El pasado 10 de diciembre se presentó en la Legislatura el Informe anual de Xumek, la Asociación por la Promoción y Protección de los Derechos Humanos que desde hace más de seis años viene brindando orientación y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como también trabaja en la formación de jóvenes profesionales y estudiantes en función de un esfuerzo de compromiso y militancia para la renovación de la justicia y la mejora del Estado.

El resumen de la situación de los derechos humanos año a año suele ser fuente de consulta sobre qué es lo que ocurrió en la provincia; esta es la primera vez que el Informe se edita en forma de libro y cuenta con una Declaración de Interés Legislativo, reconocimiento que fue propiciado por el diputado Néstor Piedrafita. La presentación del volumen advierte que la descripción de los avances y retrocesos que se han producido en Mendoza en materia de Derechos Humanos en los años 2011 y 2012 fue por momentos una tarea dolorosa aunque, al mismo tiempo, puede ser vista como una oportunidad para multiplicar el compromiso y la militancia entre quienes esperan que las instituciones de derecho actúen para que se respeten las garantías consagradas en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales en ella incluidos.

Este año, la crónica repara en una serie de hechos lamentables, y lo llamativo es que unos días después, éstos seguían produciéndose. El pasado 21 de diciembre hubo razzias en el llamado “campo Papa”, un barrio de Godoy Cruz de viviendas precarias. Allí se realizaron 24 allanamientos, en los que participaron más de 100 efectivos de la fuerza.  En el procedimiento, el Ministro de Seguridad Carlos Aranda exhibió ante las cámaras de televisión el éxito de esta modalidad represiva entre los más vulnerables. Señaló el ministerio que se confiscó marihuana y se detuvo a 13 jóvenes, todos por simples sospechas, ya que según el mismo comunicado oficial sólo “uno de ellos estaba sindicado como autor de un homicidio”.

Más grave aún fue lo que ocurrió luego, el 28 de diciembre: un enfrentamiento de la policía con habitantes del asentamiento Escorihuela llevó a que se lanzaran gases lacrimógenos y se les pegara a las mujeres y niños sin distinción. Por esta acción, uno de los funcionarios del área de Derechos Humanos de la provincia hizo público un breve comunicado de repudio, prometiendo acompañar las denuncias contra los uniformados que cometieron abusos en el uso de la fuerza.

De acuerdo al Informe, todo el año hemos asistido a una conjunción de oportunismo político y mayor represión, dos aspectos inescindibles de la demagogia punitiva. El puntapié inicial fue el aprovechamiento de la situación de crisis que generó la muerte violenta de Matías Quiroga: fue entonces cuando “el grupo político que representa los intereses más mezquinos de la sociedad hizo su aparición triunfal para embanderarse en la implementación de más “mano dura”.

“Hacerse cargo del reclamo por mayor seguridad de un modo responsable significa otorgarle la real dimensión que tiene este tema que involucra tres problemas básicos: de la relación entre ciudadanos, entre éstos y las instituciones, y las instituciones entre sí. Lamentablemente en el debate político y en los medios de comunicación se describe en forma simplificada y restringida, como una lucha constante entre 'mano dura' y 'garantismo'", sostiene el Informe tras enfatizar que “no podemos pensar la seguridad en forma aislada, separada de las políticas económicas y sociales”.

Sobre este punto, el balance señala que “tras otros crímenes violentos ocurridos luego del de Matías Quiroga, hubo reacción de parte de la población, se organizaron masivas marchas en reclamo de justicia y seguridad; y junto con ello, o entendiendo que mayor seguridad implica: más presencia policial, más poder para la policía, más cárceles y 'el fin de los derechos humanos'”.

 

En tono preocupante, Xumek advierte sobre “la violencia con la que ciertos sectores de la sociedad reaccionan contra el desarrollo de políticas inclusivas y de promoción de los Derechos Humanos” y argumenta que “nada ilustra mejor la debilidad del sistema político, que la demagogia punitiva desatada por los discursos represivos, acompañado por un sector de la sociedad que pide a gritos pena de muerte y pretende responsabilizar a organismos de derechos humanos por la falta de prevención del delito”.

