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Los abogados también se desvincularon del patrocinio en todas las causas en las que representaban al exministro. El tribunal que lo juzgará intimará a De Vido a nombrar nuevos letrados en 72 horas. Si no lo hace, le dispondrán un defensor oficial.
Julio De Vido. Foto: archivo politicajudicial.com.
Los abogados del diputado Julio De Vido renunciaron a defenderlo en todas las causas en las que se encuentra involucrado por su gestión como ministro de Planificación Federal (2003-2015), informaron fuentes judiciales. La decisión se conoció a una semana de que sea sometido a juicio oral y público por su responsabilidad en la tragedia de Once, como se llama mediáticamente al choque de un tren del ferrocarril Sarmiento al final del andén 2 de la terminal, que provocó 51 muertos y centenares de heridos en febrero de 2012.
El miércoles próximo está previsto que comience el juicio oral por la presunta responsabilidad del exministro en el incidente, caso en el que intervendrá el Tribunal Oral Federal 4, compuesto por Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel. También se conoció que el tribunal intimará a De Vido para que en 72 horas nombre nuevos abogados o le dispondrán una defensa oficial.
Los abogados Adrián Maloeny, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni presentaron escritos en los juzgados que tramitan causas contra De Vido en los que sostuvieron que la decisión fue tomada de común acuerdo con el exministro.
"Las instancias del proceso que está llevando a De Vido a juicio oral vulneran todos los mandatos constitucionales que regulan el derecho penal y el derecho a la defensa en juicio", sostuvieron en el escrito presentado al renunciar como defensores del acusado. "El desarrollo del proceso se reduce a un ritualismo vacío que tiene por objetivo solo la condena de Julio de Vido", sostuvieron los letrados en el mismo escrito que, con algunas diferencias, presentaron ante distintos juzgados y tribunales.
De Vido también afronta denuncias penales por la importación de trenes en mal estado, por irregularidades en la compra de gas licuado y en el otorgamiento de subsidios al transporte público, entre otras causas que se tramitan en el fuero federal.
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