A 48 horas del referéndum de autodeterminación prohibido por la Justicia española, se respira tensión e incertidumbre entre los 7,5 millones de habitantes de Cataluña. Según un sondeo, poco más de la mitad de la población de la región quiere independizarse, mientras que la otra duda o rechaza participar en esta votación “ilegal”, según calificó Mariano Rajoy. El gobierno reprimió varias protestas estudiantiles a favor de la separación e incrementó el personal policial en las calles.

Esta región noroccidental reclama hace cinco años la posibilidad de celebrar una consulta sobre la independencia, que fue repetidamente rechazada por el gobierno español. En consecuencia, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió concretarla este domingo, por encima de las prohibiciones judiciales.

Las fuerzas policiales no demoraron en actuar. Buena parte del material electoral fue incautado, los departamentos claves en la organización del referéndum quedaron controlados de cerca por la policía, el órgano de supervisión electoral tuvo que ser disuelto y, además, la Justicia ordenó cerrar las sedes de votación.

"Sabemos que el 1 de octubre traerá muchas dificultades, pero también sabemos que ante cada dificultad [habrá] dos soluciones", intentó tranquilizar Puigdemont este jueves 29. Además de la intervención de la policía, el organismo creado para supervisar el sufragio se disolvió cuando sus miembros recibieron multas de 12 000 euros diarios por desobedecer al Tribunal Constitucional.

Por otra parte, una jueza, que investiga al gobierno regional por desobediencia, malversación y prevaricación, ordenó el miércoles 27 a las fuerzas policiales en Cataluña que cierren escuelas, polideportivos e, incluso, centros de salud, que habían sido designados como puntos de votación. Los Mossos d'Esquadra, la fuerza de seguridad catalana, se mostraron reticentes a cumplir esta instrucción y alegaron que es "más previsible el riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar".

El Ministerio del Interior español, a cargo del dispositivo de seguridad frente a la votación, insiste en la necesidad de actuar por parte de los Mossos, que dependen del gobierno regional. De todos modos, también cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, enviados de refuerzo.

"La consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar en ningún caso", dijo el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, respecto del referéndum por la independencia de Cataluña que las autoridades regionales convocaron para el 1 de octubre.

En respuesta, estibadores, bomberos, campesinos, abogados, sindicatos y estudiantes realizaron protestas para denunciar la presunta represión del gobierno español, que también recibió una advertencia de dos expertos de Naciones Unidas, que les recordaron la necesidad de "garantizar el respeto a derechos fundamentales". 

Por el jueves 28, unos 16 000 estudiantes marcharon por el centro de Barcelona para defender el referéndum. Varios sindicatos estudiantiles planean por estas horas la ocupación de los colegios electorales para evitar el precinto policial.

Región dividida

Según la última encuesta del gobierno de Cataluña de julio, un 41,1 % de los consultados se inclinó por la separación contra un 49,4 % en contra que, en estos momentos, duda o rechaza participar en esta votación ilegal, poco transparente y sin apenas campaña electoral. 

No obstante, el firme despliegue de Madrid contra la votación parece haber movilizado algunos votantes. Es que de acuerdo a un sondeo del periódico digital eldiario.es, la participación del domingo será del 63,3 % contra el 52,9 % pronosticado dos semanas atrás.

Claves para entender el referéndum en Cataluña

• ¿Por qué muchos catalanes quieren independizarse? Además de motivos de identidad nacional, afirman que son la región más rica de España y que transfieren excesivos recursos a Madrid.
• ¿Por qué España impide la consulta? La Constitución de 1978 dice que España es indivisible. Además, el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión de la consulta.
• ¿Podrá la consulta evaluar el real apoyo a la independencia? La estrategia del gobierno central fue desmantelar la logística de la votación, requisando urnas, papeletas y precintando centros de votación para forzar una consulta clandestina en la que será difícil medir el respaldo.
• ¿Y qué sucederá si, según el gobierno catalán, triunfa el sí en el referéndum? El gobierno local adelantó que 48 horas después de una victoria del sí, el Parlamento declarará la independencia. El proceso prevé la redacción de una nueva Constitución y de las estructuras de un Estado independiente, como un tesoro público, Banco Central y un ejército.
• ¿Cómo reaccionará el gobierno español a la eventual separación? Dado que Madrid considera ilegal la votación, actuará rápidamente para evitar que el gobierno catalán ponga en marcha este proceso. El último recurso sería aplicar el artículo 155 de la Constitución, que otorga a Madrid el poder de suspender la autoridad del gobierno regional.
• ¿Y cuál sería entonces el desenlace final? Analistas internacionales creen que la única salida pacífica sería que luego de esta prueba de fuerzas del domingo, el gobierno central y el catalán restablezcan el diálogo, y Cataluña pueda obtener un mejor trato fiscal y mayor gasto en infraestructura para la región.