Columna de opinión publicada en Télam

Los abortos suceden. En clínicas privadas, en consultorios clandestinos, en lo de una vecina que más o menos sabe, con pastillas, con maniobras manuales y, a veces, cuando se respeta el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, en el hospital o el centro de atención primaria de la salud. Seguramente hoy más de cientos de personas en nuestro país estén tomando la decisión de interrumpir su embarazo. En el marco de su intimidad, su experiencia de vida, sus creencias. En función de sus deseos, su realidad y el momento de su vida.

Los abortos se llevaron, se llevan y se llevarán a cabo. A pesar de su penalización, a pesar de la condena moral. Y mientras pasa, quienes tienen un poco más de suerte (y dinero), abortan y continúan con sus proyectos. Quienes no, ponen en riesgo su vida y muchas veces mueren. Por eso es necesaria la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: para dejar de hablar de suerte y empezar a garantizar derechos. No podemos permitirnos dejarlo librado al azar. 

La evidencia nos muestra que se realiza más de 1 aborto cada 2 nacimientos. Que en 2013 se realizaron 233 abortos legales en la provincia de Buenos Aires. Pero que ese mismo año 49.000 mujeres se internaron en hospitales públicos por problemas relacionados con el aborto clandestino. Por eso, como profesional de la salud con muchos años de trabajo en salud sexual y reproductiva, me sumo a la consigna que exige educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Legalizar el aborto no es promoverlo. Es aceptar que sucede en el mundo y en todo el país. Inclusive, las experiencias indican que en países donde el aborto no se criminaliza las tasas son menores que en los países donde se restringe el acceso a la interrupción del embarazo. La Ley de Divorcio no generó más separaciones, sino, por el contrario, más matrimonios de parejas que pudieron registrar su convivencia. La Ley de Matrimonio Igualitario no incrementó el número de personas que tienen sexo con otros u otras de su mismo género. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no obliga a nadie a abortar: garantiza hacerlo en un contexto seguro. Nadie defiende más la vida que quienes pugnamos por terminar con la primera causa de mortalidad materna en Argentina.

Interrumpir una gestación es una decisión personal. Como toda decisión atravesada por tantas razones como historias de vida, se piensa y se evalúa, hasta definir cuál es la mejor opción. El Estado tiene el deber de garantizar las mejores condiciones para que las decisiones sobre el propio cuerpo se lleven en un entorno saludable y seguro. Desde Fundación Huésped participaremos del debate parlamentario brindando toda la evidencia científica a nuestro alcance para que en el diseño e implementación de las políticas públicas primen los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes por sobre concepciones morales o religiosas personales.