En la víspera del día de Reyes, en el marco de una estrategia de acompañamiento y blanqueo de la política del gobierno de Javier Milei de liquidar del acervo nacional la política de Memoria, Verdad y Justicia, aparece en el diario El Sol de Mendoza una nota de opinión de Darío Lopérfido publicada por Noticias Argentinas (NA) y titulada “Los negocios del kirchnerismo con los derechos humanos hicieron que a nadie le importe el cierre de la ex ESMA”.

Lopérfido fue secretario de Cultura y Comunicación de la Nación (con rango de ministro) entre 1999 y 2001 en la presidencia de Fernando De la Rúa (40 asesinados, en el fin, apresurado, de su mandato). Respaldó la candidatura de Mauricio Macri a presidente en diciembre de 2015. Fue designado ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por Horacio Rodríguez Larreta (2015).

No se trata de contestar puntualmente lo escrito calumniosamente por Lopérfido. Es una discusión tan fútil como la que se puede dar sobre la redondez del planeta Tierra: no tiene demasiado sentido, no sirve darle entidad a semejante tipo de opiniones. De todos modos, conviene recordar una vez más hechos trascendentes e innegables de nuestra historia.

El proceso de Memoria-Verdad-Justicia que puso en marcha el Estado nacional con el apoyo de partes mayoritarias de la sociedad argentina consiste y consistió en poner blanco sobre negro, y en el ámbito de la Justicia, el mecanismo de terrorismo de Estado que utilizaron los sectores dominantes de nuestro país en el marco de la estrategia continental de EEUU de liquidar el incipiente desarrollo de la organización de los sectores populares de nuestra Patria.

Con antecedentes cercanos de incipiente terrorismo estatal en los bombardeos de población civil en ciudad de Buenos Aires por parte de la aviación naval (1955), el fusilamiento no legal de civiles y militares (1956), aplicación de torturas y prisión arbitraria a opositores políticos (décadas 60 y 70), el terrorismo de estado instalado a partir del marzo de 1976 consistió en el uso de todo el aparato del Estado para el desarrollo de un esquema de liquidación de una parte de la sociedad argentina (genocidio).

En una sintética descripción hartamente ya difundida digamos, una vez más, que el aparato de terrorismo estatal puso en marcha un mecanismo que consistió en:

• Detención y desaparición forzada de personas (30.000 víctimas)
• Tortura y posterior homicidio
• Eliminación de personas arrojándolas vivas al mar o al río de la Plata (“vuelos de la muerte”)
• Sustracción de bebes (500 casos) y posterior eliminación de la parturienta
• Actos de violencia sexual y de género, incluida la violación
• 600 lugares clandestinos de detención, tortura y exterminio
• Miles de presos y presas políticxs (juicios arbitrarios y sin fundamentos fácticos)
• Decenas de miles de exiliados y exiliadas

El proceso de Memoria-Verdad-Justicia que comienza con el Juicio a las Juntas en la presidencia de Raúl Alfonsín y que continúa a la fecha es ejemplar a nivel planetario e implica dos elementos de importancia mayúscula;

a) Poner a derecho y en el marco de la ley los crímenes cometidos por el Estado nacional, con complicidades empresariales, eclesiásticas y gremiales.
b) Dar una respuesta histórica a la problemática de la impunidad de los sectores dominantes.

A partir de los juicios por crímenes de lesa humanidad, los posibles futuros autores de posibles futuras acciones ilegales contra la población argentina saben y tienen la certeza de que dicho accionar tendrá un costo concreto: sus actos serán juzgados. Sus actos ya no tendrán la impunidad que hasta 1983 históricamente habían tenido.

Este 2025, los Lopérfidos y Villarrueles y Javieres Milei van a pulular y desgranar su perversa letanía de forma estruendosa.

Muy posiblemente, el próximo 24 de marzo podamos demostrar nuevamente dónde estamos parados la gran mayoría de argentinos y argentinas.