Por iniciativa del presidente del bloque del FPV-PJ, Gustavo Arenas, tiene media sanción la ley por la cual se le otorga una indemnización como reparación a Blanca Cristina Villegas, viuda de Benedicto Ortiz, uno de los líderes del movimiento obrero que clamaba por “Paz, Pan y Trabajo” que fue fusilado el 30 de marzo de 1982 en los alrededores del Centro Cívico de Mendoza.   

La reparación es histórica, ya que a más de treinta años de producidos los hechos, se prolongó aun en democracia el cruel designio de la dictadura: que su muerte cayera en el olvido y quedase diluida, en consecuencia, toda responsabilidad política y criminal. Hay que decir que la muerte de Benedicto causó una honda conmoción en el país y sobre todo en Mendoza, donde miles de vecinos de Las Heras se vieron empujados a participar del funeral, pero ese tipo de solidaridad, espontánea y genuina, fue tapada por los efectos “patrióticos” de la Guerra de Malvinas. 

A raíz de la iniciativa, si una cosa ha quedado clara es que la familia del obrero no descansará hasta que la Justicia Federal de Mendoza reabra la causa y ponga fin a la impunidad con la que trató el expediente Ortiz, bajo la sombra de la activa complicidad con que actuaron jueces y magistrados de ese fuero durante la dictadura militar.   
   
El mártir de la democracia

Una columna de 700 personas copaba todo el ancho del trayecto de la calle Mitre hasta Pedro Molina. Se movía rumbo al Centro Cívico hacia lo que sería una parada táctica, un compás de espera improvisado, porque se sabía que el paso de la columna principal venía retrasado con Mario Zaffora a la cabeza. La protesta había sido organizada por la CGT en todo el país en medio de un clima agónico, de inminente rebelión contra la política económica de un régimen que le negaba al pueblo la libertad.

Ese día se había iniciado con una huelga general, cuyo acatamiento en Mendoza fue prácticamente total. Faltaba coronar esa gloriosa jornada con la entrega en mano de un petitorio al gobernador Bonifacio Cejuela. Por entonces, la autoridad militar montaba un gran operativo para blindar todo el perímetro de los alrededores de la Casa de Gobierno. Cuando el reloj marcó las 17:45, en el horizonte de la vereda norte de Pedro Molina se empezaba a dibujar una escena de horror. 



Un camión de gendarmería sorprendió a todos en contramano. A los manifestantes no se les ocurrió otra cosa que hacer flamear las banderas argentinas y entonar las estrofas del Himno nacional. De ahí en más, todo sucedió vertiginosamente. De entre los veinte gendarmes que bajaron del camión con fusiles FAL, sobresalió uno que disparó hacia quien sostenía la bandera. Ese hombre, en el acto, quedó tendido en el piso boca arriba. Su herida en el tórax era captada con nitidez por las cámaras del Canal 9 que dejarían testimonio visual de todo lo acontecido. 

Hubo corridas, gritos, gente queriendo ganar la calle, algunos que intentaron arrojar alguna que otra piedra, gesto por demás minúsculo comparado con el fuego que abrió la Gendarmería, cuyos efectivos estaban parapetados entre los pinos y los árboles. Hay testigos que dicen que fue del camión que avanzó en contramano de donde surgieron las pimeras ráfagas, primero hacia la copa de los árboles y luego hacia el piso. Algunas de las balas que rebotaron dieron sobre los trabajadores.

La transmisión en vivo del Canal 9 se apagó repentinamente, no sin antes sacar al aire la voz de Edgardo Palet informando que las fuerzas de seguridad habían disparado con balas de salva para repeler y dispersar. Pero no eran de salva, eran reales. Aunque eso tardaría en salir a la luz, al igual que la lista de heridos donde el más grave, sin duda, era José Benedicto Ortiz. 

De acuerdo a múltiples testimonios, los gendarmes atacaron y se retiraron. Fue la gente la que trasladó a los heridos hasta la clínica Mitre, ubicada a pocos metros del lugar del hecho, mientras que Ortiz fue traslado en ambulancia al Hospital Central. Muy poco después se montaba un segundo operativo de copamiento de los respectivos centros médicos, por órdenes bien precisas del Comando de la VIII Brigada con la complicidad de la Justicia Federal.

Eran seis los heridos: el obrero ferroviario Juan Enzo Ortiz; Raúl Aldo González, con heridas en ambas piernas; Ricardo Jorge García; el dirigente de los jubilados Bruno Antinori y Héctor Mairán (lesionado en el hombro), compañero de José Benedicto Ortiz, quien por entonces era Secretario General de AOMA (Asociación Obrero Minera Argentina) a nivel nacional. Las horas siguientes fueron testigos de movimientos afiebrados. El gobernador Bonifacio Cejuela había almorzado en el octavo piso, a la espera de conocer en detalle todos los acontecimientos que se producían. Poco después de la escena sangrienta se conformaba un gabinete de crisis. Los acontecimientos habían trascendido a todo el país. 




