Las distintas organizaciones sociales que convocaron el pasado domingo a un acto y manifestación en conmemoración de los 9 años de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, leyeron un documento en donde sostienen que “la represión desatada el 26 de junio de 2002 fue planificada y ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde quien respondía a los reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores justicialistas, radicales y las cámaras empresarias AEA, UIA, SRA, ADEBA; coordinándolo con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Para ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con carta blanca para matar. Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares.”

Una protesta social, de tal magnitud y en esa época de crisis generalizada, no se circunscribe a pedidos salariales, como lo mostraron medios hegemónicos; son mucho más profundas las causas y hay distintas ideas políticas en juego. “En ese momento la preocupación del gobierno era sacar a la gente de las calles que masivamente se movilizaba todos los días” continuaba el documento elaborados por organizaciones sociales; y lejos de usar la capacidad de diálogo y gestión política, el gobierno nacional y provincial de ese momento encabezado por Duhalde y Felipe Solá, respectivamente, reprimieron salvajemente aquella movilización.  

“Desde el gobierno no se atendían las demandas e incumplían compromisos contraídos. Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús”, denunciaron las organizaciones. “Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha”, expresaban las organizaciones a la agencia de noticias ANRed.

El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización multitudinaria, dejaron explícito el enorme descontento y repudio a la gobernación de Duhalde. “Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia. De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es jefe de Gabinete, fue uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Carlos Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro y apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la Victoria. Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y él también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña”, decían los manifestantes ayer en el Puente Pueyrredón.

“Kirchner intentó cooptar y engañar a los compañeros, compañeras y familiares de Darío y Maxi con la promesa de ‘investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga’. La comisión investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que tenía como condición que abandonáramos la movilización. La complicidad del Gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la SIDE y permitir que Duhalde no se presente ante la justicia. Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y a todas las plazas del poder político logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas y que fue monitoreada por la SIDE. Sin embargo, el fiscal federal Miguel Angel Osorio se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá”.

Además de lo dicho, se aprovechó la ocasión para reclamar una vez más por la aparición con vida de Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura, exigir el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, testigo en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe, y la aparición con vida de Luciano Arruga.

Además de reclamar por la aparición de Julio López y Luciano Arruga, Darío Santillán y  Maxi Kosteski, reclamaron por el jucio y castigo a los culpables de la muerte de Suppo, repudiaron l persecución a Roberto Martino, quien fue puesto en libertad recientemente por la lucha popular, y la condena a Fernando Esteche, Raúl “Boli” Lescano, y demás miltantes del MPR Quebracho, así como Raúl Abregó del Polo Obrero de San Juan. A esto se sumo el pedido de la “inmediata libertad de Carlos Olivera, La Gallega Karina Germano López, Jose Villalba y Manuel Arias, así como la anulación de las condenas y el desprocesamiento de todos los luchadores, entendiendo que cuando tocan a uno, tocan a todos”. Tampoco quedó afuera lo ocurrido a los docentes de Santa Cruz Este, “repudiamos el enorme dispositivo represivo, a instancias del Gobernador Daniel Peralta, contra la huelga docente y los petroleros de Santa Cruz”.

Entre los reclamos y denuncias, se criticó al actual gobierno “el Gobierno que se autodenomina de los Derechos Humanos sigue reprimiendo al pueblo que sale a luchar por vivienda, educación, salud y trabajo digno. Que los Macri y los K no dudan acordar rápidamente para reprimir brutalmente al pueblo como pasó en el Parque Indoamericano, cobrándose la vida de los compañeros Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez. Que la represión encubierta sigue siendo la herramienta principal de los Gobernadores K para intentar disciplinar al pueblo en su lucha, como lo demostró el caso de los compañeros Mario y Roberto López, asesinados en Formosa por el gobierno de Insfrán. Luego de sostener varios meses de acampe para que el Gobierno se decidiera a atender a los compañeros Qom, sin obtener respuesta fueron desalojados entre la policía y La Cámpora”.

Frente a las políticas adoptadas por el gobierno nacional las organizaciones sociales se encontraron disconformes con la Asignación Universal; “seguimos señalando que el subsidio por hijo no llega a todas las familias que lo necesitan ni a todos los hijos de los beneficiarios. Su monto está congelado y carcomido por la inflación, y en vez de incorporarlo al presupuesto el gobierno lo financia con los aportes de las y los trabajadores a la ANSES. Asimismo el gobierno ha eliminado y vaciado otros planes sociales, recortando la asistencia a comedores escolares y populares, y a la juventud de las barriadas. Frente a esta situación reclamamos un subsidio al desocupado igual al costo de la canasta alimentaria; que se reabran las paritarias; por un aumento mínimo del 35%; un salario igual a la canasta familiar para las y los trabajadores del campo y la ciudad; el 82% móvil para las jubilaciones; y que se ponga en marcha un verdadero plan de vivienda popular y obras públicas”.