Es importante aclarar que el Informe en cuestión recuerda que el hecho de que una persona sea víctima de un delito no la hace especialista en seguridad, y que las políticas públicas son tarea del Estado: “Esto no pretende invalidar el dolor de las personas ante estas injustas muertes, sino evitar que el impacto social de estos hechos lleve a que se tomen medidas improvisadas para controlar el pánico social y calmar la opinión pública”.

Ahondando en el tema, los especialistas argumentan que “basta repasar en nuestra historia para encontrar ciertos referentes, cooptadores sociales que en nombre de la 'justicia' y apoyados por algunos sectores políticos en busca de votos reclamaron más control social y, si hubiese sido posible, el encarcelamiento de niños pobres desde los 14 años…Ninguna de aquellas reformas pudo mostrar buenos resultados; todo lo contrario, han significado grandes fracasos institucionales, reproduciendo la violencia, aumentando la inseguridad y lo que es más importante, no lograron impedir las muertes de nuevas personas”.

Es indudable, se sostiene, que esto responde a “las dificultades de los gobiernos que se han sucedido a lo largo de los años para gestionar en un sentido democrático los conflictos sociales que giran en torno a las cuestiones de seguridad. En una provincia que, según afirman fuentes periodísticas, está 'cercada por el delito', donde hasta julio de 2012 se denunciaron 53 homicidios y 20.000 robos y según las estadísticas de la Procuración General mendocina, entre 2009 y julio de 2012, en la provincia fueron asesinadas 441 personas, necesariamente tenemos que reflexionar, preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser y en virtud de ello re-definir nuestras políticas de seguridad pública”, concluye el documento.

En esta línea, el Informe cuestiona la Ley Petri por ser una ley regresiva en materia de ejecución de la pena y que anula la posibilidad de comprender que la solución a la inseguridad está lejos si tiene como eje conductor el avasallamiento de las garantías constitucionales. Además, hace otros señalamientos críticos, como los problemas que tienen que afrontar aquellos que han sido víctimas de un delito para obtener una debida respuesta de parte de la organización de Justicia. “Esto demuestra la carencia de recursos financieros y de recursos humanos, entre cuyas consecuencias están las reiteradas esperas que sufren los denunciantes. Para entender el problema es importante destacar que las Oficinas Fiscales, con sede en las Comisarías, del Gran Mendoza continúan casi con la misma cantidad de personal desde el 2008 sin que se haya tomado en cuenta, al menos, el aumento poblacional operado hasta hoy".

 

Un diagnóstico para las cárceles

La situación en las cárceles de Mendoza sigue nutriéndose de violencia, humillación y maltrato, ingredientes que forman parte de las prácticas sistemáticas y generalizadas dentro de los establecimientos penales. Según el informe de Xumek, se encuentra en construcción desde mediados del 2011, junto al primer penal que se levantó en Campo Cacheuta, un nuevo centro que podrá alojar a un 10 por ciento de la población penal que tiene causas o ha sido condenada por la Justicia Federal de todo Cuyo, y que permitirá descomprimir los penales de Mendoza.

Esta ampliación permitirá contar con 536 plazas nuevas y será un hábitat que seguirá el principio de inclusión, es decir, un espacio en el que se implementarían programas de trabajo y capacitación, talleres recreativos y culturales. Igualmente, en relación a las condiciones de los establecimientos, en septiembre se concluyó el reacondicionamiento de dos pabellones de la cárcel de Boulogne Sur Mer y unos 80 internos fueron reubicados.

El punto es que diversos hechos ocurridos este año, entre los que se encuentran la Ley Petri, el asesinato del joven Matías Quiroga (supuestamente por un interno con salidas transitorias) y su influencia en los medios locales, el pedido de jury y la licencia psiquiátrica del Juez de Ejecución Penal N° 1, entre otros factores, han tenido grandes repercusiones dentro de las cárceles, principalmente, el crecimiento de la población dentro de establecimientos donde ya se encontraban albergadas el doble de personas de las que permitía su capacidad.

