Un nuevo 8 de marzo en el que asistimos a una realidad completamente diferente a la que atravesábamos un año atrás. La pandemia cobró un indeseado protagonismo que hoy, nos obliga a analizar sus efectos con una mirada atenta en aquellas personas que más los sintieron.

Es innegable que la Covid-19 incrementó las desigualdades que afectan a mujeres y LGBTI+. Como nunca, quedó al descubierto el lugar que ocupamos las mujeres en la economía y nuestro rol en el desarrollo productivo. La pandemia de la Covid-19 generó, según un informe reciente de la CEPAL, un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región.

También se puso de manifiesto nuestra presencia indispensable en las actividades esenciales, los cuidados, la docencia y los servicios de salud. Sin embargo, también quedó claro que en aquellas actividades más afectadas, como el comercio, la gastronomía, el turismo y la hotelería somos las mujeres y LGBTI+ las más golpeadas, porque es allí donde nos encontramos sobrerrepresentadas.

La pandemia puso de relieve que todas las redes de cuidado que diariamente sostienen la organización familiar, social y comunitaria son gestionadas por las familias y, dentro de ellas, por las mujeres. La suspensión de las jornadas escolares presenciales, la imposibilidad de tercerizar los servicios de cuidado ni contar con familiares para afrontarlos provocó una sobrecarga aún mayor que la histórica en las mujeres que debieron hacer malabares para conciliar sus obligaciones laborales con la dinámica familiar.

La contracara de la profundización de las desigualdades es, sin dudas, el aumento de las violencias por motivos de género. Las implicancias económicas que la pandemia tiene en la situación de mujeres y LGBTI+ tienen como efecto directo más violencias, más femicidios, travesticidios y transfemicidios. Las desigualdades son el motor de las violencias y su condición de posibilidad.
Durante la pandemia las violencias por motivos de género se incrementaron. Esto se vincula directamente con el confinamiento preventivo y obligatorio en los hogares, seguros para la prevención del virus pero extremadamente peligrosos para las mujeres que conviven con sus agresores.

Estamos convencidas de que este complejo escenario hubiera tenido consecuencias aún más penosas si no hubiera estado atravesado por un Estado presente y cercano que procuró, desde el primer día, poner la salud de cada argentinx en el centro y disponer de todas las herramientas con las que cuenta a disposición del ejercicio de derechos de todas, todes y todos.

En este sentido, además de las medidas sanitarias, se tomaron decisiones económicas fundamentales para palear los efectos de la crisis, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios para beneficiarixs de AUH, el programa de Recuperación Productiva (REPRO), entre otros.

También se tomaron medidas para garantizar la seguridad y la protección integral de mujeres y LGBTI+. Durante la pandemia se puso en marcha el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que dispone más de 100 medidas para garantizar la asistencia integral de las personas en situación de violencia de género junto a más de 30 organismos del Estado Nacional; entre ellas, se destaca el Programa Acompañar que, por primera vez en nuestro país, promueve de manera efectiva la autonomía económica de las mujeres a través de un apoyo económico para aquellas personas que atraviesan estas situaciones.

Frente a este cuadro de situación, desafiante y en muchos casos incierto, representamos un Estado que se hace cargo y no mira para el costado. Un Estado que no se resigna ni naturaliza las violencias. Por esta razón, el Presidente de la Nación en su discurso de apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo hizo una clara convocatoria a que las políticas para reducir las violencias por motivos de género en nuestro país sean, por primera vez, políticas de Estado.

Esto significa que las iniciativas para poner fin a las violencias no dependan de la decisión política del gobierno de turno y, además, que todos los Poderes del Estado, de todos los niveles, nacional, provinciales y municipales, prioricen estas agendas y trabajen de manera coordinada para hacerles frente.

Somos un gobierno que está convencido de que una vida libre de violencias por motivos de género no constituye una utopía. La fuerza de la lucha colectiva, el tendido de redes y la voluntad política puesta al servicio de los derechos fundamentales de las mujeres y LGBTI+ nos llevan, sin dudas, por el camino que elegimos para vivir en una Argentina más justa, más igualitaria y libre de violencias.