La conmemoración se realizará en la Plaza Embajada de Israel, donde antes estuvo emplazada la sede diplomática, y comenzará a las 14.47, hora exacta en la que se produjo el atentado, con el habitual sonido de la sirena que todos los años recuerda el estallido. En el atentado perpetrado el martes 17 de marzo de 1992 fallecieron 22 personas y otras 350 resultaron heridas, según la investigación de la Corte Suprema de Justicia que se hizo cargo de la causa por tratarse de un atentado contra una delegación extranjera.

El 24 de marzo de aquel año, el máximo tribunal judicial abrió el expediente 143/1992, en el que se reflejaron durante estos 24 años los resultados de una investigación que tuvo grandes períodos de parálisis y por la cual no hay ninguna persona detenida.

El principal contrapunto alrededor de esa investigación, que se sustenta en buena parte gracias a aportes de los servicios de inteligencia locales como de los de Estados Unidos e Israel, entre otros, es que para los investigadores de la Corte en el atentado no habría intervenido una "conexión local", mientras que para los familiares de las víctimas, y únicos querellantes, sí hubo tal conexión. Lejos quedó –sobre todo desde el plano judicial– aquella declaración del entonces presidente Carlos Menem, que el mismo día del atentado conjeturó: "Los responsables son sectores del nazismo y sectores que fueron derrotados en el país", con referencia a los carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.

En los primeros años, la investigación estuvo a cargo del entonces ministro de la Corte menemista Ricardo Levene (h), quien llegó a desarrollar la teoría de que la explosión se había desarrollado en el interior del edificio, algo que finalmente fue desechado cuando se impuso la versión de que una camioneta cargada de explosivos fue estrellada contra la sede de la Embajada. Levene murió en el 2000 y la causa –sin detenidos ni pistas firmes– pasó a manos del secretario penal de la Corte, Esteban Canevari, que por entonces dio un paso elemental que hasta ese momento no había sido dado: contó la cantidad de muertos que había dejado el atentado y determinó que fueron 22 y no 29, número del que se hablaba hasta ese momento.

El número de víctimas fatales fue confirmado una vez más por la Corte Suprema en la resolución del 23 de diciembre de 1999, "que tuvo por probado que el hecho fue causado por la explosión de una carga de pentrita y trinitrotolueno que había sido acondicionada en la parte posterior derecha del interior de una camioneta Ford F-100", según recordó Canevari el año pasado en un texto que escribió con el fin de explicar qué había querido decir el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, cuando habló de "cosa juzgada" en esta causa. La camioneta –según la investigación judicial– había estado detenida en el estacionamiento que la firma Dakota S.A. regenteaba en Cerrito entre Juncal y Arroyo, calle por la que circuló hasta el edificio ubicado al 916 –donde se hallaba la representación diplomática israelí– y ascendió a la vereda con sus dos ruedas derechas.

En la resolución de 1999, la Corte también atribuyó el atentado a la Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah, para lo cual tuvo en cuenta distintos cables de la Embajada Argentina en el Líbano de febrero de 1992, referidos a las repercusiones de la muerte violenta de Abbas Musawi, secretario del Hezbollah, su esposa y un hijo de ambos. "Asimismo se valoró que la propia agrupación se había atribuido la responsabilidad en el hecho al día siguiente de ocurrido mediante la publicación de una solicitada en el diario An Nahar de Beirut, El Líbano", recordó Canevari en su texto.

En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay declaró la causa como "imprescriptible". "Nosotros queríamos que se considere el atentado como un delito de lesa humanidad, pero quedamos conformes con un fallo que ordenó que la investigación siguiera", dijo el año pasado la abogada Rita Janá, representante de la querella de los familiares junto al letrado Ignacio Irurzun.

En octubre de 2015, la Corte solicitó la captura internacional de Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman y reiteró el pedido correspondiente a José Salman El Reda, a quienes vinculó con el atentado contra la sede diplomática. "Desde el año 2005, esta Corte investiga a Suleiman como agente operativo de la organización terrorista Hezbollah e integrante de la agrupación Jihad Islámica. El nombrado habría ingresado en la República Argentina a principios de 1992 los explosivos que fueron utilizados en el atentado a la sede diplomática israelí", informó el tribunal en un comunicado en el que dio cuenta de los pedidos de captura. "Recién en septiembre de 2015 la embajada de Israel en Buenos Aires, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, confirmó la información antes detallada, en virtud de lo cual se ordenó la captura internacional del nombrado", destacó la Corte.

Télam pudo saber que la información que manejaba la Corte –y luego fue confirmada por la Embajada de Israel en Argentina– había sido aportada por la ex-SIDE. Esta información indicaba que Suleiman había sido apresado en Jordania, donde habría confesado haber colaborado con la preparación del ataque, dato sobre el cual aún no se conocen pruebas documentales.

El expediente por la voladura de la Embajada, en la que el Estado de Israel no figura como querellante, acumula 250 cuerpos, mientras las víctimas siguen esperando Justicia.