Este fenómeno ha implicado que ingresen cada vez más personas de las que están saliendo. Por ejemplo, en la cárcel de mujeres “El borbollón” se encuentran alojadas 100 internas y 10 niños, por primera vez desde su creación. Lo mismo ocurre con personas que se encuentran en el complejo Almafuerte, cuyas penas no ameritan el alojamiento en un penal de máxima seguridad como ese. En consecuencia, se encuentran en condiciones de mayor encierro al requerido y en la mayoría de los casos sin posibilidad de visita de sus familiares por la ubicación de esta cárcel.

Sólo con la información brindada por fuentes periodísticas, el Informe releve casos resonantes: el 10 de noviembre de 2011, un interno de la penitenciaría Almafuerte, de nombre Carlos Soria Villegas, fue ultimado en una emboscada. Seis días más tarde, murió ahorcado en su celda Gastón Morales Ortiz, de 25 años, que se alojaba también en Almafuerte y a quien le faltaban menos de dos meses para cumplir su pena. El 30 de noviembre –15 días después del último hecho– se ahorcó Andrés Osvaldo Persia Chierello, de 26 años, interno de la cárcel Boulogne Sur Mer. El 2 de diciembre del mismo año, en la cárcel de Boulogne Sur Mer asesinaron a Alejandro Héctor Verarde Iraola mientras realizaba tareas de limpieza; habría sido atacado por ocho internos, quienes además hirieron al compañero de Alejandro.

En este año también se produjo el caso de Matías Tello Sánchez, un joven de 21 años que se encontraba detenido en el Penal Almafuerte. Murió el domingo 4 de noviembre, luego de permanecer durante cinco días en el Hospital Central, en terapia intensiva y con respirador artificial al presentar traumatismo de cráneo y coágulos en la cabeza.La versión de los internos asegura que hay testigos que vieron "cómo le pegaban", además de haberlo visto "tirado y desnudo en la entrada del módulo", hasta que fue llevado al Hospital Central el jueves cerca del mediodía. Antes de conocer este desenlace, el padre del joven había presentado una denuncia penal y se constituyó en querellante particular, con la sospecha "de torturas, mala praxis del médico y abandono de persona". En dicha denuncia se hace referencia a que Matías había sido trasladado reiteradas veces debido a la presentación de diversos hábeas corpus, en los que se denunciaron "las condiciones de detención, los tratos inhumanos y degradantes a los que ha sido sometido".

Según contó su progenitor, el lunes 29 de octubre su hijo estaba "desganado, sin apetito y triste". Un día después se descompuso y lo llevaron a la enfermería para atenderlo. Más tarde lo trajeron y lo dejaron en un "cruce" (una especie de retén y donde, curiosamente, el lugar no es tomado por las cámaras de seguridad) para finalmente encerrarlo casi desnudo y al cuidado de su primo. Varias horas después, y ante el reclamo de los internos de ese módulo, el joven fue llevado a la enfermería. Tello Sánchez había presentado el martes 30 de octubre un hábeas corpus pidiendo ser atendido ante un dolor de cabeza acompañado de vómitos, pero dicho trámite nunca llegó a la oficina de Judiciales. Aquí resulta fundamental mencionar, con el fin de dar a comprender a cabalidad el nefasto accionar del sistema penitenciario, del personal penitenciario y de la justicia en este punto, que Matías Tello Sánchez había sido acusado por los vigiladores como uno de los que entregó los videos donde se muestra al personal penitenciario del Complejo San Felipe golpeando y torturando a presos.