El gobierno de Mendoza debía ensayar alguna explicación. Ese mismo día llega a la provincia el Comandante del IV Cuerpo del Ejército, el General Llamil Reston, quien, según el Anuario del Diario Mendoza, da un comunicado asegurando que los manifestantes eran un grupo de entre 600 y 800 personas, que entre ellos se había detectado la presencia de activistas y de personas de ideología comunista, y que se responsabilizaba a los dirigentes gremiales que son “incapaces de dominar tales manifestaciones”. Finalmente, Reston exhortaba a la población a no participar de este tipo de actos.

Trascendió que, puertas adentro de la Casa de Gobierno, hubo un fuerte pase de factura, ya que un sector del gabinete criticaba el hecho de haber dejado que la Policía pasara a depender del Ejército. También está la versión que dice que Cejuela tuvo la intención de salir a recibir el petitorio y que los militares le ordenaron descartar la idea. Otro dato que señalan testigos es que fue a consecuencia del ingreso de la Policía, entre los manifestantes y el Ejército, que el ataque tuvo que cesar. Como sea, los rumores de renuncia fueron desmentidos por el propio gobernador, mientras que la tensión política entre los hombres del Partido Demócrata y el Ejército se hacía patente en el comunicado oficial, en el que se decía que “el gobierno no tiene ningún tipo de responsabilidad en el manejo de las fuerzas de seguridad”. Lo que no admitiría el gobierno es que la noche anterior a la manifestación, la policía de Mendoza había salido en la búsqueda de los dirigentes gremiales Zaffora, Valenzuela, Lira y Alonso, quienes debieron interponer un recurso preventivo ante la Justicia provincial. Tampoco admitiría que estaba dispuesto a tapar todos los hechos registrados con tal de salvar la responsabilidad del Estado. 



Quiso el destino trágico que la más grave herida fuese perpetrada contra un dirigente con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos de los obreros. El día 3 de abril, las radios y los diarios confirmaron su muerte y una multitud se volcó a despedir sus restos. Había sido ayudante químico de primera en la fábrica de cemento Juan Minetti, delegado de su sección, secretario general de la Asociación San Martín e interventor nacional de AOMA, además de un padre de familia muy querido y conocido por muchas otras familias trabajadoras del distrito de Las Heras. Espontáneamente, los vecinos de calle San Martín, desde Independencia hasta el Cementerio de la Capital salieron al paso del cortejo fúnebre con pañuelos.  

José Benedicto Ortiz tenía 53 años y una gran expectativa sobre lo que ocurriría aquel 30 de marzo. Antes de salir de su casa le comentó a su mujer que algo realmente importante estaba por pasar, aunque también sentía alguna premonición que Blanca recuerda cabalmente, embargada aún por la emoción del Homenaje que le hizo la Cámara de Diputados al cumplirse 30 años de aquella represión, también a instancias de Gustavo Arenas.

Paredes y techo de la casa recorren la vista de Blanca Villegas, porque para empezar a recordar la historia es preciso hacer pie en la dignidad del trabajador: “Esto lo levantamos juntos; yo era la asistente y los esperaba con todo listo a las cuatro de la tarde, que era la hora que llegaba del trabajo. Así construimos todas las columnas y vigas, a fuerza de sacrificio y sin la ayuda de nadie, porque lo que se ganaba entonces alcanzaba para cubrir lo básico”.“Ese 30 de marzo llegaba de trabajar en la cerámica de un sobrino, dijo que se acostaba un rato a dormir la siesta y que se iría a la tarde con sus compañeros. Como mi hijo Raúl también iba a ir, él me pidió que no lo despertara y que no lo dejase ir. Tres meses antes, mi marido le había comprado una cocina a mi hija que se estaba por casar, de ahí que antes de irse me dijo: 'Después de las 5 y media prendé la radio y te vas a enterar qué va a pasar. Acá en este bolsillo tengo la factura de la cocina: si a mí me pasa algo, con esta dirección te van a buscar'. Y así fue. Con la factura en la mano, un señor me vino a avisar que en la movilización mi marido había sido herido y estaba internado. Yo no sabía nada porque mi hijo se levantó y se fue detrás de su padre y antes de irse apagó la radio, por lo que no había escuchado nada”. 




