El 22 de abril de 1985, la sociedad argentina dio su primer paso hacia la verdad, la memoria y la justicia. El Juicio a las Juntas Militares reveló los crímenes y violaciones a los derechos humanos y puso en evidencia el aparato represivo del Estado durante la última dictadura cívico-militar. Nadie pudo volver a cuestionar la etapa más oscura y escalofriante de la historia de nuestro país.

El retorno a la democracia esperanzó a la ciudadanía con el enjuiciamiento y el castigo de los delitos cometidos por el Estado entre los años 1976 y 1983. Apenas tres días después de asumir, el presidente Raúl Alfonsín decretó el juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el gobierno el 24 de marzo de 1976.

Para la tarea, el reciente jefe de Estado creó un grupo conformado por personalidades destacadas y respetadas del país, de diversas áreas de conocimiento, como la cultura, la religión, la política y la ciencia: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Las investigaciones demandaron 280 días de trabajo, para destapar los testimonios, las caras y los sitios del horror en cada rincón de la Argentina.

La demora y el nulo compromiso de las Fuerzas Armadas por el progreso de los juicios frenaron la avanzada contra los militares. Es que en aquel momento, debido a las leyes vigentes, los militares sólo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito. Para dilatar el proceso, el 13 de febrero de 1984, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.º 23049 de reforma del Código de Justicia Militar para que la justicia civil se hiciera cargo de los delitos de lesa humanidad.
 

El juicio de la verdad

Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación fue escenario de las declaraciones de 833 personas, que rompieron el silencio de la historia para siempre. Durante 530 horas, exdetenidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad expusieron cada detalle de las situaciones que atravesaron durante la dictadura.

La extensa nómina de acusados incluyó a los líderes de las tres juntas militares que dirigieron al país durante el que denominaron Proceso de Reorganización Militar. En septiembre, la Fiscalía finalmente acusó a los procesados de homicidio, secuestro, tortura, robo, allanamiento ilegal y falsedad documental, en el marco de la ejecución de un plan sistemático concebido por la más alta jerarquía militar.

No alcanzó la defensa de los jefes militares y una declaración que hablaba de una guerra, de crímenes que, según sus alegatos, fueron hechos inevitables en el contexto de cualquier situación bélica. Finalmente, a partir de 709 casos presentados durante el juicio, el tribunal integrado por los jueces León Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz y Andrés D´Alessio dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985.

Jorge Rafael Videla (jefe del Ejército entre 1976 y 1978) y Emilio Eduardo Massera (jefe de la Armada entre 1976 y 1978) fueron condenados a reclusión perpetua. En tanto, Orlando Ramón Agosti (jefe de la Fuerza Aérea entre 1976 y 1978) recibió cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola (jefe del Ejército entre 1978 y 1979), 17 años de prisión; y Armando Lambruschini (jefe de la Armada entre 1978 y 1981) terminó con una pena de ocho años de encierro.

Pero otros comandantes que actuaron en la dictadura fueron absueltos: Omar Rubens Graffigna (jefe de la Armada entre 1978 y 1981), Leopoldo Galtieri (jefe del Ejército entre 1979 y 1982), Jorge Anaya (jefe de la Armada entre 1981 y 1982) y Basilio Lami Dozo (jefe de la Fuerza Aérea entre 1979 y 1982).

Las palabras del fiscal Julio César Strassera inmortalizarían la insignia de la nueva democracia de la Argentina. Al grito de “Nunca más”, nuestro país venció la amnesia de la etapa más escalofriante de la historia reciente. Nunca más el silencio quedaría impune.