El presidente catalán, Carles Puigdemont, respondió al ultimátum del Ejecutivo español sobre si declaró la independencia de Cataluña, con una carta en la que amenaza con hacerlo si el gobierno de España "persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", lo que activó los trámites para una intervención en la norteña región con medidas nunca aplicadas en democracia. En la misiva, que se hizo pública apenas diez minutos antes de que venciera el plazo que se le había dado desde el gobierno central, el líder secesionista explica, sin ser totalmente explícito, que no se produjo una declaración unilateral de independencia y reprocha al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se niegue a dialogar.

"Si el gobierno de España persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el 10 de octubre", advierte Puigdemont.

“En mi carta del lunes le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida", remarca el presidente catalán, para luego agregar que "tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión; al contrario, se ha incrementado" con el reciente encarcelamiento de los líderes secesionistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La respuesta del Ejecutivo central llegó de inmediato a través de un comunicado en el que se afirmó que se constató que Puigdemont "no respondió" al requerimiento que se le hizo de responder "de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia", por lo que se "continuará con los trámites previstos para aplicar el artículo 155", que autoriza al gobierno español a adoptar las medidas necesarias para obligar a las comunidades autónomas al cumplimiento forzoso de sus obligaciones.

Con esa finalidad, el presidente Rajoy convocó un consejo de ministros extraordinario para este sábado, en el que se aprobarán las medidas necesarias para restaurar el orden constitucional, al amparo del artículo 155 de la Carta Magna, dijo el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en una presentación sin preguntas, en la que prácticamente leyó el comunicado oficial. Las medidas extraordinarias, que no especificó, se elevarán al Senado para "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma".

Los argumentos

El 10 de octubre, Puigdemont anunció en una confusa comparecencia en el Parlamento catalán que asumía el mandato del pueblo catalán de declarar la independencia, expresado en el referéndum el 1.º de octubre, y al mismo tiempo pidió a los diputados que dejaran en suspenso esa decisión con la intención de abrir un cauce de diálogo con el Ejecutivo español.

Compás de espera para Cataluña

El presidente del gobierno regional, Carles Puigdemont, reivindicó la independencia de la región, pero pidió al Parlamento que la suspenda para establecer un puente de diálogo con Madrid.

Fue entonces cuando el gobierno español reclamó formalmente, poniendo el lunes pasado como primer plazo, que aclarase si había declarado la independencia o no. En caso afirmativo, le daba la posibilidad hasta hoy de rectificar, dando marcha atrás, a la vía de ruptura, bajo la amenaza de aplicar medidas extraordinarias previstas por la Constitución para restablecer la ley quebrantada en Cataluña.

En su carta de hoy, Puigdemont dice que en la sesión parlamentaria del pasado 10 de octubre se "valoró" el resultado del referéndum de secesión celebrado el día 1.º del mismo mes en el que el pueblo de Cataluña "decidió la independencia" y que él propuso "suspender los efectos de aquel mandato popular para propiciar el diálogo". "Esta suspensión sigue vigente", subraya el dirigente catalán, quien, no obstante, recuerda que el gobierno español es el que puede hacer que cambie la situación.

En ese sentido, frente a la advertencia del Estado de que activaría el artículo 155, Puigdemont dice a Rajoy que “pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no es consciente del problema y que no se quiere hablar".

Repercusiones

Puigdemont no hizo ninguna mención a la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en Cataluña, una opción que el gobierno español valoraba como la vía de salida, ya que evitaba la aplicación del artículo 155, y podía conllevar a un diálogo en el seno del Congreso de los Diputados español. Visto que no ha sido así, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió con una delegación del opositor Partido Socialista (PSOE) para terminar de cerrar el paquete de medidas que se aprobarán el sábado, según fuentes gubernamentales.

Los socialistas abogan por una aplicación lo más "breve posible" del articulo 155, que permita un regreso a la "normalidad" en Cataluña, lo que pasaría por la convocatoria de elecciones regionales. Tras la misiva de Puigdemont, el PSOE dijo que es necesario cerrar "una etapa de deslealtad e insinceridad" provocada por el presidente catalán, a quien acusó de hacer una oferta de diálogo "tramposa" porque solo serviría para negociar la independencia, algo que el país no puede asumir", según el secretario de organización socialista, José Luis Ábalos.

Por el contrario, Pablo Iglesias, el líder del partido de izquierda Podemos, subrayó que la carta de Puigdemont demuestra que "no se ha declarado la independencia", de ahí que reclamó al gobierno español que no ponga en marcha el artículo 155, al tiempo que acusó al PSOE de estar apoyando a un Ejecutivo "corrupto" que "está rompiendo España".

"Aún está a tiempo de no cometer el error más grande en los últimos 40 años", avisó por su parte el diputado Carles Campuzano, vocero en el Congreso del PDECat, el partido de Puigdemont, indicando al Ejecutivo que tiene tiempo hasta el sábado para renunciar al artículo 155.

En este marco, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, advirtió de que las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña serían "terroríficas" y que la salida de 800 empresas de la región era solo un "aperitivo" de lo que puede ocurrir ante la aventura de futuro incierto de los secesionistas.