De acuerdo a Xumek, uno de los problemas más graves en Mendoza es la falta de políticas integrales orientadas a la rehabilitación individual y a la reinserción social de los internos e internas y, aún más grave, la falta de acceso real por parte de los mismos a las pocas oportunidades de estudio, trabajo y capacitación técnica. Sólo en octubre de este año se presentaron en Tribunales Provinciales 111 escritos de internos de Almafuerte reclamando por sus derechos de salud, educación y trabajo.

Desde junio de 2011 a lo que va del presente año se produjeron tres importantes motines en los Penales de Mendoza. El primero de ellos tuvo lugar en el complejo de Almafuerte, en el cual participaron 10 internos reclamando el respeto a sus derechos contemplados en la ley y en diferentes Tratados Internacionales, un trato digno hacia sus familias y el posterior traslado a San Felipe por temor a las represalias del personal penitenciario. En el petitorio, dado a conocer por la prensa local, los reclusos expresaron: "Queremos que si todas estas peticiones no son solucionadas a la brevedad solicitamos la ‘pena de muerte’, antes de vivir este padecimiento que nos mata día a día”.

En diciembre de 2011 se realiza un segundo motín, esta vez en el complejo penitenciario de San Felipe, el cual finalizó el mismo día. Según el personal penitenciario, los amotinados “reclamaron mejor atención médica, recreación y que se aceleren los beneficios de la pena". Asimismo, el 4 de diciembre de 2011 se desata una revuelta en Boulogne Sur Mer. Al día siguiente, los medios locales publicaron que “Lucas Martín Hermaná Sosa, interno de Almafuerte, teme por su vida por las amenazas recibida por penitenciarios”.

En julio de este año tuvo lugar el tercer motín, en el cual más de 50 internos del complejo San Felipe tomaron como rehén a un penitenciario, para reclamar el asesoramiento de abogados de Derechos Humanos y algunos beneficios carcelarios, como ampliar el horario de visitas. “Los amotinados finalmente depusieron su actitud, sin conseguir que se accedieran a sus demandas”, según informó el Ministerio de Gobierno provincial. Además de estos hechos, el 19 de julio del presente año tres internos se treparon a una de las torres de iluminación del Penal de Cacheuta para reclamar que los trasladaran a otra prisión. Según manifestaron, sus condenas no se condecían con la máxima seguridad de Almafuerte, y cuestionaban la rigurosidad del encierro.

A pesar de que autoridades del Sistema Penitenciario sostuvieron que las revueltas y motines en los penales de Mendoza se han dado por factores que son exógenos a la cárcel y que están vinculados con grandes convivencias delictuales, los reclamos y declaraciones de los internos de las cárceles de nuestra provincia son el reflejo –y la consecuencia- de deficiencias estructurales en el sistema penitenciario. Aquí entra en juego la responsabilidad que le cabe al Estado por no brindar ninguna posibilidad de que la violencia, los malos tratos y la vulneración de derechos no formen parte de una realidad diaria para estas personas.

“Hacer frente a estas falencias es el primer paso de toda política pública para que se cumplan las finalidades de la pena. Si el Estado no garantiza condiciones mínimas en las que se respeten los derechos fundamentales y no se destinan los recursos suficientes, no tendría ningún sentido que nuestro ordenamiento jurídico y los discursos políticos se refieran a la reinserción social de los internos; pues hoy nuestras cárceles son espacios de depósito de personas, de resentimiento y exclusión”, sostiene el Informe.

 Crónica de la violencia institucional

Enero: Un incendio en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil dejó como saldo dos chicos gravemente heridos. Uno de ellos fallece en el hospital. Según Diario El Sol: “Familiares de los jóvenes sospechan que lo ocurrido haya sido intencional, ya que habían denunciado a tres miembros del personal del ex Cose por los malos tratos que reciben tanto adolescentes alojados en la institución como familiares. Son tres personas que tratan muy mal a los chicos y a nosotros cuando los vamos a visitar, ayer fui a quejarme y a la noche pasó esto", indicó la mujer, quien agregó que sus sospechas se acrecientan ya que "justo los dos estaban solos en esa habitación", dijo la madre del chico que sobrevivió.

