Diversidades en las escuelas: la inclusión avanza en Mendoza, pero con resistencias

Sociedad

La especialista de FUSA, organización dedicada a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, Daniela Giacomazzo, explicó que "toda educación es sexual, pero existen diferentes tradiciones o paradigmas que coexisten en tensión". "Por un lado, está el paradigma moralista que se propone atrasar el inicio de las relaciones sexuales, que concibe un solo modelo de familia, promueve la abstención y tiene una visión amenazante de la sexualidad. Luego está el modelo biomédico, basado en la genitalidad, que solo habla de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y los embarazos adolescentes, con un acercamiento a la sexualidad como una práctica con efectos no deseados", comentó.

En cambio, la Ley de ESI se inscribe en el "enfoque integral" que implica pensar la sexualidad "desde la perspectiva de derechos, crítica y con involucramiento de la comunidad educativa", que además "fomenta la igualdad de género, el respeto a la diversidad, el diálogo intergeneracional y un acercamiento positivo a la sexualidad como disfrute", aseguró Giacomazzo.

El "antes" de la Ley

"Antes, la educación sexual no era obligatoria y estaba ligada a contenidos curriculares específicos, como biología y el cuidado de la salud", dijo Adamoli. La presidenta de la Asociación Argentina de Educadores Sexuales (AAED), Marta Cerutti, explicó que, por entonces, las charlas y talleres eran "a demanda", y se organizaban cada vez que "una escuela llamaba porque había una chica embarazada o porque necesitaban hablar de VIH", lo que dejaba la iniciativa en manos de docentes y la educación sexual reducida a "la prevención de situaciones no buscadas".

La especialista remarcó que, antes de la ESI, no existía un marco regulatorio específico, sino normas generales –como la Ley Antidiscriminatoria o la de Protección Integral a los derechos de niñas, niños y adolescentes– o leyes muy puntuales, como la que prohíbe a los establecimientos educativos obstaculizar la cursada de alumnas embarazadas y la que creó el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Cerutti recordó que "fue muy difícil" el proceso que concluyó con la aprobación de la ESI casi por unanimidad, "porque en la elaboración del proyecto participaron tanto organizaciones de la sociedad civil que trabajaban la temática como la Iglesia y algunos políticos que se oponían a todo cambio".

Foto: Télam

Resistencias

Las resistencias no se diluyeron con su aprobación sino que persisten contra su plena implementación, como lo demuestra una encuesta de percepción realizada por FUSA a unos 400 adolescentes y jóvenes todo el país, según la cual el 54 % recibió educación sexual pero de manera parcial, y el 21 % no recibió ningún tipo de instrucción al respecto.

Para monitorear el cumplimiento de la ESI, el Ministerio de Educación conformó este año el Observatorio Federal ESI (Ofesi), integrado por representantes de los ministerios provinciales, organismos estatales, legisladores, organizaciones docentes, estudiantiles y de la sociedad civil, universidades y agencias ONU.

"Hay resistencias intraescolares –falta de formación docente, un ideario institucional conservador o temores familiares por desinformación–, pero también resistencias a nivel social al empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes por la persistencia de lógicas machistas, paternalistas y adultocéntricas", dijo Giacomazzo. Por otro lado, está la resistencia organizada, como la que representa el movimiento internacional Con Mis Hijos no te Metas, que "se opone dentro de una lógica conservadora a la enseñanza de la ESI" y para ello apela incluso a fake news.

Pero así como hay una resistencia organizada a la ESI que se hizo evidente durante el debate el aborto legal, la plena implementación de esta ley es –en cambio– una de las consignas de la marea verde ("Educación sexual para decidir…") y también del movimiento estudiantil que reiteradamente incorporó este reclamo como una de sus demandas. En paralelo, en 2018 ganó espacio en la agenda pública la necesidad de reforma de la ESI, que se plasmó en diferentes proyectos de ley, algunos promocionados como alternativos y no complementarios de la IVE. En general, planteaban la eliminación del artículo 5.°, que habla del "ideario institucional", pero también que la ley fuera declarada de orden público e incluir en su letra normas posteriores, como la de Parto Respetado, Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Antitrata, Cupo Trans y otras.

"Es perfectible y necesita 'aggiornarse', pero es una muy buena ley que marcó un vuelco de 180 grados y un puntapié para seguir trabajando derechos", dijo Cerutti.

En ese sentido, destacó que "introdujo temas que no estaban contemplados en las currículas", como el derecho de los adolescentes a ir solos a una consulta sobre salud sexual a partir de los 13 años o a decidir sobre sus propios cuerpos, lo que "mejoró la relación de las y los adolescentes con el sistema de salud, e incrementó las consultas", pero también permitió prevenir e identificar situaciones de abuso. De hecho, en 2020, un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires dio cuenta de que entre el 70 y el 80 % de las niñas, niños y adolescentes que llegaron allí por hechos de abuso sexual pudieron denunciarlos gracias a las clases de ESI.

"Me gusta pensar la ESI como un lente que te permite mirar el mundo de otro modo, lo que implica una responsabilidad muy grande de la escuela que, como integrante del sistema integral de protección de derechos, tiene que tener los elementos para poder acompañar estos procesos", concluyó Adamoli.

Fuente: Télam