La situación del gobierno de Chile y la comunidad mapuche

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En relación con el segundo aniversario del estallido social, Loncón destacó la relevancia de los hechos del 18 de octubre de 2019 y cómo dieron paso a la creación de la convención. "Esta convención es hija de los anhelos y la movilización de los pueblos e inicia un diálogo esperado por décadas, quizás por siglos. A dos años del despertar del nuevo Chile, damos rienda suelta a la imaginación. Son momentos hermosos los que nos toca vivir", afirmó.

Horas antes, un grupo de manifestantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) logró entrar a la fuerza a la sede de la constituyente, el ex-Congreso Nacional, ubicado en el centro de Santiago, por lo que varios efectivos de carabineros formaran una barrera humana para resguardar el edificio. La coincidencia del inicio del debate con el aniversario del estallido generó cuestionamientos de algunos convencionales, como la conservadora Rocío Cantuarias, que señaló a Radio Cooperativa: “No tenemos nada que celebrar este 18 de octubre”.

“Nos parece una impertinencia que se haya apurado a la Convención Constitucional, especialmente la presidenta Loncón (...), de querer comenzar hoy día el contenido de fondo, poniendo en riesgo no solamente a los carabineros que están en el ex-Congreso Nacional, sino también a los funcionarios y a los convencionales", agregó.

Además, aunque hoy comienza el debate general de manera oficial, las intervenciones individuales de los convencionales se darán a partir del miércoles, cuando 37 de ellos tomen la palabra.

Ese día, cada convencional dispondrá de cinco minutos para su discurso, que continuará los siguientes días para que todos los convencionales tomen la palabra. Según las normas de funcionamiento, la Convención tiene hasta 12 meses para escribir una nueva Constitución para Chile, que deberá ser ratificada en el llamado “plebiscito de salida”, en el que los chilenos votarán si están de acuerdo o no con el nuevo texto.

De aprobarse, se convocará una Sesión Plena del Congreso en la que todos los legisladores jurarán sobre la nueva Carta Magna. De rechazarse, se mantendría la actual Constitución, escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).