Cada vez más chilenos avalan reformar la Constitución

Sociedad

“La crisis del 18 de octubre de 2019 decanta en una movilización muy masiva (cercana a un millón de personas) en las principales ciudades del país. Luego, el 15 de noviembre, hay un acuerdo nacional que establece, entre otras cosas, un pacto entre las distintas fuerzas políticas y que da inicio a un proceso para una nueva Constitución”.

Al día de la fecha, en Chile se ha ido configurando una convención constituyente que va a redactar un proyecto constitucional que será luego sometido a plebiscito.

“Por otro lado, se cumplieron dos años del día del estallido social. Acá en Chile se analiza por estas horas cómo valorar e interpretar la violencia de ese día, y si esta situación se debe conmemorar o se debe considerar como una tragedia”, destacó el antropólogo.

Finalmente, Ortúzar destacó cuáles serán los temas a tratar por esta convención constituyente. “Por el momento, esta situación no está del todo clara –se acaban de formar comisiones específicas–, pero podemos afirmar que son varias las cuestiones a discutir. Por un lado, se debe debatir si Chile debe ser un país unicameral; otro tema es si vamos a pasar de ser un sistema presidencial (como lo es en la actualidad) a uno semipresidencial, en el cual el poder no esté centrado en una sola persona; también se discute qué va a pasar con los pueblos originarios de cara al futuro”.

Amnistía Internacional presentó un informe sobre responsabilidad de mandos Carabineros

En el marco del segundo aniversario del estallido social en Chile, Amnistía Internacional ha presentado a la Fiscalía Nacional un informe que recopila estándares internacionales sobre la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros, en el contexto de los crímenes cometidos durante la respuesta a las protestas.

Amnistía Internacional documentó cómo, durante las masivas manifestaciones de octubre del 2019, Carabineros de Chile cometieron graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, especialmente al derecho a la integridad personal, y posibles crímenes de derecho internacional. De acuerdo a cifras a marzo de 2021 de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se contabilizan más de 8000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular. Estas violaciones generalizadas podrían demostrar un patrón de conducta que revela una intención de dañar a las personas manifestantes con el fin de acallar la protesta, o bien asumiendo dicho daño como un mal necesario. Esta dimensión y constancia de las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional cometidos se podrían haber evitado, pero los mandos estratégicos y operativos de la institución policial habrían omitido deliberadamente implementar ciertas medidas a su alcance.