Con una treintena de causas en su contra, imputado por omitir investigar denuncias de torturas y desapariciones forzadas de personas y ayudar a que estas se concretasen, el ex camarista Luis Miret será llevado a juicio oral y público este año, junto a otros tres ex magistrados del fuero federal. Así lo resolvió Walter Bento, para quien el proceso deberá recaer en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, estimándose un plazo de 10 días para que se fije la fecha de debate del juicio.

Queda pendiente de resolución el caso del ex juez Otilio Romano por encontrarse en Chile, sometido a un juicio de extradición en su contra. También la causa de otro ex camarista, Eduardo Mestre Brizuela, quien estuvo cuestionado por la tramitación de la primera nieta mendocina desaparecida y recuperada en Mendoza, Celina Manrique Terrera. 

Entre todos suman 103 causas penales. Detrás de cada una de ellas hay varias historias que develan una práctica sistemática, una consecuencia de largos años de no actuar, ocultar pruebas, avalar declaraciones bajo tortura, intimidar testigos, promover obstáculos de todo tipo para la búsqueda de la verdad.  

El caso de Miret es por demás emblemático. Integró el Poder Judicial por cuatro décadas y era un hombre fuerte de la justicia, con peso en la Asociación Nacional de Magistrados de la Nación.  Cuando juró su cargo como Juez Federal, en 1976, lo hizo junto a la plana mayor del gobierno provincial de facto. Después, con la instauración de la democracia, pasó a ser un “juez de la Constitución” y será el radicalismo quien resolverá darle un espacio en la flamante Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, como profesor de filosofía, reservándose en los últimos años el dictado de los contenidos de Etica y Derechos Humanos.

Entre un hecho y otro se produjeron los delitos por los que el 12 de marzo de 2011 fue destituido de su cargo por fallo unánime del Consejo de la Magistratura de la Nación, que son los mismos por los que está imputado en la justicia federal. De entre todos ellos, puede destacarse el secuestro del estudiante de medicina Luis Rodolfo Moriña, por constituir un dossier que deja traslucir paso a paso el proceder cómplice de unos jueces que serían ascendidos a camaristas, justamente para garantía de la impunidad del aparato represivo. 

Moriña tenía 24 años y cursaba el segundo año de medicina en la Universidad Nacional de Cuyo cuando un grupo armado, no identificado, lo secuestró de su casa, previo destrozar la puerta de acceso de la vivienda y encerrar a los demás integrantes de la familia. Se lo llevaron solamente con un par de pantalones y descalzo. Cuando los agresores entraron, amenazaron con matar al joven si denunciaban el secuestro a la policía; sin embargo, Ernesto Moriña, hermano de Luis, de profesión ingeniero, presentó un habeas corpus que fue patrocinado por el doctor Juan Carlos Aguinaga, dirigente del Partido Demócrata.

El secuestro ocurrió el 22 de noviembre de 1975. El mismo día, el habeas corpus fue recibido por Luis Miret, juez subrogante. Al día siguiente, Miret le pidió al comandante Santiago, a cargo de la 8va. Brigada, que en su carácter de “Jefe de las fuerzas de seguridad” y operaciones contra la subversión” informara y presentara al detenido en el juzgado en un plazo de dos horas. El oficio fue recibido por un teniente primero llamado Arnaldo Kletz, el mismo que luego fuera camarista de la justicia del crimen en la provincia. 

Vencido el plazo, o sea, a las 13:00, el General de Brigada Fernando Humberto Santiago respondió: “En cumplimiento de órdenes impartidas por la superioridad, el mismo ha sido elevado directamente y con carácter urgente al Comando General del Ejército para su diligenciamiento”. De esto se notificó el Fiscal Otilio Romano, pasaron dos días y la desesperación de la familia Moriña era infinita. Por eso, a primera hora de la mañana el Ingeniero Moriña se presentó al juzgado manifestando que, transcurridas más de 72 horas sin que la autoridad aprehensora hubiera dado la correspondiente información o puesto a disposición del tribunal al detenido, solicitaba pronunciamiento con respecto al habeas corpus.  


Miret tiene dos opciones, pronunciarse a favor o en contra, pero hace otra cosa: emplaza nuevamente al General de Brigada pero, curiosamente, retrotrae la fecha del escrito para que sea anterior al pedido de Moriña. Escribe que el general debe responderle en un plazo de dos horas y lo que parece como un tiempo prudencial es, en realidad, una concesión de su parte para darle más tiempo al General Santiago, cuya base de operaciones es en la misma manzana del Juzgado. 

Del edificio castrense surge una respuesta que corre por cuenta del teniente Augusto V. Landa Morón, un subordinado de Santiago, Jefe de la División Operativa de la 8v. Brigada. Landa Morón pone en conocimiento de Luis Rodolfo Moriña que se encuentra detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, el 1 de diciembre, la Dirección de Asuntos Policiales e Informes de la Policía Federal informa que el decreto alcanza tanto a Moriña como al periodista del diario Los Andes, Jorge Bonardel. 

Se llega así al 11 de febrero de 1976 y nuevamente se presenta Ernesto Moriña al juzgado, solicitando se le informe dónde se encuentra detenido su hermano. Ernesto relata que han pasado 80 días de su detención y no lo han podido ver ni saber en qué lugar está. Esta vez, quien se ocupa del caso es el juez titular, Rolando Evaristo Carrizo, quien libra un oficio dirigido al comandante de la 8va.Brigada, General Jorge Alberto Maradona, quien responde corto y contundente: “Llevo a su conocimiento que el causante se encuentra prófugo, a la fecha, habiéndose cursado los respectivos pedidos de captura a fin de procurar su detención, toda vez que el mismo está a disposición del PEN”. 



Ese pedido de captura nunca se escribió y en el juzgado sabían que a Moriña lo tenían los militares. Si se revisa, Moriña aparecía en una causa como imputado prófugo, en un decreto que ordenaba su libertad y en un diario donde Harguindeguy lo informaba como detenido en Córdoba. Frente a esta situación, los jueces en Mendoza hicieron como que la detención no continuaba, mientras que, por otra parte, el fiscal Romano se notificaba de todas las irregularidades sin hacer nada al respecto. 

Así fue como operó la garantía de impunidad para ese delito y tantos más. De un lado, el poder militar, pudiendo mentir o informar de algo como si estuviese ocurriendo hoy cuando en realidad sucedería un día después. Del otro lado, jueces y fiscales ayudando a que el estudiante se convirtiese en un muerto civil más, un incapaz de todo derecho que sería transferido de jurisidicción precisamente para evitar que pudiese ser socorrido por un habeas corpus. 


Miret fue suspendido como profesor en la Universidad Nacional de Cuyo en abril de 2010. Fue una decisión unánime del Consejo Superior. 

El caso del ex juez Gabriel Guzzo contiene otros condimentos que también lo hacen especial. Es que varios presos políticos que pasaron por el D2 declararon ante él y denunciaron haber sido secuestrados, vendados, torturados a golpes y con picana; sin embargo, nunca actuó en consecuencia. Sistemáticamente rechazaba todos los habeas corpus que presentaban las familias de las personas que eran secuestradas en operativos clandestinos. Con la democracia, Guzzo llevaría a punto muerto las causas relativas a delitos perpretados durante la dictadura.