Respecto de la mifepristona, que no se utiliza en Argentina y es la otra droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud junto al misoprostol para realizar abortos con medicamentos, Vizzotti adelantó que se han realizado "importantes avances", tanto para iniciar la producción local por parte del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe como para alcanzar la aprobación por parte de la Anmat. La idea es tener, para fin de año, el producto elaborado por este laboratorio público, y que este fármaco esté disponible para la realización de IVE tanto como lo está el misoprostol.

“En lo que hay que trabajar fuerte el año que viene es en información para las usuarias y capacitación para el personal de salud, ampliar los centros de acceso, combatir el estigma, ir identificando las barreras y trabajar estratégicamente en eso", resumió la titular de Salud.

Y enfatizó que "también hay que aumentar u optimizar la oportunidad del diagnóstico del embarazo en el nivel primario, porque, cuando antes se identifique el embarazo, mucho más rápido y con menos riesgos se procede en cualquiera de las dos situaciones, cuando está la decisión de interrumpirlo o la de proseguirlo con el inicio de controles e ingreso al sistema de salud”, concluyó.