Los días que siguieron fueron tremendos y dolorosos. El Hospital Central había sido copado por el Ejército y un Comité Médico convocado por las Fuerzas de Seguridad atendía a José Benedicto Ortiz como si estuviese preso, custodiado todo el tiempo por militares. Blanca y sus hijos Raúl y Ana recuerdan que debieron estar esos días un piso debajo de donde lo habían internado y permanecer todo el tiempo en silencio. Solo por un favor de personal del hospital, el día viernes 3 permitieron una visita por unos segundos. Quien ingresó a la habitación fue Raúl, su hijo. “Estaba consciente mi papá” –dice Raúl– al verme levantó la pierna y se le corrieron unas lágrimas”. El quizás temía por mí, porque yo me fui detrás de él a la marcha. Lo increíble es que desde la vereda de Pedro Molina vi caer a una persona y nunca creí que fuese mi padre. Recién me enteré de que lo era al volver a casa y encontrarme con la novedad”.

Para Ana, la única hija del matrimonio, aquel gesto de autoritarismo dejó una huella imborrable: “No pudimos despedirnos de él y ni siquiera llorarlo. Yo un tiempo atrás había soñado que moría y que habían enviado tantas coronas de flores que no cabían en la casa. Cuando se lo conté se rió y dijo que, con la pobreza en que vivíamo,s no iban a enviar ramos sino latas con margaritas. Al final, cuando lo velamos tuve que ir a pedirle a la vecina que pusiera las coronas en su casa porque en la nuestra no cabían tantas.”  




En el hospital se escuchó una palabra al vuelo: Malvinas. Afuera se hablaba de eso, no de deseos de paz o de libertad, tampoco del sistemático aparato represivo de la dictadura que se desplegaba frente a los ojos de la familia de Benedicto Ortiz. Primero fue el parte médico que indicaba “muerte por neumonía”. Luego, el gobernador Cejuela que los convocaba a Casa de Gobierno para hacerles firmar una nota en la que supuestamente los familiares se dirigían a él para expresarle que personalmente no lo culpaban de nada. “Quiso hacer negocio con nosotros” cuenta Blanca, y agrega: “Estaba molesto porque lo trataban de asesino y ya estaba cansado porque molestaban a su hijo en la facultad con este tema. Yo no le firmé nada pero él igual hizo publicar en el diario que yo le había entregado esas disculpas. No me quedó más remedio que ir a desmentir eso que fue una gran falsedad”. 

El expediente recayó en el juez federal Gerardo Walter Rodríguez, quien ordenó la confiscación de las imágenes de Canal 9. Pero fue el mismo Ejército quien retiró las cintas que servirían de prueba clave. A la sazón, la causa sería toda una pantomima y un gran absurdo protagonizado por el entonces fiscal Carlos Ernesto Fuego, quien dictaminó que “el fallecimiento de José Benedicto Ortiz se debió a un acto propio, solamente a él imputable y no cabe responsabilidad alguna del Estado Nacional, toda vez que el hecho que causa la muerte es culpa exclusiva de la víctima”.

Vale la pena transcribir los argumentos textuales esgrimidos por Fuego, ya que son una pieza digna de estar en los anales del cinismo que ha caracterizado a la justicia cómplice de todas y cada una de las dictaduras militares. Dice así: “Se alega que José Benedicto Ortiz fuera herido en la jornada por disparos de armas accionadas por Gendarmería Nacional, como tampoco se reconoce que falleciera como consecuencia de esas heridas, sí en cambio, de neumonía, como lo consigna el parte médico”. En su escrito, el Fiscal niega el carácter de la marcha efectuada y ensaya la siguiente prosa: “en un pasado no muy lejano, algunas de esas concentraciones que se realizaban con propósitos encomiables, desembocaban en verdaderas batallas campales donde el número de muertos y heridos fue de tal proporción que no ha podido conocerse hasta el presente”.

Cuenta Raúl Ortiz que para iniciar el juicio por la muerte de su padre se necesitaba un certificado. “Eran los últimos días de la dictadura y fui al comando a pedirlo. Llevaba encima un grabador, porque pensaba que si no me daban nada por escrito, al menos me llevaba un registro de sus palabras. Cuando me vieron con él me encerraron y me tuvieron una semana preso en la VII Brigada. En esos días me trasladaron a Campo Los Andes. Y cada milico que entraba a la celda me decía: 'Me imagino que te despediste de tu familia porque no volvés más'. Cuando me largaron, reanudaron las amenazas: 'No se te ocurra venir una vez más, hoy te salvás pero la próxima serás un desaparecido más'”. 




Blanca, por su parte, recuerda que aquella lucha por la justicia se dio en las peores circunstancias, ya que de pronto pasó a estar sola y a cargo de la crianza de tres chicos pequeños (dos nietos y un sobrino), sin ningún tipo de ayuda. “Claro que estábamos marcados por los militares. Una vez mi hija quiso hacer un negocio que tenía vinculación con una licitación y cuando presentaron los papeles les dijeron que no podía participar por ser hija de Benedicto Ortiz. Además nos los dijeron varias veces: 'Ustedes están vigilados'. No podíamos pensar en tener reuniones, si casi hasta nos impiden hacer el velatorio”.