Derecho a la Identidad: todos los derechos
El 9 de mayo de 2012 el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Identidad de Género que desde el año 2007 impulsaron la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

Esta ley, que es la más avanzada del mundo, reconoce el derecho que las personas trans tenemos al reconocimiento de nuestra identidad, y promueve el pleno acceso a todos los derechos, tras décadas de silencio y negación de derechos. A casi dos años de aprobada la ley, más de 4000 mujeres y hombres trans han accedido al derecho a la identidad en todo el país, por medio de un trámite administrativo sencillo y rápido. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que el acceso a un DNI con nuestro nombre y género se transforme en igualdad real de oportunidades en el acceso a la salud, la educación y el trabajo.

Y esa igualdad real debemos construirla con políticas públicas nacionales, provinciales y locales, pensadas junto a nuestra comunidad y en un esfuerzo conjunto.


Es por eso que desde la FALGBT y ATTTA reclamamos: reglamentación de la atención integral de la salud del colectivo trans

El artículo 11 de la ley de Identidad de Género garantiza el “derecho al libre desarrollo personal (...) y, con el fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales”. También establece: “Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”.

Sin embargo, a casi dos años de aprobada, el Ministerio de Salud de la Nación no ha reglamentado este artículo, lo que dificulta su cumplimiento efectivo. Muchas compañeras y compañeros trans no pueden acceder a estos tratamientos en la mayor parte del país, o deben recurrir a reclamos administrativos o judiciales para hacerlos efectivos. Exigimos al Ministro Juan Manzur la urgente reglamentación de la Atención Integral de la salud trans, que es parte fundamental de nuestro derecho a la identidad.


Implementación de programas para el acceso a la educación y la educación sexual integral
Una de las condiciones fundamentales para la igualdad de oportunidades es el acceso igualitario al sistema educativo. Muchas mujeres y hombres trans no han podido completar sus estudios primarios o secundarios, y solo algunas personas pudieron acceder a estudios terciarios o universitarios. Con el fin de promover la vuelta a los estudios del colectivo trans, reclamamos la creación de un programa de becas que implemente incentivos al estudio con acompañamiento profesional para el regreso a la escuela.En materia de Educación Sexual Integral, valoramos los avances de los últimos años en la producción y distribución de materiales por parte del Ministerio de Educación de la Nación, sobre todo en la inclusión de la perspectiva de la diversidad sexual. Sin dudas, sobre esa misma línea es necesario promover más debates y producción de materiales a fin de dar visibilidad a la realidad trans en los ámbitos educativos.


Acceso al empleo y seguridad social

El ámbito laboral es un espacio de socialización fundamental en la vida de cualquier ser humano y, por tanto, el tiempo de trabajo es clave para visibilizar y propiciar tanto la igualdad como la dignidad de las personas trans.

En una sociedad igualitaria y plural, cada una y cada uno debe tener el mismo derecho a ser respetado/a y expresar su identidad de género en su lugar de trabajo. Por ello, es indispensable promover políticas públicas activas para garantizar la capacitación adecuada de mujeres y hombres trans pero, sobre todo, su efectiva inserción en el empleo, tanto en el sector público como privado. Es por ello que saludamos los esfuerzos que se han realizado desde el Ministerio de Trabajo de la Nación con la extensión de la cobertura del Seguro de Empleo y formación a todo el colectivo trans.

Sin embargo, es necesario hacer mucho más. Por ese motivo, promovemos la creación de un Programa Nacional para la inclusión laboral trans, específicamente pensado para nuestro colectivo. Asimismo, seguimos reclamando por la implementación de una Asignación para la Ciudadanía trans que garantice un piso de protección social a aquellas mujeres y hombres trans mayores de 40 años, en función de la expectativa de vida de nuestro colectivo (45 años), sensiblemente menor al de la población general.