Mayo: Franco Díaz, adolescente que se encontraba en una fiesta junto a varios jóvenes en una casa del barrio Palumbo, de Godoy Cruz recibió un disparo que lo mató. El disparo fue realizado por un grupo de policías que llegaron al lugar luego de que los vecinos llamaran quejándose por los ruidos molestos. Los agentes que llegaron al lugar dijeron que fueron recibidos con piedrazos. Reprimieron a los adolescentes, que salieron corriendo. Franco Díaz recibió el balazo y murió camino al hospital.

Un policía de la Policía Científica baleó a un sujeto que supuestamente habría intentado asaltarlo con un palo en el Corredor del Oeste. El efectivo fue imputado por "exceso de legítima defensa". José Miguel Flores, de 24 años, fue asesinado. Aparentemente el policía llevaba su arma cargada con "bala en boca", condición no recomendada y antirreglamentaria para los integrantes de la fuerza policial.

Agosto: En Guaymallén, un policía vestido de civil salió a perseguir a dos jóvenes que robaron 700 pesos y una billetera en una pizzería. Aunque la versión oficial (que le valió la libertad) es que al dar la voz de alto los jóvenes le dispararon, y por ende, “repelió la agresión”, Marcos Arias, de 20 años, murió con disparos por la espalda. El otro chico, de 14 años, fue encontrado escondido en el techo de una casa cercana. Él fue detenido.

En Las Heras, Maximiliano Ríos, de 16 años, fue asesinado por la policía durante un operativo en su casa. Según lo manifestado por Sandra Agüero, la mamá de Maximiliano: “Estábamos durmiendo a las 6.30 cuando los del GES –Grupo Especial de Seguridad-, me tiraron la puerta abajo. Dispararon dos veces, me golpearon a mí, lo tiraron al suelo a mi marido y fueron a la pieza donde estaban los niños. Lo apuntaron desde la cama y le dispararon”.

Setiembre: Diez efectivos policiales ingresaron a un domicilio de Maipú y detuvieron a los hermanos Diego Barrionuevo, Luis Miguel Barrionuevo y Jesús Barrionuevo, este último menor de edad, quienes fueron ferozmente torturados en la Comisaria 49 de Rodeo del Medio. Según los hechos descriptos en la constitución de querellante, fueron puestos de rodillas con esposas frente a una pared en el patio, luego tomaron al menor Jesús y comenzaron a golpearlo fuertemente, diciéndole: “Decí que vos fuiste el del robo y devolvé las cosas y no te seguimos pegando”. Luego le pusieron gas pimienta en el piso y le obligaban a hacer flexiones con uno de los funcionarios sobre él. Asimismo, colocaron gas pimienta en una bolsa de nylon blanca y se la pusieron en la cabeza durante largos períodos con intenciones de asfixiarlo, mientras le seguían golpeando en todo su cuerpo.

Octubre: Un episodio en el SRPJ termina con la intervención de la policía reprimiendo a los operadores que tomaron represalias contra los jóvenes del sector de máxima seguridad, hiriendo a varios de ellos. El conflicto había sido desatado por discusiones entre los operadores y los jóvenes, pero había sido resuelto. Luego de resolver el conflicto de inicio los operadores actuaron con violencia contra los jóvenes.

Noviembre: Un efectivo de la Policía Rural mató de dos tiros a un cliente de 22 años en un comercio de Maipú. Sucedió cuando Ezequiel Torres y su novia se encontraban en el comercio y detrás de ellos, entraron dos personas con el aparente propósito de asaltar a la propietaria. Al advertir que iban a robarle, la dueña del mercado comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que fue escuchado por su hijo, el auxiliar Darío Agosti, de 26 años, policía que no se encontraba en servicio. Agosti descendió al local empuñando el arma reglamentaria y comenzó a disparar. Los testimonios posteriores dirían que Ezequiel le dijo que él no era pero que, sin advertencia previa, el policía disparó contra él.